El Consejo Portuario Argentino (CPA) advirtió que la licitación propuesta por al subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante para el mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad de la hidrovía implican un riesgo para el comercio exterior.
“El Consejo Portuario Argentino comparte con todos los sectores relacionados con el comercio, el trabajo y el transporte marítimo y fluvial el deseo de una pronta definición respecto del futuro del mantenimiento y desarrollo de la navegabilidad del río Paraná y el río de La Plata y su salida al mar. Sin embargo, nos preocupa gravemente por su contenido la reciente resolución tomada por la subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina mercante de la nación en ese sentido”, comunicó la entidad.
“Entendemos que los pliegos de licitación publicados contienen errores estratégicos y económicos que tendrán graves consecuencias en mediano y largo plazo para las exportaciones e importaciones y, por lo tanto, para la economía de nuestro país. Además, se perjudicarán significativamente las posibilidades de las economías regionales y el desarrollo federal”, complementó.
En específico, los pliegos cuestionados por el Consejo por contener “evidentes ineficiencias” son la insistencia de mantener el Canal Emilio Mitre como ruta principal, tramo que “ya ha demostrado ampliamente sus dificultades y altos costos de mantenimiento de calado”, remarcó el CPA.
A lo anterior se le sumaría la propuesta de profundizar y ampliar el Canal Punta Indio “con altísimos costos diferenciales si se suman apertura y mantenimiento frente a la alternativa del Canal Magdalena”, acotó la entidad.
En este sentido, las cerca de 1.500 naves al año que bajan por el río Paraná para completar carga en Quequén o Bahía blanca y otras con rumbo al sur, se verán “obligadas a recorrer 150 kilómetros más que si lo hicieran por el Canal Magdalena”, subrayó el CPA.
“Además, la ruta por el Canal Punta Indio es prácticamente imposible de ser profundizada a 14 metros y con una solera apropiada para una doble vía, lo que condenaría a la República Argentina a convertirse en Feeder permanente de puertos extranjeros”, añadió.
En este sentido, desde el Consejo se enfatizó que “la lista es más extensa y se mencionan aquí solo algunos aspectos. Sin embargo ya con éstos, queda claro que el sistema será altamente costoso y requerirá altas tarifas de peaje sin posibilidades de comparación al entregarse todo el sistema a un único operador. Todo esto en el marco de dudosa sustentabilidad ambiental, que quedaría supeditada supuestamente a futuros estudios a realizar por el concesionario. Tampoco se hace ninguna previsión respecto de las prospecciones hídricas crecientes y bajantes, seguramente influenciadas por el cambio climático que seguirá afectándonos”.
“La condición de servicio público queda poco asegurada, ya que no se definen claramente los accesos a mantener, ni las obligaciones de responder a necesidades públicas futuras. El esquema de gobernanza y control queda sujeto a la discrecionalidad del gobierno central no previendo ningún mecanismo institucional federal de control, ni siquiera la participación de las provincias en su incumbencia ambiental”, amplió.
El comunicado concluye lamentando la ocurrencia de los errores que la entidad identificó y esperando que los problemas sean revisados antes de establecer los compromisos contractuales “de alto perjuicio a los intereses de la economía y la población”, según destacó la CPA.