El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) está sufriendo una fuerte reducción de su personal y el cierre de muchas de sus sedes de extensión en todo el país. Desde el Gobierno nacional se decidió que el 30% de su personal debe ser despedido, una señal de la poca importancia que el Poder Ejecutivo le asigna al organismo. En respuesta a esta política, se realizó una protesta que incluyó un corte en la avenida General Paz, al igual que ocurrió con los despidos durante la gestión de Mauricio Macri. Esta vez fueron reprimidos con gases y golpes por parte de la Infantería de la Policía de la Ciudad, que le quebró la mano a un trabajador.
Enrique Martínez ocupó la presidencia del INTI desde el año 1986 hasta 1988 y desde 2002 hasta 2011. Su gestión fue reconocida por federalizar la institución y por hacerla crecer en sus funciones. También fue diputado de la Nación, decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA y hoy está volcado al trabajo con organizaciones de la economía popular. Ya jubilado pero siempre activo, Martínez habló sobre la función que cumple el INTI, los ataques que ha recibido el organismo y por qué le interesa tanto el rol que puede cumplir la economía popular.
¿Por qué el INTI es atacado por los gobiernos de derecha?
Uno debería concluir que el INTI es un organismo que no ha sido bien interpretado desde hace ya décadas. Nació como organismo de doble propósito, de certificación del cumplimiento de normas de calidad internacionales para un país que se estaba instalando en el mercado internacional de bienes. Y, por otro lado, para desarrollar los proveedores nacionales de las multinacionales que se instalaban en el país. Cuando se fundó el INTI, en 1957, era importante tener un organismo de certificación pero también un organismo de promoción industrial. Había multinacionales que estaban empezando a instalarse en la Argentina, terminales automotrices y producciones más internacionalizadas de todo tipo, que necesitaban proveedores nacionales y había que desarrollarlos. Con el tiempo el INTI ha tenido cambios que tienen que ver, justamente, con el cambio de la estructura de producción en el mundo. Hoy por hoy, a tantos años de su creación, las multinacionales tiene una red de proveedores muy afilada, a la cual le trasmiten tecnología y muchos de ellos son internacionales, ni siquiera están en el país. Por lo tanto, el desarrollo de proveedores ha dejado de ser una gran prioridad para estas empresas globales. Entonces, se mantiene la lógica de la certificación, y cuando aparecen gobiernos que no entienden lo que el INTI le aporta el desarrollo nacional, que no respetan el concepto federal de este país, deja de importarles la extensión y sobre todo la presencia de la institución en el territorio. A un gobierno de derecha le interesa muy poco que haya industria nacional en Jujuy o en Chaco porque lo que les interesa es fortalecer a los grandes emprendimientos, no a las empresas que producen todos los bienes de uso cotidianos en el país, y por supuesto no les interesan en lo más mínimo las empresas que son puramente de capital nacional.
¿Esa mirada lleva a la reducción que están proponiendo?
De esa lógica surge la decisión de cerrar todas las agencias de extensión que no tienen laboratorio. Yo me ilusioné, inicialmente, porque sigo siendo un ingenuo a pesar de mi edad, cuando designaron como presidente del INTI, en un gobierno que no respeta la tecnología, a un hombre que había sido director del Departamento de Energía del organismo hace muchos años [Daniel Afione], y que después se trasladó a una multinacional como Toyota, que tiene un respeto por la idea de tecnología. Aún con ese antecedente, este hombre se ha confundido y no puede soportar la presión o el reclamo de bajar el presupuesto y apela a esta lógica que deteriora la presencia de la entidad. Ha llevado muchos años llegar a tener las agencias de extensión y los laboratorios regionales que tiene el INTI para que hoy se decida que una veintena de agencias de extensión van a terminar cerrando, así al voleo, simplemente porque no tiene un laboratorio, sin saber cuáles son los servicios que han prestado en el pasado o los que prestarán en el futuro. Me parnece muy grosero el deterioro y muy lamentable que el INTI se vea sometido a estos vaivenes. Esto ya pasó durante el gobierno de Mauricio Macri y vuelve a pasar en este Gobierno.
