El sector educativo universitario atraviesa una crisis debido a la decisión del Gobierno de congelar los sueldos de los trabajadores de las universidades nacionales y los fondos para el funcionamiento de las casas de estudios, además de los hospitales que dependen de las universidades. Según cálculos de los sindicatos de trabajadores docentes y no docentes, sería necesario un aumento superior al 50% para que los salarios recuperaran los niveles, ya bajos, de diciembre de 2023.
En 2024, la oposición en el Congreso presentó el primer proyecto de ley para poder garantizar el el financiamiento de las universidades luego de una multitudinaria marcha en todo el país. Fue aprobada por un amplio margen pero luego vetada por el presidente Javier Milei. Un año después pudo presentarse una nueva ley que también fue aprobada, vetada por el presidente pero luego insistida por los dos tercios de ambas cámaras del Congreso. La insistencia del Congreso es muy difícil de conseguir y solo se ha hecho en 25 oportunidades en los últimos 45 años de democracia.
El Gobierno no tenía más opción que aplicar la ley pero optó por suspenderla pidiendo aclaración al Congreso sobre el origen de los fondos, argumentando no disponer del dinero para cumplirla. A fin de año intentó nuevamente derogarla en un artículo del presupuesto pero fue nuevamente rechazado. En el frente judicial, el juez federal Martín Cormick ordenó que el Ejecutivo debía cumplir la ley, pero el Gobierno lo recusó para así ganar tiempo, con la excusa de que no podía ser imparcial por ser profesor en una universidad.
Qué dice el nuevo proyecto de financiamiento universitario
El proyecto presentado por el Gobierno dice que llamará a paritarias, aunque no aclara que deberán ser de, como mínimo, montos iguales a la inflación, y no reconoce lo perdido en los salarios de 2024. En cuanto al año 2025, propone un aumento del 12,3%, dividido en tres cuotas a pagarse a partir de los meses de marzo, julio y septiembre. En estos dos años de gestión de La Libertad Avanza, el Gobierno nunca había llamado a paritarias a los gremios y siempre había dado aumentos por debajo de la inflación y de forma unilateral.
“Esto no resuelve el reclamo. La ley de Financiamiento dejaba todos los rubros como estaban en 2023. Esto solo resuelve un tercio del problema”, dijo Jorge Aliaga, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactasy Naturales de la UBA, integrante del directorio del CONICET y actual secretario de Planeamiento y Evaluación Institucional de la Universidad Nacional de Hurlingham. Y agregó: “Es un parche que mejoraría un poco el salario actual y que otros trabajadores de la administración pública no tienen, como los investigadores. Pero no se estaría recuperando ni siquiera la situación salarial de 2023, que era mucho peor a la de 2015, y que ya era peor a la de 2012”.
El proyecto de modificación presentado por el Ejecutivo también quita de la ley aprobada el apartado para la recomposición salarial de las becas para estudiantes y elimina la actualización de los fondos para el funcionamiento de los hospitales universitarios, que debía seguir a la inflación medida por el INDEC y les busca fijar un monto fijo de 80.000 millones de pesos para este año. En cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades, el nuevo proyecto establece que se ajustarán si la inflación supera el 14,3% anual previsto en el Presupuesto Nacional, sin reconocer lo ya perdido, que viene poniendo en jaque al funcionamiento normal de las universidades.
La iniciativa ingresará primero en la Cámara de Diputados, como se suele hacer con los proyectos mandados por el Poder Ejecutivo, y aunque está propuesto para las sesiones extraordinarias de febrero es muy difícil que pueda ser tratado ahora. “La posibilidad de aprobarla dependerá del toma y daca que haga el Gobierno. Con las últimas elecciones no están tan lejos y tienen herramientas para negociar con los gobernadores”, dijo Aliaga. Frente a esta iniciativa, las instituciones nucleadas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales (CTERA, CONADU, FEDEUN, UDA, FAGDUT y FATUN) anunciaron un paro de una semana para mediados de marzo, para cuando la mayoría de las universidades empiece el ciclo lectivo, bajo la consigna “La Ley de Financiamiento Universitario no se toca, se cumple”.
Matías Alonso