El proyecto de las represas de Santa Cruz cumplió un año sin avances ni desembolsos. La situación preocupa no solo a la administración provincial de Claudio Vidal, sino también a sindicatos y al gobierno nacional, que ahora presentó fuertes cuestionamientos hacia la UTE responsable de los trabajos, integrada por Gezhouba, Eling Energía (ex Electroingeniería) e Hidrocuyo.
Según el último informe presentado por el Jefe de Gabinete Guillermo Francos la paralización de las obras, fue “iniciada unilateralmente” por las firmas en noviembre de 2023. A pesar de las conversaciones entre ambas partes, el Gobierno aclaró que no está obligado a firmar una adenda al contrato vigente y que cualquier modificación dependerá del análisis del interés público.
“Ha generado una controversia contractual en términos técnicos, económicos y legales. Más allá de que existen conversaciones con el contratista, no existe un deber de suscribir una enmienda al contrato, y una eventual adenda dependerá de la evaluación sobre el interés público en suscribirla”, afirmó el documento.
En este contexto, el Ministerio de Economía informó que no se han realizado nuevos desembolsos debido a la negativa del contratista a suscribir las solicitudes de financiamiento establecidas en el contrato. En mayo, el Gobierno había confirmado que finalizará la iniciativa, pero no puso plazos.
Interrogantes sobre el mantenimiento de la obra
El estado de la obra también está en el centro de las preocupaciones. Aunque no se han detectado daños estructurales visibles relacionados con la sobrecarga hídrica, las autoridades nacionales indicaron que será necesario realizar una evaluación exhaustiva para determinar si la paralización afectó las instalaciones.
Mientras tanto, subrayaron que la responsabilidad de mantenimiento y preservación recae íntegramente en la UTE, a quien además se le reprochó no cumplir con los estándares de producción y calidad requeridos.
En paralelo, la situación de los trabajadores permanece sin resolverse. Desde noviembre del año pasado, más de 2.800 obreros vinculados a las represas están sin actividad, y el Gobierno nacional sostuvo que su situación laboral corresponde exclusivamente al contratista.
En febrero de 2024, la UTE solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo, argumentando falta de fondos para continuar con la obra. Las negociaciones realizadas en ese marco no pudieron evitar el deterioro de las condiciones laborales, y el procedimiento culminó sin acuerdos en marzo.
Además, el informe remarcó que las normativas aplicables varían según los trabajadores. Por ejemplo, las disposiciones del Procedimiento Preventivo de Crisis no son válidas para los empleados representados por la UOCRA, quienes deben regirse por la Ley 22.250.
En cualquier caso, el Gobierno destacó que “no corresponde emitir juicios sobre salarios, indemnizaciones u otros conflictos laborales que excedan sus competencias legales, dejando el futuro de los empleados en una compleja incertidumbre”.
Nueva negociación por las represas de Santa Cruz
A mediados de octubre, la conducción de Enarsa que encabeza Tristán Socas sumó a Sergio Viana como nuevo interlocutor con el consorcio integrado por la compañía china Gezhouba y Eling. El objetivo del equipo de negociación es reactivar la construcción de las represas de Santa Cruz el 15 de enero.
Hasta el momento, la UTE integrada por Gezhouba y Eling Energía (ex Electroingeniería) lleva ejecutadas obras por unos 1.850 millones de dólares, en tanto que el grado de avance de la construcción es de 42% en el caso de la represa Jorge Cepernic y 20% en la represa Néstor Kirchner.
Entre 2021 y 2023, el consorcio hizo un aporte de capital propio cercano a los 450 millones de dólares para continuar con los trabajos.