El 18 de abril Palantir Tecnologies publicó un manifiesto de 22 puntos pidiendo que la industria tecnológica norteamericana vuelva a fabricar armas. Una semana después, Peter Thiel —cofundador de la empresa— se reunió con Milei en Casa Rosada. Las dos cosas pasaron al mismo tiempo, y conviene mirarlas juntas.
El manifiesto se publicó en la cuenta de X de Palantir y juntó más de 32 millones de vistas. No es un comunicado de prensa: es un resumen del libro que Alex Karp, CEO de la compañía, publicó este año con Nicholas Zamiska, titulado The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West. El primer punto abre con una afirmación que hasta hace pocos años habría sido impensable en boca de una tech: Silicon Valley tiene una «deuda moral» con el país que hizo posible su ascenso, y la élite ingenieril tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. Fortune
El argumento que recorre los 22 puntos es que el modelo que armó a Estados Unidos durante la Segunda Guerra y la Guerra Fría —universidades, empresas y gobierno empujando juntos los avances tecnológicos— se rompió cuando la industria se fue corriendo hacia el consumo masivo. Aplicaciones de delivery, redes sociales, servicios de mensajería. Karp lo plantea sin vueltas: la cuestión ya no es si se construirán armas con inteligencia artificial, sino quién las va a construir y con qué propósito. Telecinco agrega algo más fuerte: el poder duro del siglo XXI se va a construir sobre software.
El manifiesto también pide reinstalar el servicio militar obligatorio en Estados Unidos, sostiene que la desmilitarización de Alemania y Japón después de 1945 fue una sobrecorrección que ya cumplió su ciclo, y critica al pluralismo cultural en términos que generaron una respuesta política inmediata. Más de 200.000 personas en Reino Unido firmaron una petición para revisar los contratos del gobierno con Palantir, y diputados británicos compararon el texto con un guión de villano.
Lo importante no es la polémica por el tono. Es que la empresa con más contratos militares y de inteligencia del gobierno norteamericano —ICE, NYPD, el Pentágono— acaba de publicar su programa ideológico en formato manifiesto. Hasta hace cinco años, las big tech competían por mostrar quién renunciaba a contratos del Departamento de Defensa. En 2018 Google bajó del proyecto Maven después de protestas de empleados. Palantir lo agarró. Hoy convierte ese trabajo en bandera.
Thiel en Barrio Parque
Mientras el manifiesto circulaba, Peter Thiel —cofundador de Palantir junto a Karp en 2003— estaba instalado en Buenos Aires. Llegó hace una semana, planea quedarse alrededor de dos meses, y compró una casa en Barrio Parque por la que pagó 12 millones de dólares. La Razon de Chivilcoy El 23 de abril fue recibido en Casa Rosada por el presidente Milei, junto al canciller Pablo Quirno. En la reunión también estuvieron Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital, y Matías Van Thienen, socio de Founders Fund. Argentina.gob.ar
Antes de ese encuentro, Thiel se reunió con Santiago Caputo. Y ahí la conversación deja de ser turismo. Palantir ya tiene una presencia conocida en el Estado argentino —el Ministerio de Defensa contrata sus servicios— pero lo que se está discutiendo ahora es de otro orden: el uso de la plataforma de la empresa para integrar datos de la SIDE y de otras dependencias de inteligencia. Es exactamente el tipo de producto que Palantir desarrolla para gobiernos: una capa de software que cruza bases de datos dispersas y las vuelve operables en tiempo real.
Thiel no da entrevistas durante esta visita y la agenda oficial del gobierno fue escueta. Pero la coincidencia con la publicación del manifiesto, sumada a que Caputo amplificó el texto desde su cuenta personal, marca que no se trata de una visita comercial cualquiera. Es una alineación pública.
Lo que esto significa para la región
Hay tres cosas que conviene separar.
La primera es geopolítica. Estados Unidos está reorganizando su aparato tecnológico-militar, y Palantir se posicionó como el vector explícito de ese giro. Argentina, con un gobierno que se identifica abiertamente con esa agenda, aparece en el mapa como un punto de aterrizaje natural. No es casualidad que el viaje de Thiel sea largo y que su agenda incluya tanto a Milei como a Caputo.
La segunda es de infraestructura de datos. Palantir no vende algoritmos: vende el sistema operativo donde se procesa la información sensible de un Estado. La discusión que se está dando en privado no es sobre IA en abstracto, sino sobre quién va a operar el back-end de la inteligencia argentina. Es una decisión que, una vez tomada, es muy difícil de revertir, porque migrar de proveedor implica reconstruir años de integraciones.
La tercera es de soberanía tecnológica, y es la que casi nadie está nombrando. La semana pasada, en esta misma columna, planteamos que Argentina tiene con qué jugar en al menos dos de las tres dimensiones que van a definir la próxima fase de la IA: energía y territorio para infraestructura, y datos sectoriales propios para entrenar modelos especializados. Lo que se discute con Palantir no toca esas dos dimensiones: las salta. Es contratar una capa extranjera para gestionar datos propios, en lugar de construir capacidad local para hacerlo.
Lo que viene
El manifiesto de Karp y la visita de Thiel marcan que el ciclo de Silicon Valley como espacio de cultura corporativa progresista se cerró. La nueva fase tiene un programa ideológico explícito, contratos con gobiernos como columna vertebral del negocio, y una estrategia de expansión internacional que pasa por encontrar gobiernos afines.
La pregunta que queda abierta es si Argentina entra en ese tablero como cliente o como socio. Comprar la plataforma resuelve un problema de corto plazo. Construir capacidad propia —en cómputo, en modelos sectoriales, en software de inteligencia— es una conversación distinta y más larga. Las dos cosas no son incompatibles, pero se ordenan distinto según en qué orden se decidan.
Y la otra pregunta, que es la que nadie debería esquivar: ¿qué datos van a procesarse en esa plataforma, bajo qué reglas, y con qué supervisión? Porque cuando la infraestructura de inteligencia de un Estado pasa a correr sobre software de un proveedor extranjero —cualquier proveedor, de cualquier país—, la conversación deja de ser técnica y pasa a ser constitucional.
Esteban Terranova