Nuestro posteo anterior sobre una cuestión opaca en el lobby nuclear puso nerviosos a funcionarios de Economía y a sectores empresarios vinculados al proyecto.
El anuncio de una inversión de US$1200 millones empieza a convivir con preguntas sobre las ventajas de la empresa estadounidense Meitner, los terrenos estatales y quién asumirá los riesgos.
Fuentes bien informadas creen que los funcionarios que impulsan esta movida “no se mueven precisamente por intereses del bien común”.
Nucleoeléctrica modificó su normativa para tramitar iniciativas privadas. Según las condiciones difundidas por el medio especializado Ecojournal, Meitner podría igualar una oferta mejor si la diferencia económica no supera el 15%. Si pierde, recibiría un resarcimiento pagado por el ganador. ¿Qué incentivo tendrán otros inversores para competir? Falta conocer el respaldo documental y la redacción definitiva del pliego.
El negocio incluye derechos de superficie sobre 12 hectáreas de Atucha, originalmente reservadas para la central proyectada con China.
Meitner busca instalar allí su reactor. El grupo Ansari controla la compañía e INVAP participa a través de su filial estadounidense.
La trama estatal tiene nombres. Federico Ramos Nápoli conduce la política nuclear bajo la órbita de Toto. Promovió a Juan Martín Campos, proveniente de Dioxitek, para conducir Nucleoeléctrica. En el directorio sigue Diego Chaher, responsable del programa privatizador y exejecutivo del grupo Vila-Manzano. Sus cargos los obligan a explicar las condiciones de la operación.
Del lado empresario aparece Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de Meitner, que participó en la presentación ante Caputo. Teófilo Lacroze, la figura ejecutiva más conocida del proyecto, renunció pocos meses después de asumir, sin que se conozca una explicación pública.
Meitner aspira a obtener el terreno y desarrollar el reactor; Nucleoeléctrica busca cobrar un canon y prestar servicios. Mientras tanto, trabajadores del sistema público denuncian pérdida de capacidades y los proveedores argentinos desconocen qué participación tendrán. China queda con un proyecto suspendido y un contrato cuyo destino debe aclararse.
Quien firma el pliego, cuánto vale el derecho sobre esas tierras y qué garantías habrá si el reactor queda inconcluso?
Beto Valdez
