El Súper RIGI llegó a la Cámara alta con media sanción desde el 24 de junio —130 votos a favor, 106 en contra, siete abstenciones— y el oficialismo quiere el despacho rubricado el miércoles 26. Promete captar inversiones de al menos mil millones de dólares en industrias de frontera: mega data centers de inteligencia artificial, infraestructura digital estratégica, semiconductores, biotecnología. La discusión pública se concentró en el costo fiscal y en el impacto ambiental, y con razón.
Pero hay una pregunta anterior que casi nadie está haciendo: ¿qué parte de todo esto es, efectivamente, inteligencia artificial argentina?
La respuesta: ninguna. El proyecto no lo exige en ningún artículo. El artículo 15 computa al doble las inversiones en investigación y desarrollo vinculadas al proyecto, pero no precisa como requisito que ese I+D ocurra en Argentina. Se puede duplicar el crédito por un laboratorio en California. Y el punto que más dudas generó entre los senadores dialoguistas fue la flexibilización del «compre nacional»: el texto elimina la obligatoriedad estricta de destinar un 20% de las compras a proveedores locales, y solo permite exigirlo cuando esas firmas ofrezcan precio y calidad equivalentes a las del mercado internacional. Traducido: no se exige nada.
Alojar no es desarrollar
Un data center de IA es una instalación de alojamiento. Procesa modelos entrenados en otro lado, con datos que en su mayoría no son locales, para clientes que están en cualquier parte del mundo. Que esté físicamente en Neuquén o en la Patagonia no lo vuelve argentino, del mismo modo que un puerto de exportación de soja no vuelve local a la trader que lo usa. Sin cláusulas de capacidad de cómputo reservada, transferencia tecnológica, formación de proveedores o acceso del sistema científico nacional, lo que se instala es un enclave con muy buena conectividad.
El dato de empleo lo confirma. En la audiencia del Senado, el abogado ambientalista Enrique Viale señaló que en Estados Unidos está demostrado que un data center genera entre 30 y 40 puestos de trabajo una vez en funcionamiento: el equivalente a un supermercado mediano. No es un argumento contra los data centers. Es un argumento contra venderlos como política industrial.
El costo corre treinta años
La objeción ambiental no es abstracta. Guido Zack, director de Economía de Fundar, planteó ante el plenario la necesidad de un control anual en materia de cumplimiento ambiental, consumo hídrico y consumo energético. Su observación central es de tiempo: el consumo de agua y energía de un centro de datos no ocurre el día uno, sino a lo largo de los treinta años que dura el régimen. Carlos Freytes, también de Fundar, apunta que los organismos internacionales recomiendan atar estos esquemas a metas comprobables y evaluaciones periódicas de tres o cinco años, nunca de treinta.
El texto que aprobó Diputados incorporó exigencias de estudio de impacto ambiental, pero sin intervención de agencias independientes y con sanciones irrisorias por incumplimiento. Un grupo de senadores —Juliana di Tullio, Eduardo de Pedro, Mariano Recalde, María Teresa González y Fernando Salino— pidió formalmente audiencias públicas antes del dictamen, invocando el Acuerdo de Escazú, que Argentina aprobó por Ley 27.566. Escala del problema: según la Agencia Internacional de Energía, los centros de datos consumieron cerca del 1,5% de la electricidad mundial en 2024, y esa cifra podría duplicarse hacia 2030.
La región ya legisló
Lo interesante es que los vecinos no eligieron entre atraer inversión o poner condiciones. Hicieron las dos cosas. Brasil combinó incentivos fiscales con requisitos de sustentabilidad e inversión en I+D: para acceder a los beneficios, las empresas deben abastecerse mayoritariamente con energías renovables y destinar parte de la capacidad de procesamiento al sistema científico-tecnológico brasileño. Chile, después del conflicto por el consumo hídrico de un proyecto de Google, diseñó un Plan Nacional de Data Centers que ata la localización a zonas con excedentes de energía solar y eólica. En Uruguay, Google construyó en Canelones en plena crisis de agua potable y las protestas lo obligaron a cambiar la refrigeración de agua a aire y a aceptar restricciones explícitas sobre el uso hídrico.
Y ahí es donde la conversación se vuelve concreta para Argentina. El país tiene 45 data centers y 73 MW instalados, contra 2.100 MW de Brasil y 624 MW de Chile. Ese rezago se usa como argumento para no exigir nada: estamos atrás, no estamos en posición de pedir. Pero Brasil, con casi treinta veces más capacidad instalada, exige más, no menos. La brecha no explica la falta de condiciones. La falta de condiciones explica una parte de la brecha, porque un régimen sin contrapartidas atrae capital que no deja nada detrás.
El antecedente está a la vista. Al RIGI original se presentaron 35 proyectos por más de 81.000 millones de dólares y solo 15 fueron aprobados hasta abril de 2026, con más del 95% concentrado en minería. Y Stargate Argentina —la carta de intención entre OpenAI y Sur Energy por hasta 25.000 millones de dólares y 500 MW— no tuvo novedades desde octubre de 2025. Este portal ya había planteado que la soberanía digital es un desafío concreto y la semana pasada comparó los enfoques regulatorios de Argentina y Brasil. El Súper RIGI es donde esa discusión deja de ser conceptual.
Lo que se viene
Los bloques aliados adelantaron que van a insistir con pedidos de modificación antes de firmar. Ahí está la ventana. No para frenar el régimen, sino para incorporar lo que la región ya incorporó: I+D radicado en el país, capacidad de cómputo reservada para el sistema científico y las universidades, controles ambientales anuales con agencias independientes, integración local vinculante.
Argentina tiene energía, territorio y talento técnico. Puede alquilar las tres cosas por treinta años o puede usarlas para construir capacidad propia. El Súper RIGI, tal como está escrito, elige lo primero y lo llama industria del futuro. La diferencia entre alojar la inteligencia artificial de otros y desarrollar la propia no es una sutileza semántica: es la diferencia entre cobrar un alquiler y tener un activo.
El miércoles se sabe si alguien en el Senado está dispuesto a hacer esa distinción, o si la discusión queda cerrada hasta 2056.
Columna de IA por Esteban Terranova