El 18 de junio, Javier Milei terminó una carta de respuesta a Yuval Noah Harari citando un cuento de Isaac Asimov de 1950: la historia de un candidato político sospechado de ser un robot que, según el presidente, resultaba más honesto y racional que cualquier humano. La usó como argumento a favor de su proyecto para crear «corporaciones no humanas». El problema es lo que el cuento no dice, y lo que el proyecto tampoco aclara.
El intercambio empezó el 8 de junio, cuando Harari —autor de Sapiens y Nexus— publicó en el Financial Times una columna titulada «No debemos otorgar personalidad jurídica a los agentes de IA». Apuntaba directo a una propuesta que Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, habían firmado días antes en el mismo diario: un proyecto de ley, ya enviado al Congreso, que reforma la Ley General de Sociedades para crear las «sociedades automatizadas», empresas operadas íntegramente por algoritmos o agentes de IA, sin necesidad de empleados ni accionistas humanos.
Harari describió en concreto lo que eso habilita: corporaciones que podrían poseer activos, contratar personal, participar del comercio internacional, iniciar demandas judiciales e incluso donar a campañas políticas. Entidades que juegan la partida económica con las mismas reglas que una empresa humana, pero sin ningún humano que responda por lo que hacen. Su frase más filosa quedó dando vueltas: Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam, pero corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia —la factoría colonial que la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales construyó sobre las ruinas de una ciudad que arrasó.
Milei respondió primero por X y después con una carta formal difundida por la Oficina del Presidente. Defendió la personalidad jurídica como una herramienta probada del derecho comercial, recordó que el propio Harari había elogiado en Sapiens la invención de la responsabilidad limitada, y cerró con Asimov. Pero el debate retórico, por entretenido que sea, tapa la pregunta que importa.
El robo sin el ladrón
El proyecto define a la sociedad automatizada como aquella que desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de IA, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria. El artículo 14 establece que la sociedad «responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial». Ahí termina la claridad. No aclara quién controla ese patrimonio, ni quién responde penalmente cuando el daño excede lo que ese patrimonio puede cubrir.
Y esa no es una objeción filosófica. Es un problema técnico-jurídico concreto que un abogado lo resume mejor que cualquier ensayo: el derecho penal castiga la intención, y la intención —el dolo— es humana. Una IA no tiene dolo, no es persona, no puede ser imputada. Pero un agente de IA sí puede, en los hechos, ejecutar un esquema para estafar, para vaciar, para dañar. El resultado es una figura inédita: el delito sin culpable imputable. El robo sin el ladrón.
Milei tiene un contraargumento, y vale la pena tomarlo en serio porque es el corazón de su defensa. Sostiene que una empresa de IA sería más adversa al riesgo que un ejecutivo humano: si la quiebra equivale, para ella, a la muerte, haría todo lo posible por mantenerse dentro de la ley. Es elegante. También es una apuesta. Asume que el incentivo económico de una caja negra que toma miles de decisiones por segundo va a coincidir, siempre, con el cumplimiento normativo. Y asume que, si no coincide, alguien del lado de afuera va a poder darse cuenta a tiempo. Esa segunda parte es la que no está resuelta.
La vidriera y el músculo
Acá conviene separar dos cosas que la discusión global mezcla. Una es si la idea es buena o mala en abstracto. La otra, más incómoda y más argentina, es si el Estado que la propone tiene con qué sostenerla.
El proyecto descarta de manera explícita cualquier mecanismo de supervisión previa. Es la diferencia central con el camino que tomaron las potencias occidentales: en el mismo mes en que Milei publicaba su columna, la Casa Blanca firmaba una orden ejecutiva que insta a las firmas tecnológicas a someter sus modelos más avanzados a una auditoría gubernamental de hasta 30 días antes del lanzamiento. La AI Act europea, que empieza a aplicarse el 2 de agosto, exige documentación técnica y supervisión humana verificable para los sistemas de alto riesgo. El esquema argentino va en la dirección opuesta: menos control, no más.
Reivindicar la IA «desregulada», sin la «mano mortal» del Estado, tiene una consecuencia que no suele decirse en voz alta. Auditar un sistema que toma decisiones a esa velocidad —cuando hace falta auditarlo, porque algo salió mal— requiere capacidad técnica instalada: gente formada, infraestructura de cómputo, equipos que entiendan el funcionamiento codificado de esas empresas. Un Estado que se propone como vidriera global de la IA mientras desfinancia el CONICET, las universidades y la ciencia se queda sin la musculatura para controlar, justamente, lo que prometió no mirar. La vidriera se construye rápido. El músculo, no.
Y hay un detalle que ordena el debate: la propia letra del proyecto, según los juristas que lo leyeron, todavía exige administradores que sean personas humanas o jurídicas, porque en la Argentina la IA no es —ni puede ser todavía— sujeto de derecho. Es decir: la «corporación no humana» del título es, por ahora, más anuncio internacional que arquitectura jurídica terminada. Milei se anotó un poroto en el debate global. Lo que se mandó al Congreso es bastante menos que eso.
El control que no existe
La discusión, despojada de Asimov y de las Indias Orientales, se reduce a una pregunta de capacidades. No de capacidades de la IA: de capacidades del Estado que pretende alojarla.
Argentina podría convertirse en el primer laboratorio global de este experimento. Es una posición que tiene un atractivo real —ser primero importa, y el país sabe vender audacia institucional en los foros donde eso se aplaude. Pero ser el laboratorio implica que el experimento se corre en casa, con consecuencias en casa, y que alguien tiene que poder leer los resultados cuando algo falla.
La pregunta entonces no es si la IA puede manejar una empresa. Ya puede. La pregunta es con qué músculo técnico real cuenta el Estado argentino para auditar lo que, por decisión expresa, eligió no mirar de antemano. Porque el día que una sociedad automatizada haga algo que no debía, no va a alcanzar con citar a Asimov. Va a hacer falta gente capaz de abrir la caja negra y entender qué pasó adentro. Esa gente, hoy, se está yendo.
Columna de IA por Esteban Terranova