El 31 de agosto el Departamento de Guerra de Estados Unidos sumó dos herramientas a GenAI.mil, su plataforma interna de inteligencia artificial generativa: ChatGPT Mil, de OpenAI, y Grok for Government, de Starshield AI. Las dos quedaron acreditadas para manejar información no clasificada controlada en nivel de impacto 5. La plataforma arrancó hace nueve meses con Gemini de Google y ya suma más de 1,7 millones de usuarios únicos sobre una planta de 3 millones de militares y civiles. Más de la mitad del Pentágono usa IA generativa en el trabajo diario, y lo hace dentro de un entorno que el Estado controla. Eso abre la pregunta argentina que nadie está haciendo.
La respuesta corta: acá no existe nada parecido, y el uso ya ocurre igual. La Jefatura de Gabinete publicó en 2023 las Recomendaciones para una IA Fiable, la Agencia de Acceso a la Información Pública sacó su guía en 2025, la SIGEN incorporó controles de IA este año. Todo eso es marco. Ninguna de esas piezas resuelve el problema operativo que GenAI.mil resuelve: que un empleado pueda pegar un expediente, un informe o una planilla en un asistente sin que ese contenido salga de la órbita estatal. Mientras tanto, la literatura académica sobre administración pública argentina ya describe como fenómeno extendido el uso informal y no declarado de ChatGPT, Gemini o Copilot por parte de agentes públicos, con cuentas personales, para redactar, buscar y formar criterio. Nadie lo mide porque nadie lo autorizó.
Qué compró el Pentágono
Conviene precisar qué es GenAI.mil, porque el nombre confunde. No es un modelo militar. Es una capa de acceso: un lugar donde los modelos comerciales corren con configuraciones que impiden que los datos se usen para entrenamiento, con trazabilidad de usuario y con acreditación de seguridad por nivel de sensibilidad. ChatGPT Mil está pensado para el trabajo de oficina que consume tiempo de cualquier burocracia: administración, logística, planificación, política pública. Grok for Government suma modos de razonamiento, espacios de trabajo persistentes y «playbooks» reutilizables para retener conocimiento institucional. Herramientas de escritorio, no de campo de batalla.
Lo que el Pentágono compró es la garantía de que el trabajo cotidiano de 3 millones de personas no se filtra hacia servidores de terceros. El resto —qué modelo, de qué proveedor— es intercambiable. De hecho, esa es la lógica declarada: evitar el «vendor lock» teniendo tres proveedores en la misma plataforma.
Quién quedó afuera
Hay un ausente en la lista. Anthropic, la empresa detrás de Claude —el modelo que este portal cubrió en abril por su capacidad de encontrar vulnerabilidades—, fue designada «riesgo en la cadena de suministro» en marzo, después de negarse a permitir que sus modelos se usaran para vigilancia masiva doméstica o armas totalmente autónomas. El 27 de agosto una jueza federal declaró ilegal esa designación por retaliatoria; días después el subsecretario de Guerra confirmó que el Pentágono la mantiene y hay un segundo juicio en curso.
El dato importa acá por una razón menos evidente: muestra que el comprador estatal define las condiciones. Estados Unidos no adopta la IA con los términos que trae de fábrica; los renegocia, y cuando un proveedor no acepta, lo saca. El precedente Anthropic no es un tema de ética corporativa. Es un tema de quién tiene la lapicera.
El otro nombre en la lista
Grok no lo vende xAI. Lo vende Starshield AI, unidad de SpaceX, que absorbió xAI en febrero en una operación valuada en 1,25 billones de dólares. El nombre del producto indica que la oferta federal corre sobre la infraestructura segura de SpaceX y no sobre la comercial de xAI. Es el mismo conglomerado que provee Starlink en la Patagonia y cuya red se discute como opción de comunicaciones para las Fuerzas Armadas argentinas frente a ARSAT. Primero el satélite, después el modelo, todo bajo un mismo proveedor. Eso no es necesariamente un problema; es una decisión que conviene tomar sabiendo que se está tomando.
Y ahí es donde la conversación se vuelve concreta para Argentina. El DNU 314/2026 creó el Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar Argentino, financiado con inmuebles del Estado nacional y privatizaciones, y sus considerandos citan la irrupción de la inteligencia artificial y las armas robotizadas como razón de urgencia. La Resolución 323/2026 reorganizó el sistema de inteligencia de la defensa. Hay plata y hay reorganización. Lo que no hay, todavía, es una definición de en qué entorno va a trabajar la gente que use esas herramientas, ni con qué condiciones de uso, ni quién las escribe.
Lo que se viene
La escala de GenAI.mil presiona a todos los proveedores a tener versiones acreditadas para gobierno, no solo previews de investigación. Eso va a bajar el costo de montar un entorno de este tipo para cualquier Estado que lo pida. OpenAI ya dijo el año pasado que exploraba «oportunidades con el gobierno argentino». Las piezas están disponibles; lo que falta es la decisión de armarlas.
Tres tendencias se cruzan en esta noticia y ninguna es sobre modelos. La adopción masiva de IA en el Estado ya no se discute: se administra. El comprador estatal grande impone condiciones y el proveedor las acepta o se va. Y la infraestructura —conectividad, cómputo, modelo— tiende a concentrarse en pocos proveedores verticalmente integrados. Argentina llega a ese cruce con marcos escritos, sin plataforma, con uso informal generalizado y con un plan de reequipamiento que nombra la IA sin decir bajo qué reglas.
La pregunta no es si el Estado argentino va a usar inteligencia artificial. Ya la usa, desde miles de cuentas gratuitas. La pregunta es si va a escribir sus propias reglas de uso antes de que se las escriban los contratos.
Columna de IA por Esteban Terranova