Ayer AgendAR expresó dudas sobre la anunciada decisión de elegir a Río Negro como la provincia donde YPF y la petrolera malaya Petronas radicarían la planta para la licuefacción del gas de Vaca Muerta y exportarlo. Una inversión de unos 30 mil millones de dólares.
Nuestras dudas se basan en un problema técnico: la dificultad para conseguir la necesaria agua potable en Sierra Grande-Punta Colorada, en la estepa patagónica.
Ahora, el periodista Carlos Pagni, en su columna en La Nación, señala dificultades legales y políticas:
«… Lo volvió a demostrar Axel Kicillof en la disputa entre Buenos Aires y Río Negro por el establecimiento de una planta de licuefacción de gas. YPF, la impulsora del proyecto, que sería implementado por la malaya Petronas, había llamado a una licitación simbólica: la provincia que adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones establecido en la Ley Bases. La formulación fue capciosa: las empresas pueden acceder al RIGI con independencia de lo que piense el gobierno provincial. De este sólo cabe esperar que agregue ventajas en el ámbito de su competencia.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, consiguió que la legislatura de su provincia apruebe en tiempo récord una serie de beneficios que se suman a los que ya ofrece la Nación con ese nuevo régimen. El principal es la eximición de Ingresos Brutos. Kicillof se resistió a hacerlo. YPF informó este martes que prefería Río Negro.
Es posible que en el gobernador bonaerense haya sido más poderoso el candor que los prejuicios. Aunque suene imposible. Al no facilitar las condiciones que justificaran la selección del puerto de Bahía Blanca, se expuso a que sus opositores le reprochen haber dejado pasar una gran oportunidad para la provincia. En rigor, la decisión de llevar ese proyecto a Río Negro fue tomada hace mucho tiempo. Por muchas razones. Algunas técnicas y otras, las más poderosas, políticas: no premiar a la estrella actual del kirchnerismo. El propio Presidente lo confesó delante de Alejandro Fantino la semana pasada: “Es obvio que la inversión va a ir hacia Río Negro. ¿Vos vas a poner plata donde está Kicillof?”.
El líder kirchnerista había convocado a todas las fuerzas políticas a una peregrinación a Bahía Blanca para reivindicar las ventajas de ese puerto. Sólo había conseguido que lo acompañe el bloque Unión, Renovación y Fe, de diputados que llegaron a la Legislatura en las listas de Milei. Una versión exótica de kicillofismo libertario. En el Senado esa facción tiene un aire de familia con la que conduce Sergio Vargas, amigo del malquerido Carlos Kikuchi, y alter ego de Guillermo Michel en la Aduana del massismo.
Lo más gracioso del enredo es que el gobernador no consiguió el aplauso de quienes piensan como él. Por ejemplo, el senador Martín Doñate, rionegrino de La Cámpora, festejó la inversión que beneficiará a la provincia. Doñate, que en el Congreso votó en contra del RIGI. Tendría razón el diputado oficialista que ayer reflexionó: “Los kirchneristas, con el RIGI, nos tratan de ladrones de gallinas, pero después vienen a comer el puchero”.
La construcción de la planta de gas ha sido politizada desde ambos polos, como demostró Milei delante de Fantino. Esa frivolidad tal vez conlleve algún costo. ¿Es concebible que un proyecto como el que se está soñando se sostenga en un conflicto de facciones? Dicho de otro modo: ¿alguien le puede asegurar a los potenciales inversores que Kicillof tiene cero posibilidad de ser presidente en los próximos 10 años? Es decir: ¿alguien puede asegurar que un futuro gobierno kirchnerista anule lo que hoy se está proyectando? Otra cuestión es si es posible ensayar un acuerdo con Kicillof, que carga en su foja de servicios con la estatización de YPF.
El enfrentamiento político deja al gobernador en la posición de quien hizo perder a la provincia un negocio digno de las Mil y Una Noches. Pero esa presentación no debería inducir a error respecto de la consistencia técnica de todo el proceso. Una vez sancionado el RIGI, la Casa Rosada decidió precipitar los anuncios sobre la planta de licuefacción de gas que justificaría incrementar mucho la producción de Vaca Muerta. Anteayer se decidió que se localizaría en Sierra Grande. El anuncio cobija una sutileza: da por sentado que la iniciativa se llevará adelante. Pero eso no está todavía definido.
Más allá de que el interés de YPF en este proyecto lleva varios años, como recordó el propio Kicillof, los malayos todavía no resolvieron la inversión. Detalle anecdótico: si se ingresa al sitio de Petronas y se consulta por “YPF” en el buscador, no aparecen resultados. Si se consulta por “Argentina”, se encuentran dos referencias al área La Amarga Chica, un codiciado reservorio de shale oil que la compañía explota con YPF en Vaca Muerta. Sobre la planta de licuefacción todavía no hay noticias.
Es natural que así sea. Se trata de un emprendimiento de 30.000 millones de dólares que, según los especialistas, exige estudios de extraordinaria complejidad. Por eso, muchos analistas apuestan a que antes, con la misma localización, es decir, en el puerto de Sierra Grande, se establezca un barco con instalaciones para transformar el gas en líquido. Se le alquilaría a una empresa Noruega.
Sería apresurado apostar al desenlace de este negocio, y no sólo porque pesan muchas incógnitas sobre la inversión de los malayos. Tampoco está claro cómo funcionará el RIGI. Todavía está en trance de reglamentación. Es una discusión en la que intervienen abogados de estudios privados que colaboran desde la primera hora con el Gobierno, en tensión con burócratas estatales, sobre todo de la AFIP y el Banco Central. La cinchada se juega entre quienes pretenden un sistema muy amplio de ventajas y los que defienden restricciones a favor del Estado. En el corazón del conflicto está el eterno problema: ¿hasta qué punto para acceder al RIGI hay que ofrecer una inversión que sea nueva por completo? Una pregunta que puede resultar teórica. Porque, no hay que olvidar, al final el que decidirá qué proyecto accede y qué proyecto qUeda afuera de los beneficios, será un funcionario del Gobierno».