El argumento del Gobierno es que hay que ahorrar dinero y en algunos lugares, directamente provincias enteras, es muy poca la industria y por eso no se necesitaría una sede del INTI.
Como hay muy pocas industrias no necesitarían los servicios del INTI y a mediano plazo tampoco van a necesitar tener población y en consecuencia van a contribuir a vaciar regiones. La lógica de de ese silogismo es que no va a haber población.
¿Pasará otra vez como en los ‘90 que se vacíen pueblos?
Así es, y que se llegue a considerar a ciertas provincias como inviables, como aquella famosa frase de Domingo Cavallo en esa década.
Hoy el sindicato está resistiendo estas medidas que van en contra del INTI pero cuando usted estuvo al frente de la institución también tuvo una relación conflictiva.
Mi relación fue conflictiva con el sindicato durante casi toda mi gestión a pesar de que fuimos los creadores de la relación en base a la ley de contratos de trabajo. Como nosotros no teníamos eco en el gobierno central para incorporar a la gente a la planta permanente y cuando llegamos el 80% estaba en condición de monotributista, inventamos, porque fue un invento absolutamente del Consejo del INTI, que los monotributistas pasaran a ser empleados bajo le Ley de Contrato de Trabajo, como si fuera un organismo privado, pero con una resolución del Consejo Directivo que asimiló la forma de relacionarse en materia laboral con ese personal al de planta permanente. Con lo cual, durante toda mi gestión, no hubo absolutamente ningún problema de despidos, sino todo lo contrario. Hasta llegamos a generar un plan de vivienda financiado por dos bancos privados en el que fue indistinto que accedieran a los créditos el personal de planta permanente y el personal de ley de control del trabajo. ¿Por qué tuvimos problemas? En particular, los gremios del INTI no se caracterizan por la claridad en las relaciones laborales, entonces todo el tiempo se piden cosas, más o menos forzadas. No han logrado entender, como muchos gremios estatales, el sentido de la función estatal. Nosotros hicimos un plan estratégico que nos llevó meses gestionarlo con las asambleas de personal en todo el país, que fue aprobado por unanimidad, porque lo sometimos a consideración de las asambleas de personal. Ese plan estratégico, apenas nos fuimos, nadie lo defendió. Un ejemplo, digamos, de cómo se puede tener una relación conflictiva sin entender cuál es el conflicto.
¿Cómo es el trabajo que estuvo llevando a cabo con las organizaciones de la economía popular?
Yo intenté tener acceso a algunos presidentes que estuvieron en gobiernos accesibles, no en el de Mauricio Macri, y ni por casualidad en el actual, pero durante la gestión de Alberto Fernández tuve la posibilidad de tener una buena relación con Sandra Mayor, que fue la última presidenta del INTI, y le propuse la creación de una Dirección de Promoción de la Producción Social. Se creó el programa y sin ninguna formalidad hemos colaborado con la gente que trata de llevar eso adelante. También hicimos un programa con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que tuvo tres años de vigencia, en el que publicamos un manual de cómo creemos que se debe instalar un parque de producción social y se lograron instalar dos: uno en Tafí Viejo, en Tucumán, y otro en General Pico, en La Pampa, y después de eso intentamos llevarlo a lo cotidiano con este trabajo en el INTI, que es muy embrionario. Probablemente, en este Gobierno no reciba el menor interés. Pero es es una pelea conceptual que creemos que está mal definida. La economía popular no es una economía de resistencia, no es la economía del aguante de los trabajadores sin patrón, es una producción que está buscando atender necesidades comunitarias y donde el lucro ocupa un segundo lugar. Eso es absolutamente respetable como objetivo empresario, en la Argentina no tiene ninguna vigencia, pero, para dar una idea, en Inglaterra forma parte del programa del Ministerio de Trabajo, en Estados Unidos hay organizaciones privadas que tienen que ver con la promoción de la producción social, y en Escocia se enseña la producción social en el colegio secundario. En muchos lugares se le tiene un respeto a este sector y al papel del Estado que hoy no existe en la Argentina.
