El gobierno finalmente oficializó el plan de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) con la publicación este martes del decreto 695 en el Boletín Oficial. La única modificación respecto del 13 de septiembre es la eliminación de un artículo que obligaba a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a transferirle a la Secretaría de Energía las acciones que controla en la empresa previo al inicio de la licitación.
La norma, ahora de ocho artículos, establece que se pondrá a la venta en bloque un 44% de NA-SA mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada. De este modo, el Estado Nacional conservará el control de este activo estratégico, que opera Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida ya generó rechazo en el sector nuclear y algunos especialistas advirtieron sobre las dificultades para concretar esa venta.
Los cambios
El artículo 2 incorpora un párrafo que no estaba en la versión a la que había accedido este medio donde se afirma que el cincuenta y un por ciento (51 %) del paquete accionario NA-SA “quedará en poder del Estado Nacional –Secretaría de Energía y de la Comisión Nacional de Energía Atómica-, manteniendo el Estado Nacional la participación mayoritaria en el capital social”.
El 79% de las acciones de NA-SA están actualmente en poder del Ministerio de Economía, otro 20% lo tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante pertenece a Enarsa. En el borrador, decía que antes de avanzar con la venta la CNEA debía transferirle su 20% a la Secretaría de Energía de la Nación y lo mismo le exigía a Enarsa con el 1% que tiene en su poder. Además, instruía a NA.SA, conducida por Demián Reidel, a transferir en el plazo de 60 días el 0,01% del capital accionario de Enarsa.
De todo eso, lo que cambio es la obligación de CNEA de transferir su 20% ya que se eliminó el artículo que lo ordenaba. El anticipo de este medio había puesto en alerta a las autoridades de la CNEA, pues si la Comisión transfería el 20% de NA-SA iba a perder en el directorio de la empresa que actualmente ocupa el presidente de la CNEA. Germán Guido Lavalle, que es vicepresidente de la empresa generadora.

La reacción de CNEA y el cambio introducido fue lo que demoró la publicación de la norma que había sido confirmada por la Secretaría de Energía a través de un comunicado el 16 de septiembre.
El decreto, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que Economía dictará las normas operativas y complementarias para concretar la venta, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que conduce Diego Martín Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó al Estado con el mandato explícito de impulsar procesos de privatización, reestructuración y reorganización de empresas estatales.
La potencia instalada de las tres centrales nucleares que controla NA-SA es de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada por NA-SA trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). Eso se explica por el factor de capacidad. Las centrales nucleares suelen funcionar de manera más constante y con menos paradas que otras tecnologías, como las centrales hidráulicas, que están sujetas al caudal de los ríos, o las renovables, que dependen del viento y el sol.
Fernando Krakowiak
Una respuesta que quieren frenar esto:
Ante el avance del Gobierno se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para sacarla de esa lista y así evitar su privatización, por considerarla un bien estratégico nacional. Los diputados Pablo Carro y Gabriela Estévez presentaron un proyecto breve que solamente incluye el cambio de ese artículo de la Ley Bases y esperan que en los próximos días pueda aprobarse.
En los años ‘90, Nucleoeléctrica Argentina se creó para gestionar las centrales nucleares, ya que antes esa tarea estaba a cargo de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). El objetivo de su creación era poder privatizarla pero en aquel momento no se consiguió un comprador.
“Hay que moverse rápido para evitar la privatización antes de que el Gobierno la firme con Estados Unidos a cambio de que le compre algunos bonos», dice Carro.
