En estos últimos días circularon noticias sobre un potencial decreto que, en el marco de la ley bases, sometería a Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA) a una privatización parcial.
NA-SA es una empresa del pueblo argentino. Garantiza, con estándares internacionales de seguridad, cerca del 9% de la electricidad que consumimos a un precio accesible. Es superavitaria y estratégica: sostiene trabajo calificado, industria nacional, ciencia, tecnología y capacidades de ingeniería únicas en la región y en el mundo. La tecnología nuclear no es un privilegio, es una política de Estado que hace más de 70 años mejora la calidad de vida de las familias e impulsa a la industria argentina con energía segura y siempre disponible.
Actualmente las tarifas de NA-SA son de las más bajas del mercado, lo que redunda en un beneficio para la sociedad en su conjunto ya que reduce la tarifa de energía eléctrica en general, permitiendo una mejor competitividad energética de nuestro sector productivo. Privatizar NA-SA no va a mejorar la vida de la gente, sino que incentivaría a que se incremente la tarifa hasta igualar a la del mercado, pagando los ciudadanos esta diferencia para acrecentar la rentabilidad de un privado.
Este gobierno ya concretó la privatización de IMPSA, entregando a manos extranjeras una metalúrgica nacional centenaria y protagonista de los desafíos del sector nuclear. Su venta no benefició en ningún aspecto al pueblo argentino.
El gobierno de Javier Milei pretende convertir la infraestructura nuclear, con sus grandes obras de ingeniería y su personal al servicio de los argentinos, en un negocio donde se blindan rentas privadas y se socializan riesgos y pasivos de largo plazo. Las centrales nucleares requieren planificación, inversión sostenida y un activo control estatal para garantizar su seguridad y la previsibilidad en el suministro de energía eléctrica.
Este intento de privatización se da en el marco de una reducción sostenida en los salarios del sector, desfinanciamiento de proyectos y una incesante reducción de la planta altamente especializada mediante despidos injustificados de personal de carrera, o por migración hacia actividades mejor remuneradas.
Simultáneamente, el subsecretario de Reforma del Estado Alejandro Tamer, funcionario de Sturzenegger, desembarcó en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) para auditar las dotaciones de ambas instituciones. Su paso por otros organismos concluyó con una reducción de estructura organizativa y de personal.
Desde la APCNEAN repudiamos este intento de cercenar las capacidades estatales en materia nuclear. No vamos a tolerar que se entregue el patrimonio estratégico de la Nación por un apuro fiscal. Además, alertamos que no hay precisiones sobre el destino de las acciones en poder de la CNEA, dueña original de toda la infraestructura nuclear, que podría perder su participación en las decisiones sobre las centrales.
NA-SA es una empresa estatal modelo, con capacidad de operar y mantener las tres centrales nucleares argentinas, de finalizar exitosamente la construcción de la Central Nuclear Atucha II y la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse, y de ejecutar actualmente el proyecto de extensión de vida de la Central Nuclear Atucha I. Además, la alta calificación de su personal, ha motivado que grandes compañías internacionales de ingeniería soliciten su asistencia técnica permitiendo diversificar los ingresos de la empresa.
Defender a Nucleoeléctrica Argentina es defender a quienes trabajan y producen, y es apostar por una Argentina con soberanía energética, tarifas justas y desarrollo para todos y todas.
Secretariado Nacional de la APCNEAN