En medio del proceso de traspaso del 80% de acciones que tiene el Estado (Nación y Mendoza) en IMPSA, la noticia causó un gran revuelo. Es que la Provincia necesitaba el aval de la Legislatura para vender su cuota, pero el propio Gobierno adelantó la novedad: no habrá venta, sino una cesión o transferencia sin cargo a la norteamericana ARC Energy, única interesada en quedarse con el control de la multinacional mendocina que se aferra a esa decisión.
Tras la confirmación que realizó el propio ministro de Hacienda, Víctor Fayad, hubo silencio de radio al respecto. Sin embargo, para la conducción del grupo que se postula como el próximo socio mayoritario de IMPSA no fue una sorpresa.
Cabe recordar que ARC viene de pedir una prórroga de un mes para formalizar su oferta, que vence el 15 de setiembre. El motivo: una millonaria deuda bajo análisis dilató el proceso contable de «due diligence» (revisión de pasivos/activos antes de una venta), que sigue abierto.
Lo concreto es que a la propuesta del potencial dueño de IMPSA de inyectar u$d 30 millones se contrapone un pasivo que lo multiplica casi por 20.
Y mientras ARC lo hace valer en la negociación con el Gobierno nacional y provincial, asegura avances en la reestructuración con los acreedores. En su mayoría bancos privados nacionales (Galicia, Nación), extranjeros (el Bndes brasilero) y también organismos multilaterales de crédito como el Banco Mundial y BID.
Más allá de la prórroga, desde ARC ya no hablan de oferta por las acciones. Y optan por la palabra «capitalización», que en cierto modo sincroniza con los dichos del ministro Fayad.
La deuda de IMPSA y el traspaso de acciones
El concepto, más amplio ahora, incluye una inyección de fondos (para deudas y capital de trabajo), y no necesariamente la compra de acciones.
Por algo así lo había dejado entrever el secretario de Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazos, en julio. Fue al anunciar la firma del acuerdo inicial con ARC junto al gobernador Alfredo Cornejo.
«La capitalización busca darle un impulso a IMPSA. Estamos asumiendo una deuda de u$d 572 millones por reestructurar, con lo cual es natural que sea así», admiten en el seno de la compañía aspirante al control de IMPSA, al justificar que los u$d 30 millones se volcarán sobre todo a capital de trabajo.
El objetivo prometido es lograr una mayor expansión comercial justamente en EEUU.
¿Qué queda por delante para formalizar la salida del Estado y la «reprivatización» de IMPSA?
Mientras en Mendoza el Gobierno deberá esperar el aval de la Legislatura para firmar la cesión de acciones, ARC Energy va por su carril.
Antes del 15 de setiembre, plazo final para presentar su propuesta, deberá cumplimentar dos pasos.
El primero: completar el dilatado due dilligence: es «la foto» final de cómo está IMPSA hoy como compañía: desde lo laboral hasta contratos pendientes, cada proyecto en ejecución y los que están en análisis. El objetivo reconocido por el grupo yanqui es saber cuáles serán las prioridades al día 1, cuando le toque asumir la conducción si la operación finalmente se cierra.
¿Qué pasará con los trabajadores? Aunque en el acta acuerdo firmado con el Gobierno no hay una cláusula que la obligue a asegurar estabilidad, por ahora desde ARC incluyen al personal como «parte de la capitalización de la compañía, lo que implica nuevos proyectos para mantenerla operativamente activa». Esto es, más trabajo.