El encuentro en el Salón Dorado juntó a científicos, sindicatos y a la industria metalúrgica proveedora alrededor de tres frentes: la obra frenada del CAREM, la privatización de Nucleoeléctrica y el ajuste en la CNEA. Dos de las tres centrales nucleares del país y el único reactor de potencia en construcción están en territorio bonaerense.
Axel Kicillof encabezó el jueves el 2° Encuentro de Política Nuclear y Soberanía Energética, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de La Plata. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas, Roberto Salvarezza; y el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni. Es la segunda convocatoria de este tipo en nueve meses: la primera fue en diciembre de 2025, en el mismo salón y con el mismo formato. El propio gobernador subrayó esa continuidad: dijo que en este segundo encuentro «volvieron a coincidir» en que el desarrollo nuclear construido durante décadas es estratégico.
La reunión ordenó el diagnóstico en tres ejes: la paralización del proyecto CAREM, el avance de la privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y el ajuste presupuestario en la Comisión Nacional de Energía Atómica. En su propia cuenta, el gobernador los enumeró en ese orden y definió lo que está en juego con una fórmula que excede lo energético: una inversión histórica en «ciencia, tecnología, industria y trabajo argentino». Ante los asistentes fijó posición sobre la venta: «Nos oponemos a la privatización del sistema nuclear argentino en cualquiera de sus componentes», y la calificó como un error histórico. En diálogo posterior con El Destape, fue más lejos: «Lo que hace Milei con la energía nuclear es imperdonable».
Tres frentes que corren a distinta velocidad
Los tres ejes del encuentro no están en el mismo punto.
El CAREM es el que tiene territorio. El reactor modular de diseño íntegramente argentino se construye en Lima, partido de Zárate, dentro del Complejo Nuclear Atucha, y es la única central nuclear de potencia en construcción en el país tras la paralización de Atucha III. La obra civil arrancó en febrero de 2014 —fue el primer SMR del mundo en entrar oficialmente en construcción— y hacia 2024 acumulaba unos 600 millones de dólares invertidos, con estimaciones de entre 200 y 300 millones pendientes para terminarlo. Desde entonces, la CNEA fue discontinuando la construcción civil, con despidos sucesivos de obreros en el predio. La obra no fue cancelada por acto administrativo: se detuvo por goteo.
La privatización parcial de NASA quedó habilitada por decreto en septiembre de 2025: venta del 44% del capital accionario por licitación pública nacional e internacional, 5% reservado a los trabajadores y 51% en manos del Estado, con una valuación estimada de entre 560 y 1.000 millones de dólares. Casi un año después, el expediente no se movió: fuentes del sector consultadas por el portal especializado U-238 confirman que el proceso está en pausa y no se espera que prospere durante 2026, relegado detrás de la venta de participaciones en centrales térmicas, AySA e Intercargo.
El tercer eje, el ajuste en la CNEA, es el menos visible de los tres y el que condiciona a los otros dos. Sin presupuesto de ingeniería y sin plantel, ni el CAREM avanza ni hay quién audite técnicamente una eventual venta.
El mapa nuclear argentino es, en buena medida, bonaerense
Hay una razón productiva por la que este debate aterriza en La Plata y no en cualquier otra gobernación.
Dos de las tres centrales nucleares del país —Atucha I y Atucha II— están en Lima, partido de Zárate. El CAREM se construye en el mismo predio. El Centro Atómico Ezeiza y el Centro Atómico Constituyentes, en San Martín, concentran buena parte de la capacidad de investigación y producción de la CNEA. En Ezeiza operan además CONUAR, que fabrica los elementos combustibles de las centrales argentinas, y la Fábrica de Aleaciones Especiales, que produce los componentes de circonio que esos elementos requieren.
Dicho de otro modo: la política nuclear es competencia federal, pero la infraestructura, el empleo calificado y la cadena de proveedores están, mayoritariamente, dentro de la provincia de Buenos Aires. Cuando la obra de Lima se frena, el desempleo lo absorbe Zárate. Cuando la CNEA recorta, el que pierde investigadores es el conurbano noroeste.
La cadena que se apaga sin hacer ruido
El detalle más significativo del encuentro, para quien mira la trama productiva, no está en las declaraciones sino en la lista de presentes. Entre los asistentes figuraron el expresidente de Nucleoeléctrica, José Luis Antúnez; el vicepresidente de Asuntos Tecnológicos del CONICET, Alberto Baruj; el investigador Andrés Kreiner; la diputada nacional Adriana Serquis, expresidenta de la CNEA; y el presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMRA, Ricardo Bernal Castro.
Esa última silla explica el sesgo del encuentro mejor que cualquier discurso. La Comisión Nuclear Metalúrgica se creó en 2010 dentro de ADIMRA con el objetivo de que la industria argentina accediera al mercado nuclear local e internacional. No es un actor sindical ni académico: es la representación de las metalúrgicas que fabrican para el sector.
El número que las ordena es conocido en la industria: el objetivo del CAREM fue siempre que alrededor del 70% de los insumos, componentes y servicios fuera provisto por empresas argentinas calificadas bajo los estándares internacionales que rigen la actividad nuclear. Esa calificación no se obtiene comprando una máquina. Requiere años de procesos certificados, auditorías y personal entrenado, y se sostiene únicamente si hay demanda continua. Un taller que pierde la calificación nuclear no la recupera cuando vuelve el presupuesto: la recupera cuando vuelve a atravesar todo el proceso, si es que todavía existe.
Es la diferencia entre una obra demorada y una capacidad perdida. La primera se retoma. La segunda se reconstruye.
Cuando el gobernador enumera lo que se pone en riesgo, la industria y el trabajo aparecen en el mismo renglón que la ciencia y la tecnología. No es una concesión retórica al auditorio: en el sector nuclear argentino esas cuatro cosas son la misma cadena, y se cortan en el mismo punto.
Un plan, no un reclamo
El cierre de Kicillof fue el tramo menos citado y probablemente el más relevante. Tras comprometer acompañamiento provincial al sector, planteó que hace falta «construir un plan nuclear integrado a una planificación energética, productiva, científica y tecnológica» que permita reconstruir las capacidades argentinas.
La frase es programática, no declarativa, y llega en un momento particular del debate internacional. El propio gobernador señaló que hay un retorno de la energía nuclear en el mundo y que la Argentina podría estar aprovechándolo. El Gobierno nacional coincide en parte del diagnóstico: en mayo de 2026 presentó los Lineamientos de la Política Nuclear Argentina, un documento que reorienta la prioridad del complejo hacia la exportación y la generación de divisas. La discrepancia no es sobre si el sector vale, sino sobre qué hay que hacer con él: capitalizar la parte rentable o sostener la cadena completa, incluida la que no factura por sí sola.
Ahí queda planteada la cuestión de fondo. Una provincia no decide sobre NASA, no fija el presupuesto de la CNEA ni ordena reanudar una obra federal. Lo que sí puede hacer —y es exactamente lo que hizo esta semana— es reunir a los actores, levantar un diagnóstico y redactar un programa. Convocar dos veces en nueve meses a científicos, sindicatos y metalúrgicos para discutir política nuclear excede bastante lo que una gobernación necesita para administrar su territorio.
Queda la pregunta que el encuentro no formuló: si la capacidad nuclear argentina sobrevive esta etapa, no va a ser por una decisión de mercado ni por un anuncio. Va a ser porque alguien la sostuvo mientras no rendía, y porque el plan que la ordene existiera antes de que hubiera con qué financiarlo.
Equipo «27» de AgendAR
