La lectura del proyecto de ley de Presupuesto es monótona. Muchos números, muchas páginas. Pero vale la pena. Ahí está estimado que en el 2019 las exenciones impositivas que favorecen a los jueces y a las mineras le cuestan al Estado -a todos nosotros, en los impuestos que se pagan o los servicios que no se reciben- $ 13.758 millones, una cifra similar al recorte que tendrá la inversión en infraestructura energética.
Así se desprende del proyecto enviado el lunes al Congreso, que prevé «gastos tributarios» por casi $ 430.000 millones, más de lo que se ahorrará el oficialismo por el ajuste en los gastos primarios, calculado en $358.039 millones.
En esa partida, incluida en el Presupuesto todos los años, se hace una proyección de los ingresos tributarios que el Ejecutivo cede por diversos regímenes impositivos o de promoción industrial, como alícuotas diferenciales de IVA para ciertos productos de necesidad básica, o cuestiones estratégicas como la promoción en Tierra del Fuego.
Un punto sobre el que se viene debatiendo desde hace años es el beneficio de los jueces, que no pagan impuesto a las Ganancias a pesar de gozar de los salarios más altos del país. Por esta vía, en 2019 se escaparán de las arcas públicas $9.854 millones.
Otro aspecto controvertido es de la «promoción de la actividad minera» estipulado en la ley 24.196 de 1993. El Estado dejará de recaudar $ 3.904 millones en concepto de exenciones de derechos de importación ($2.179 millones), beneficios diversos en Ganancias ($933 millones) y estabilidad fiscal ($791 millones).
Si se suman estos dos conceptos, la cifra es un poco menor al recorte nominal que tendrá la partida de inversiones en energía, que pasará de $ 22.290 este año a $ 7.320 millones en 2019, un 67% menos, siempre según el proyecto de Presupuesto.