“Ayer nos enteramos de que a un asociado nuestro de APCENEAN (la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y Actividades Nucleares) le llegó una carta documento mediante la cual lo despiden sin causa, de forma arbitraria, con una indemnización que vamos a pagar todos los contribuyentes. Es un licenciado en Gestión Ambiental que tiene 18 años en la empresa, especializado en Higiene y Seguridad del Trabajo y se ve que no goza de las simpatías de las nuevas autoridades. Esto tiene que ver con la idea de reducir la planta y privatizar la empresa”.
Son declaraciones de Andrés Kreiner, un reconocido especialista en el sector nuclear y secretario general de la APCNEAN.
Dioxitek produce en su planta de Córdoba dióxido de uranio (UO2), componente principal del combustible para las tres centrales nucleares y los seis reactores de investigación que operan en la Argentina. También produce cobalto 60, un isótopo que se obtiene luego de bombardear cobalto 59 y es usado para la técnica de insecto estéril, y para esterilizar elementos de medicina y alimentos, entre otras aplicaciones. Esta empresa es la única en América Latina y el Hemisferio Sur que puede producir estos materiales. En 2022, Dioxitec tuvo una ganancia de 20 millones de pesos y sus ventas por cobalto al exterior fueron cinco veces mayores que las del mercado interno. Desde 2018, el 51% de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía, el 48% a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% a la provincia de Mendoza. Este esquema de las acciones fue para poder favorecer su privatización pero en aquel momento no se avanzó.
Dioxitek está en conflicto con la Municipalidad de Córdoba desde 2014, cuando se clausuró preventivamente su planta y se le impidió seguir comprando amoníaco y otros químicos para su producción. El desarrollo de la ciudad hizo que la planta inaugurada en 1982 quedara en medio de una zona urbana de alto valor, en Nueva Córdoba. Esta clausura generó conflictos legales y luego se llegó a un acuerdo para que la empresa pudiera seguir trabajando mientras se construía una nueva planta en Formosa.
En el año 2018, la obra en Formosa fue frenada por la falta de aportes del Tesoro y recién en marzo de 2021 el contratista la retomó, con muchos daños por el abandono durante los años de paralización. A fines del año pasado la obra tenía un 67% de avance, con lo que el acuerdo con Córdoba, que vence a fines de este año, debería ser prorrogado para seguir produciendo.
“Le están buscando la vuelta para hacer una privatización parcial. Así como se busca vender IMPSA a una empresa norteamericana y también están buscando la forma de privatizar NASA y las demás empresas nacionales que quedaron excluidas de la Ley Bases. A ninguna de estas empresas le sobra gente, siempre están trabajando con la dotación justa, así que los despidos harán que pronto vaya a bajar el ritmo de producción y a haber retrasos. En este caso, se despidió a una persona que vela por la seguridad de la planta”, lamentó Kreiner.
El empleado despedido presentó un escrito, asesorado por su abogado, en donde rechaza esta medida pero desde la empresa estatal declararon que su indemnización ya está depositada. Seguramente habrá una respuesta sindical también, ya que se trata de un afiliado a ATE.
“En CNEA logramos que no pudieran jubilar de forma compulsiva a gente que tiene tutela sindical. Se está jubilando gente porque muchos profesionales tienen una edad avanzada y luego no se repone personal y eso está reduciendo la planta de la CNEA. De acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo todos los empleados tienen derecho a seguir en su puesto hasta los 70 años si así lo prefirieran. En el año 2017, el Gobierno de Macri decidió excluir de este derecho a los empleados públicos. En Dioxitec, entre jubilaciones compulsivas y despidos hay un 10% menos de empleados, y la demanda de Dioxitec no cambia, tiene que seguir con la misma producción”, explicó Kreiner.
Matías Alonso