El autor del proyecto, Pablo Carro (UxP de Córdoba), explicó a TSS: “No se debe privatizar (Nucleoeléctrica) porque es un activo estratégico del país. Además, es súperavitaria. Si diera pérdida podría haber una discusión pero si da ganancias no tiene sentido. Se trata de la energía nuclear, de la capacidad de proveer energía generada en el país y por una cuestión de soberanía no puede estar en manos privadas. Ahí hay un proyecto que es clave para la Argentina, que es el CAREM, para crear reactores nucleares modulares con capacidad, patentes Argentinas y materias primas argentinas. Ese proyecto lleva dos años parado gracias a Demian Reidel y otros directivos. El objetivo de Estados Unidos es que no lo terminemos y le tengamos que comprar a ellos esos reactores y, si no los compramos, aunque sea, que no seamos un competidor”.
Actualmente, el Gobierno se encuentra en una posición de mucha debilidad estratégica con Estados Unidos y debió aceptar un salvataje como último recurso con un aporte del tesoro de ese país, para fortalecer las reservas en un momento de mucha inestabilidad. El secretario del Tesoro estadounidense, al momento de anunciar el acuerdo con la Argentina, dijo que nuestro país ofrece oportunidades para el suyo en materia de energía, minerales y en energía nuclear.
Frenada la construcción del CAREM, el más avanzado en su tipo del continente, el Gobierno convirtió a la Argentina en el primer país latinoamericano en ser “socio contribuyente” al programa de Estados Unidos FIRST, el programa de infraestructura fundamental para el uso responsable de reactores modulares pequeños, que apunta al despliegue de este tipo de reactores por el mundo, principalmente para ser usados para dar energía a centros de datos para inteligencia artificial. Seguramente, esta iniciativa de Estados Unidos no hará otra cosa que postergar la construcción de un diseño argentino que ya contaba con un porcentaje de avance muy importante luego de más de una década de construcción efectiva y tres décadas desarrollo.
EL proyecto del prototipo del reactor modular CAREM se encuentra frenado desde la asunción de Milei.
“Hay que moverse rápido para evitar la privatización antes de que el Gobierno la firme con Estados Unidos a cambio de que le compre algunos bonos. Estamos trabajando con la ley de Discapacidad, con la de Financiamiento Universitario. Pero ya no es el momento en el que se aprobó la Ley Bases, cuando muchos querían delegarle atribuciones al Ejecutivo para que tuviera las herramientas para gobernar. Hoy ya vimos qué hace el Gobierno de Milei con esas herramientas que le dio la oposición amigable, y ya no están tan convencidos de que haya que acompañar al Gobierno cuando va directo al abismo, cuando quiere desarticular proyectos estratégicos para el país. Estoy confiado en que vamos a tener apoyo para frenar esta privatización”, dijo Carro. Seguramente, esta modificación será incluida en la discusión por la ley de presupuesto nacional que empieza en estos días.
De momento se está esperando ver cuáles serán los giros a comisión del proyecto. Hoy hay un problema importante: todas las comisiones presididas por el oficialismo no están abriendo las reuniones para tratar proyectos y solo se pueden poner en funcionamiento emplazándolas en una sesión plenaria de la Cámara, por lo que es necesario un paso más de lo usual y eso ralentiza el trabajo parlamentario. El 10 de diciembre vencen las presidencias de las comisiones y de la Cámara, por lo que muchas pueden cambiar de partido. De todas formas, hay un acuerdo tácito en el Congreso de que la comisiones más importantes, como Presupuesto, siempre sean presididas por el oficialismo, al igual que la presidencia de la Cámara, aunque seguramente cambiarán los nombres. En la primera dejaría de ser Espert el presidente y en la segunda Martín Menem. Dependerá del resultado de las elecciones.
Garro explicó a TSS: “Hay organismos de ciencia y tecnología que dependen de la Nación pero tienen mucho desarrollo en la provincia, como la CNEA, el INTI, INTA, FADEA, Fabricaciones Militares, CONAE, las universidades públicas. Todas instituciones claves para el desarrollo nacional, de nuestra provincia y para la defensa de nuestra soberanía. No conozco a nadie en Embalse que piense que sea una buena idea privatizar la gestión de la central nuclear”.
Matías Alonso – TSS UNSAM