El gobierno dio un giro abrupto de 180º en la redacción del capítulo de la Ley Ómnibus vinculado al sector de biocombustibles que se está discutiendo esta semana en el Congreso. La versión inicial del proyecto defendía la liberación total del mercado de bios, que hoy está altamente regulado. En esa dirección, permitía el ingreso de grandes cerealeras (aceiteras y exportadoras) y petroleras al negocio con la intención de abaratar los costos de los carburantes de origen vegetal, uno de los grandes problemas en que incurrió la industria durante los últimos años, dado que muchas veces los precios del biodiesel y del bioetanol terminan siendo más caros que los combustibles fósiles.
Al permitir la integración de la cadena tanto hacia abajo (con petroleras) como hacia arriba (con grandes aceiteras), el espíritu del proyecto original era eficientizar la operatoria de la industria de biocombustibles. Fuentes de La Libertad Avanza llegaron incluso a cuestionar un mes atrás el funcionamiento del complejo azucarero que produce bioetanol en Tucumán —denunciado tanto en el sector privado como en el Estado por su falta de competitividad— y también por la concentración del mercado de biodiesel en pocos grupos económicos, a contramano de lo que estipulaba la Ley 26.093 (de Biocombustibles), que aspiraba a diversificar la producción de bios en pequeñas sociedades diseminadas en distintos puntos del país para apuntalar el crecimiento de economías regionales.
Sin embargo, durante su presentación de este miércoles en la Cámara de Diputados, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez es uno de los principales coordinadores de la Ley Ómnibus, volvió sobre sus pasos y oficializó cambios sustanciales en el capítulo de bios.
Entre los más relevantes figuran: a) se bloquea el ingreso inmediato al negocio de las petroleras—YPF, Raízen, Axion Energy, Puma y productores de crudo que estaban evaluando desembarcar en el negocio—. Recién podrán participar de la producción cuando el corte de bios en naftas y gasoil sea superior al 15%, una meta que recién se espera para los próximos tres años. Y b) se condiciona la participación de las grandes aceiteras —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Noble, entre otras nucleadas en la cámara Carbio— al cumplimiento de determinados requisitos. Allegados a YPF, la petrolera controlada por el Estado, que a su vez es el mayor jugador del mercado de combustibles y tal vez el principal perjudicado por la contramarcha del gobierno, indicaron que aún no analizaron a fondo la última versión del proyecto de Ley, por lo que aún no realizaron gestiones con el Ejecutivo para alinear posiciones entre el Estado y la industria hidrocarburífera.
Una fuente cercana al Ministerio de Economía ensayó una respuesta curiosa para explicar a qué obedecen las modificaciones radicales en el texto de Ley. «En realidad, el capítulo de Biocombustibles que se incluyó en la versión en papel del proyecto de Ley Ómnibus que ingresó al Congreso ya había sido eliminado por la Secretaría de Energía, que lo había reemplazado por otro que no llegó a incluise en el texto que se envió a Diputados».
Transparencia
Allegados a la Secretaría de Energía destacaron, pese a todo, que tal como quedó redactado el proyecto de Ley mejorará de forma significativamente la operatoria del mercado de biocombustibles que se venden en estaciones de servicio mezclados con naftas y gasoil. Destacaron, en ese sentido, que se transparentará el mecanismo para determinar los precios del biodiesel y bioetanol, que dejarán de estar fijados discrecionalmente por funcionarios de la Secretaría de Energía. También se terminará con los cupos de volumen, que definían qué participación del mercado se quedaba cada cada complejo productor.
Una apuesta ambiciosa del gobierno es que se quiere a crear un nuevo mercado de biocombustibles similar al MATER, el mercado a término de energías renovables que funciona entre privados con escasa intervención estatal, o al Mercado Electrónico del Gas (MEGSA), la plataforma que depende de la Bolsa de Comercio porteña que se utilizó en los últimos años para adquirir volúmenes de gas por parte de Cammesa o Enarsa.
- ¿Cómo funcionará el nuevo esquema si el capítulo de biocombustibles de Ley Ómnibus se aprueba en el Congreso?
«La ley actual es la peor que hubo por los incumplimientos en producción que no permitieron cumplir con los cortes establecidos, por eso hay que cambiarla», defendió una fuente oficial. «El proyecto actual establece que el precio de los biocombustibles será libre y dejará de estar regulado por el gobierno. También será libre el volumen. Las ventas se obtendrán de licitaciones: ganará la empresa que ofrezca el precio más bajo, pero bajo ciertas condiciones, para ecualizar la licitación de forma que puedan participar en el caso del biodiesel tanto empresas grandes, integradas, chicas, no integradas. En bioetanol, estamos analizando esquemas de licitación pero hay más variantes que se reglamentarán luego. Las licitaciones serían entre privados, es decir, no las manejará el Estado», agregó.
Regulación
Los cambios están reflejados en el artículo 313 de la Ley Ómnibus, que modifica el apartado 13 de la Ley 27.640. En los hechos, los volúmenes asignados a las productoras y los precios de los biocombustibles, hoy ambos temas regulados por la Secretaría de Energía, quedarían establecidos por licitaciones periódicas de las que participarían los refinadores (compradores) y los elaboradores (vendedores).
“El que gana con el menor precio vende al comprador todo su volumen; al segundo más bajo le compran lo que falte para completar y así sucesivamente hasta que se cubra todo el volumen demandado. Siempre quedará algún oferente sin venta. Son licitaciones similares a otras que se hacen ya en el país con otros rubros. Similares a las del MATER de renovables», explicó una fuente de gobierno.
Rodríguez Chirillo explicó en el Congreso que “los cupos que existían serán cambiados por licitaciones que consideren varias cosas: primero, que ninguna empresa pueda tener más del 14% de participación de demanda interna. Segundo, que no se puede participar más allá del 100% de la capacidad instalada que tenga el participante. La tercera es que la relación entre la producción y la capacidad de todas las integradas debe ser igual a las no integradas. Vamos a permitir que las empresas chicas y grandes puedan participar”.
Petroleras
La iniciativa que rediseñó el gobierno establece que las petroleras podrán ingresar al negocio de los biocombustibles recién a mediano plazo en función de cuánto crezca el mercado de biocombustibles. En concreto, el proyecto prevé que lo hagan sobre la demanda excedente del mercado doméstico y cuando el porcentaje de mezcla supere el 18% en el caso de la mezcla del bioetanol con las naftas.
“Hemos actualizado la versión que ingresó. Cuando lo presentemos va a estar alineado a algunos de los comentarios que hemos recibido de gobernadores y diputados. La propuesta es que el Estado libera el precio y el biodiesel aumenta el corte obligatorio de 7% a 10%, para luego ir aumentando al 15% hasta el 2026. Esto nos va a permitir alinearnos con Brasil. En bioetanol se mantiene el 12% y se aumenta hasta el 18% en tres años para seguir en un sendero hasta el 27%”, anticipó Chirillo.
El biodiesel, que se elabora en base a aceite de soja y hoy tiene una mezcla con el gasoil de 7,5%, comenzaría en 10% con la entrada en vigencia de la norma. El 1° de julio pasaría a 11% y luego el 1° de enero de 2025 pasaría a 12%. Aumentaría a 13% en junio, 14% en noviembre y 15% en abril de 2026.
Por su parte, el bioetanol, que se produce con maíz y caña de azúcar, quedaría en 12% (tal como en la actualidad). A partir del tercer año de la entrada en vigencia del proyecto de ley del gobierno, la Secretaría de Energía dispondrá un rango de mezclas obligatorias de bioetanol con naftas del 18% (E18) al 27% (E27). El proyecto aclara que la cartera energética fijará “el nivel de mezcla obligatoria en forma periódica en función de la oferta disponible” y “autorizará en forma simultánea un mercado libre para mezclas de bioetanol con naftas en porcentajes superiores al 27%”.
Importaciones
Otro punto que las pymes productoras de biocombustibles habían cuestionado al proyecto de Ley Ómnibus tiene que ver con que se permitía importar biodiesel y bioetanol. Pero ahora el texto aclara: “durante los primeros 18 años tras la entrada en vigor de esta ley, los biocombustibles que se mezclen obligatoriamente con combustibles fósiles deberán ser producidos en instalaciones situadas en la República Argentina, utilizando materias primas nacionales”.