«La tensión por Malvinas estimuló una invasión de flotas pesqueras piratas en el Atlántico Sur»

Flota pesquera, de noche (Foto Daniel Feldman)

La disputa de soberanía entre el Reino Unido y Argentina impide un régimen de gestión acordado de stocks compartidos (calamar, merluza y otras especies). Como resultado, flotas de larga distancia —especialmente chinas, pero también españolas, taiwanesas y surcoreanas— han aumentado drásticamente su actividad en las aguas entre Argentina, las Malvinas y Uruguay, una de las zonas pesqueras más intensas del mundo sin un organismo multinacional que las regule.

Según datos de Global Fishing Watch citados en el artículo, las horas de pesca estimadas de unos 500 barcos se duplicaron en la última década en la franja de 20 millas náuticas que bordea la zona económica exclusiva argentina. De los 554 buques operando justo fuera de esa zona, la mitad son chinos; los arrastreros de bandera china duplicaron sus días de actividad activos hasta septiembre de 2026 respecto a una década antes.

Esto genera riesgos de sobreexplotación: solo el 55,2 % de los stocks de la región se explotaban a niveles biológicamente sostenibles en 2023 (casi 3 puntos porcentuales menos que en 2021, según la FAO). La industria sostiene unos 900.000 empleos en la región y representa casi dos tercios del PIB de las islas. Científicos y empresarios pesqueros (como John Barton, de la asociación de empresas pesqueras de las Falklands, o Janet Robertson, de Consolidated Fisheries) advierten del peligro de colapso de la pesquería y piden una organización regional de gestión pesquera (RFMO), pero la falta de acuerdo político lo bloquea.

Los intentos de cooperación bilateral (años 90 y 2010) se abandonaron, y conversaciones informales más recientes (2025) sobre intercambio de información sobre barcos extranjeros se han estancado. El presidente argentino Javier Milei ha endurecido la postura argentina (sanciones, arbitrajes internacionales) en paralelo al avance del primer proyecto petrolero comercial offshore de las islas (Sea Lion), lo que complica aún más cualquier colaboración. Argentina no reconoce al gobierno de las islas y considera ilegal la pesca que licencia. Argentina intensifica el control en el borde de su zona exclusiva (multas equivalentes a 3,5 millones de dólares entre enero y agosto), pero sin gobernanza en alta mar los incentivos de conservación son débiles.

En resumen: la rivalidad geopolítica crea un vacío regulatorio que las flotas extranjeras explotan, elevando el riesgo de agotamiento de recursos clave para la economía regional.

Información de Financial Times, noviembre 1, 2026

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