Una versión resumida y perfeccionada de la Ley Bases original llegó esta semana a la Cámara de Diputados para reemplazar al texto que ya obtuvo 144 votos en su tratamiento en general pero que el mismo Gobierno, por impericia, quiso devolver a comisión.
Ahora con 294 artículos (eran 660), el nuevo texto entró después de haber alcanzado los consensos en los temas más sensibles, algunos que despertaron gran discusión pública y tomas de posición que amenazaron con las peores tormentas en la historia argentina.
Sin embargo, el capítulo con las reformas a la Ley de Hidrocarburos (Nº 17319, sancionada en 1967) prácticamente no tuvo discusión, quizás porque los principales consensos estaban construidos antes en los equipos técnicos de los candidatos a presidente opositores a Unión por la Patria, cuyos lineamientos básicos coincidían con el programa que Federico Sturzenegger le vendió, llave en mano, a Javier Milei.
Incluso Eduardo Rodríguez Chirillo, que se sorprendió con la victoria del libertario, avaló el texto que revisó concienzudamente, lo que es mucho decir. Es que es habitual que en el Gobierno haya fuertes discrepancias entre los funcionarios designados y los asesores externos, lo que provoca incontables marchas atrás en decisiones tomadas, salvo -por ahora- en esta área.
Quizás el consenso más importante se haya logrado en el objetivo de la producción, que en la ley original pasaba por abastecer el mercado interno (que hoy está por encima del 90%) y ahora se enfoca la maximización de la renta petrolera y la exportación.
El modelo vigente impidió inversiones en un área central para recuperar la competitividad de la economía argentina en medio de la transición energética, cuando la industria petrolera tiene 40 o 50 años de auge asegurados que necesita aprovechar.
Si bien hubo legislación paralela para Vaca Muerta, privilegiar el autoabastecimiento hizo insegura la inversión, por lo que actores de la industria consultados avalan lo que ya se considera un «cambio de paradigma» o punto de quiebre, para dar inicio a una etapa con menos regulaciones estatales y burocracia, simplificando el acceso a las distintas compañías, sin privilegiar al gran jugador del sector como es la estatal argentina YPF (que zafó de la privatización en esta instancia), ni intervenir en los precios del mercado interno.
Hablamos de los grandes jugadores como Shell, pero también las no integradas como PAE-Axion, Pluspetrol, Vista, Aconcagua, Tecpetrol, entre otras.
El ex secretario de Energía y Minería Emilio Apud, sin embargo, mantiene algunas críticas. Asegura que «el proyecto no termina de definir la libertad de mercado en el sector» y que «hay un sentido correcto y medidas acertadas, pero omite toda referencia a eliminar al Plan Gas, origen de los millonarios subsidios a la oferta de gas que encarece el precio del producto a los usuarios finales».
Exdirector de YPF en nombre del Ejecutivo en tiempos de Mauricio Macri, Apud asegura que «hay un nicho de confort que continúa», aprovechado por algunos empresarios en los años kirchneristas como el gasoducto NEUBA III que fue rebautizado como Néstor Kirchner, y que «fue ampliamente presentado como un éxito de gestión del anterior gobierno, cuando en realidad fue una obra que terminó pagando el Estado, todos nosotros, al doble del presupuesto original y que sigue inconclusa». «Para las empresas participantes la obra fue un negocio redondo, en particular para la que resultó beneficiaria», concluyó, hablando -sin nombrar- a Techint.
El Instituto Argentino de la Energía General Mosconi tampoco es demasiado optimista. Asegura en su último informe que «Argentina tiene una política energética ambigua» y que «no hay una política oficial clara de parte del gobierno del presidente Milei». Jorge Lapeña, exsecretario de Energía, declaró que «no se explicitó todavía ninguna política ni por parte del Presidente cuando habló en el Congreso ni por el secretario de Energía en funciones». Y se mostró especialmente consternado porque «el hecho de que el Presidente se haya manifestado como negacionista del cambio climático introduce una incógnita fenomenal sobre las inversiones futuras», al tiempo que pidió que se pusiera foco en «la exploración de nuestra Zona Económica Exclusiva de nuestra Plataforma Continental y sus inmensas oportunidades exploratorias».
En el mundo empresario la visión es distinta. Un experto que pidió reserva de su nombre aseguró a Memo que «el 80% de las empresas que ya están instaladas en la Argentina serán beneficiadas con la nueva legislación, y aunque hay que esperar ver cómo la ley y la reglamentación, soy muy optimista por las oportunidades que se brindan para la exportación tanto para no convencionales como convencionales, siempre que haya una adecuada inversión».
Agregó que «se necesita infraestructura y empresas enfocadas en aumentar la competitividad. Si sigue bajando el riesgo país y se mantiene la estabilidad política y macroeconómica, sumadas a una verdadera certidumbre legal, este es el momento de invertir para exportar». Y reiteró: «hoy es el momento, unos meses después será demasiado caro».