Transener, una de las principales empresas del sector eléctrico, que cumple una tarea estratégica porque es la encargada de operar el sistema de alta tensión del país, envío este miércoles un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir a sus accionistas que, por una inédita decisión del gobierno de Javier Milei, no contará con los fondos para cubrir los salarios del mes próximo. La compañía, que paradójicamente es propiedad del propio Estado, dado que Enarsa posee un 50% del capital accionario (el otro 50% está en manos de Pampa Energía), está obligada a informar la decisión por cotizar en la Bolsa porteña.
El comunicado se conoció después de que Jorge Garavaglia, representante del Ejecutivo en la comisión directiva de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que tiene en su directorio a distribuidoras, generadores y transportistas, le comunicó a Transener que el Estado sólo le transferirá un 50% de los fondos que precisa la compañía para abonar las remuneraciones de su personal. Con este tipo de martingalas presupuestarias es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado en enero alcanzar superávit financiero.
Es curioso: desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de las transportistas (Transener, Distrocuyo, Transba y Transcomahue, entre otras), el Estado es quien cubre parte de los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.
El gobierno de Milei pretende cambiar esa realidad para que sean los usuarios (los residenciales y los grandes clientes) quienes abonen directamente los costos reales de generación y transporte de energía, para lo cual están habilitando tanto un aumento del precio de la energía como del Valor Agregado de Distribución (VAD) de Edenor y Edesur, las únicas dos distribuidoras que están bajo competencia federal.
El problema es que la Secretaría de Energía recién va por la mitad del camino. El atraso de los precios y tarifas de electricidad es tan grande que no es factible construir un puente o una transición hacia un esquema de libre mercado en apenas tres meses. El riesgo de que el intento derive en un quebranto de toda la cadena de pagos del sector está cada vez más cerca.
De la decisión de Caputo de frenar las transferencias a Cammesa se desprende que el ministro de Economía y por consiguiente el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, aspiran a que sean los accionistas de Transener quienes inyecten capital o busquen alternativas de financiamiento para cubrir con recursos propios sus costos operativos hasta que el mercado recupere el funcionamiento que perdió desde la caída de la Convertibilidad. Un inconveniente, en ese sentido, es que los privados no tienen certeza de cuánto tiempo puede demandar la normalización del sistema. Rodríguez Chirillo sostiene que, para junio o julio, una vez que se instrumenten todos los aumentos de tarifas que restan (en especial para hogares categorizados como N2 y N3, de sectores populares y medios, respectivamente), el sistema de cobranzas del mercado debería estar saneado. Pero la mayoría de las empresas creen que el proceso demandará más tiempo.
¿Por qué es Transener la primera en blanquear que se quedó sin caja para pagar salarios? Por una sencilla razón: a diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. Las distribuidoras le pagan a Cammesa y es el Estado Nacional, a través de esa firma de capital mixto, el que paga la tarifa. El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada.
A diferencia de las distribuidoras, las transportistas no recaudan fondos del sistema. El régimen tarifario establece que el costo de la energía se pague a través de la recaudación de Cammesa, que proviene del pago que las distribuidoras le pagan a la compañía administradora del MEM y de aportes del propio Estado Nacional.
El problema es que el atraso tarifario llevó a las distribuidoras a pagarle a Cammesa solo una porción de su factura, o directamente nada. A su vez, ahora Caputo decidió que el Tesoro va a dejar de cubrir esos pagos y que la transportista deberá cubrir sus gastos con el aporte de los accionistas hasta que las distribuidoras recompongan su caja a partir del aumento de tarifas y comiencen a regularizar sus pagos. Según el gobierno, la normalización podría llevar unos tres meses, pero en el sector dudan de esos plazos porque la “normalización” no solo depende del Estado Nacional, como ocurre con las tarifas de Edenor y Edesur, sino también de las provincias, las cuales pueden seguir manteniendo el Valor Agregado de Distribución atrasado como ocurre, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires.