Popularizada como balnearia, la ciudad bonaerense de Quequén es a la vez atractiva por sus playas y por ser un puerto marítimo de excepción sobre la costa atlántica argentina.
Ubicada en el sur de la Provincia de Buenos Aires, está separada de la también balçaria ciudad de Necochea por el río Quequén Grande y diríase que montada a unos 15 metros sobre el nivel del mar, lo que es una ubicación estratégica de cara al Océano Atlántico.
Con alrededor de 15.000 habitantes, Quequén debe su fama al turismo y a sus ancestros Puelches, pero sobre todo al hecho de ser acaso el más extraordinario puerto exportador cerealero de la República Argentina.
Fundada en 1584 por la primera expedición al sur del Río Salado, que comandó el segundo fundador de la Ciudad de Buenos Aires, Don Juan de Garay, siempre se describieron esas tierras como fértiles y maravillosas, por lo menos desde el derrotero del primer explorador y cartógrafo de esa región, el jesuita Cardiel que hacia 1748, e impresionado por las barrancas del Quequén, coincidió con Thomas Falkner, misionero inglés de la Compañía de Jesús que recorría la región y fue el primero en señalar la importancia de construir allí un puerto.
Desde entonces devino lugar común aseverar que la terminal portuaria de la ciudad de Quequén es la mejor del país. La operatoria allí es considerada una “perla” de la costa Atlántica desde que fue concesionada hace unos 30 años y cuyo contrato se venció hace 2. Pero la Provincia, por decisión del gobernador Axel Kiciloff, postergó esa concesión con buen tino ya dos veces y en lo que fue una medida muy valorada porque la Terminal Quequén no es todo el Puerto, ya que con Necochea forman dos riberas. Y es en su ribera exportadora, la que está sobre el lado de Quequén, donde ahora se venció la concesión desde la que se exporta un 37% del total de lo que comercia ese puerto al exterior.
Junto con dos terminales más, una que pertenece a ACA (Asociación de Cooperativas Argentinas) y la otra a COFCO, empresa agroindustrial de capitales chinos, entre las tres exportan unas 7.500.000 toneladas anuales, o sea entre un 7 y un 8% del total de la exportación granaria del país.
En cuanto a la Terminal Quequén –que no es lo mismo que el puerto– ocupa las instalaciones que eran de la Junta Nacional de Granos privatizada en tiempos de Menem y es una sociedad integrada por exportadoras. «Y En ese panorama –explica Miguel Bayón, referente muy respetado por su tenacidad en la defensa de esta terminal– la Provincia de Buenos Aires lo que ha hecho hasta ahora es postergar la licitación, objetivo producto de nuestras luchas con las que hemos logrado demorarlas por dos años. Que fue lo que no sucedió en el Puerto de Bahía Blanca, donde cuando hace tres años también venció esa concesión, se la renovaron a Cargill hasta el año 2041, en un caso muy similar y en instalaciones que eran de la Junta Nacional de Granos».
En la actualidad la lucha sigue siendo dura, y muchos reconocen el buen juicio del gobernador Kicillof al extender la concesión esas dos veces. Claro que, coinciden otros informantes, la provincia lo que ha hecho hasta ahora es diferir el asunto por dos años, que son valiosos pero no suficientes, porque la suficiencia se dará sólo cuando nuestra lucha termine con el buen final que aspiramos».
Como sea, es un clamor creciente en la ciudadanía local reclamar que se preserve la virtud de este puerto y por ello son incontables los reclamos para que nunca más vuelva a ser concesionado. Porque la Terminal Quequén además está considerada uno de los mejores puertos bonaerenses y de la Argentina toda.
Como en otros casos similares, lo verdaderamente conflictivo de este tipo de decisiones pasa por quienes se oponen a la imperativa reafirmación de Soberanía, que ha sido el factor históricamente más descuidado por casi todos los gobiernos de las últimas décadas. De hecho, la desaprensión y mal manejo de casi todas las administraciones oficiales ha sido un fácil atractivo para concesiones privadas que durante 30 años recibieron ingresos por muchos millones de dólares pero con pérdida absoluta de la Soberanía Argentina.
De ahí que, como legítima dueña de las instalaciones portuarias, la Provincia parece ahora decidida a abrir un proceso de recuperación de las instalaciones con el objeto de que –según diversas estimaciones– sólo con el manejo operacional se obtengan millones de dólares anuales para la Provincia. Se estaría incluso considerando abrir una oficina u organismo para comercializar exportaciones que se estima dejarían ganancias por otros 250 millones de dólares anuales netos. O sea, unos 7.500 millones en 30 años, si se extendiera la concesión.
Así las cosas, lo cierto es que más allá de seguir concesionando a monopolios privados, la recuperación del Puerto de Quequén es de extraordinaria importancia y oportunidad para que la Provincia recupere las instalaciones e inicie la comercialización autónoma sin pagar indemnizaciones, lo que en las actuales circunstancias es obviamente importantísimo. Y es que durante 30 años los resultados de la concesión hasta hoy vigente han sido muy beneficiosos para las compañías exportadoras, pero no para los pequeños productores de Quequén, Necochea y la Provincia en general. Los resultados han sido extraordinarios, pero solamente para las grandes exportadoras.
Por cierto, hace varias semanas fue creada, en la ciudad de La Plata, la Comisión Asesora Canal Magdalena con el objeto de articular la puesta en funcionamiento de dicho Canal con la recuperación de la Terminal Quequén para la Provincia. Ideas ambas que a mediano plazo podrían perfeccionarse con la creación de una primera Plataforma Offshore, en línea con el Canal para futuros beneficios económicos y afirmación de la soberanía nacional.
El puerto de Quequén tiene hoy unos 50 pies de profundidad, lo que lo convierte en uno de los más importantes de la Argentina. De hecho, es el único puerto de estas características en toda la costa bonaerense. Por eso mismo es tan importante en términos económicos, y también por eso es imperativo que no se entregue. El gobernador parece saberlo a cabalidad.
Y es que, como se viene consolidando la idea, y con muy buen tino, es cada vez más potente el acompañamiento a la decisión de Kicilloff, quien no sólo postergó la licitación dos veces consecutivas sino que lo hizo en base a una convicción clara e incontrastable: la provincia de Buenos Aires es real, legal y legítimamente la dueña de las instalaciones portuarias.
La recuperación de las mismas permitiría a la provincia, solo con el manejo de las operaciones, obtener beneficios por millones de dólares que de lo contrario pasarían a manos privadas claramente antinacionales durante otros 30 años. Lo que significaría perder muchísimos millones de dólares, con la consiguiente pérdida de soberanía. La complejidad de la cuestión está a la vista. La solución también.
Luego de 30 años se puede comprobar que los resultados sólo han sido beneficiosos para las exportadoras y siempre en detrimento de los pequeños productores, la región necochense y la provincia toda.
Los resultados no han sido beneficiosos en forma pareja ni para los productores ni para la provincia; los únicos grandes beneficiados –guste o no que se diga pero está a la vista– han sido los consorcios exportadores. Ya es hora de dar vuelta la taba.
Mempo Giardinelli