En estos momentos donde hay tantos problemas en la economía tanto en el sector público como en el privado, las organizaciones de la economía popular pueden ser también una salida para muchas personas, ¿no?
La economía popular, definida por los protagonistas, por las organizaciones sociales, lamentablemente no es una economía independiente, es una economía complementaria o dependiente de la formal. Por ejemplo, los cartoneros son productos de la exclusión y viven en función de la economía formal. No han logrado integrarse hacia adelante como organismos con cierta autonomía, produciendo bienes finales, convirtiendo en más digna la primera etapa, porque la imagen de un cartonero metido adentro de un volquete no parece ser una perspectiva de vida deseable. Siempre hemos reclamado que eso se piense como un sistema de recuperación y reciclado que puede perfectamente organizarse en forma digna si termina con la producción de bienes finales. Hay un par de cooperativas, de las muchas que existen, que lo han logrando. Pero para eso hay que concebirlo como una función social, no como un rebusque. Yo he tenido muchísimas entrevistas con miembros de la economía popular y sostienen que si tuvieran un trabajo digno al cual acceder lo harían y que están haciendo eso, cartonear, porque no tienen más remedio. Por eso me parece que hay que desarrollar la producción social. Todos aquellos aspectos que el capitalismo ha dejado de lado y que significan atender necesidades comunitarias, pueden ser atendidos por organizaciones que no tengan como final el lucro, sino el atender esa necesidad. Hoy está muy claro que producir alimentos es un negocio que permite al que lo produce especular con esa producción, y hasta sacarla del mercado para que aumente el precio, si tiene suficiente poder para hacerlo, cosas que no tienen nada que ver con el derecho de la gente a comer. Por eso hay que construir organizaciones que trasladen los bienes desde la tierra hasta la mesa y le agreguen valor para que la gente coma calidad y al mejor precio, eso es producción social y nunca lo hemos logrado conversar adecuadamente.
Cuando se pueden asociar estas iniciativas se reúnen en cooperativas , pero también por esta falta de lucro suelen estar atadas a planes sociales, que apuntalan un poco esos ingresos y que hoy también se ven atacados.
Hemos creado una asociación civil sin fines de lucro (el Instituto para la Producción Social) que intenta demostrar en el terreno que es posible trabajar como un servicio social, y que es posible que la gente que trabaje allí cobre un sueldo razonable. Todo es cuestión de escala y de los márgenes que se aplican. Nosotros tenemos un portal de comercio electrónico que tiene más de cuatro años y vende productos alimenticios y otros productos de más de 70 proveedores, muchos de ellos cooperativas. Hemos hecho un acuerdo muy reciente, por ejemplo, con FECOFE, que es una federación de cooperativas que se desprendió de Federación Agraria, que tiene productos alimenticios muy interesantes para sumar productos al portal. Y estamos negociando en este momento con una organización social para que sume todos sus productos de indumentaria porque nos parece necesario. Llegamos al consumidor en cualquier punto de la Argentina más barato que los supermercados. No necesariamente tiene que ser más caro para que estas organizaciones sobrevivan bien, es un problema de eficiencia entre lo que podríamos llamar la tecnología de esa actividad y la vocación social, con lo que se consiguen cosas que en la Argentina son bastante sorprendentes. Los productos se pueden conseguir en el sitio de Consumo Popular Organizado y tenemos convenios con la Universidad Nacional de Lanús y con la Universidad Nacional de San Martín que son muy recientes, que se están empezando a desarrollar. Queremos explorar la forma en que los clubes, los centros de jubilados, e incluso las escuelas, entiendan que variando levemente el modo en que se aprovisionan de algunos alimentos se puede ahorrar. Buscamos demostrar que cosas tan básicas como la distribución de alimentos se puede hacer con un objetivo distinto que solo ganar dinero.
Matías Alonso