Federico Sturzenegger logró, después de muchos intentos fallidos, flexibilizar las normas para facilitar el otorgamiento de patentes farmacéuticas y le aplicó un durísimo golpe a Hugo Sigman y los laboratorios nacionales. La medida, que era una de las exigencias del acuerdo con Estados Unidos, también era resistida por Mario Lugones.
El ministro de Desregulación anunció la derogación de una resolución de 2012 que imponía fuertes trabas para patentar medicamentos y favorecía el monopolio de los laboratorios nacionales que lideran Sigman y Daniel Sielecki. La norma de 2012 había sido impulsada por el entonces ministro de Salud, Juan Manzur, muy cercano a Sigman.
Como contó LPO, hace meses que Sturzenegger firmó una resolución anulando la resolución de Manzur, pero Mario Lugones la cajoneó. El ministro de Salud y su hijo Rodrigo, socio de Santiago Caputo, son muy cercanos a los jefes de los laboratorios locales y venían jugando a su favor.
Pero la firma del acuerdo comercial con Donald Trump dejó sin margen a los funcionarios que frenaban los cambios en las patentes. Una de las tantas exigencias de EE.UU. era que Argentina modernizara su sistema de patentes y adhiriera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). LPO ya había adelantado el año pasado que esa era una de las exigencias de Trump y Bessent para el rescate económico.
La pelea por las patentes ya le había costado caro a Diana Mondino. La excanciller era partidaria de desregular y adherir a la normativa de EEUU, pero chocó con la resistencia de Javier Milei. Esa contradicción ideológica del presidente acaso estuvo motivada por los generosos aportes de campaña de los laboratorios liderados por Sigman y Sielecki. Los empresarios ya habían sido premiados con la embajada de Francia para Ian Sielecki, sobrino de Daniel, y con una muy buena influencia en la de España para Sigman, que tiene en ese país grandes negocios.
El régimen que funcionaba hasta ayer complicaba severamente el patentamiento de productos de laboratorios extranjeros con el argumento de proteger a la industria local. Se trataba de una legislación muy restrictiva similar a las de Venezuela o China.
«Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales – incluyendo Estados Unidos, con quien avanzamos en un acuerdo que como contraparte de esta normalización le abre todo su mercado doméstico a nuestra industria farmacéutica», festejó Sturzenegger.
Los laboratorios nacionales nucleados en Cilfa, que habían lanzado una fuerte campaña mediática, lograron que al menos Sturzenegger les concediera que no será retroactiva, por lo que los medicamentos que venían siendo comercializados no quedarán sujetos a reclamos de compensaciones económicas por parte de los dueños de las patentes originales.
Comentario de Agendar:
El artículo de LPO no preanuncia la tragedia médica inminente para pobres y viejos, pero al menos pinta bien la trampa regulatoria.
En EEUU las patentes exitosas son como Matusalén: no se mueren nunca. Podés renovarlas con cambios casi cosméticos de excipientes, posologías y packaging, y una molécula activa con 20 años de vieja vuelve a nacer como nueva y sin arrugas.
Para una obra social o un paciente con una enfermedad crónica, es un desastre, porque el acceso a la medicación aquí es posible por la fabricación nacional de drogas que excedieron su tiempo de protección. Queda eliminada la libre copia de la patente a los 20 años, porque la original no muere nunca. ¿Como pisarle el precio?
Los EEUU no tienen problema alguno en encarecer exprofeso la medicación para sus propios habitantes, cuya expectativa de vida, y es el efecto de esa causa, suele ser inferior a la de los europeos o los japoneses. En oncología y cardiología esto es muy evidente.
La industria farmacológica argentina podría hacer lo mismo con sus desarrollos propios y volverlos legalmente más inmortales que Gilgamesh. Pero son menos laboratorios, menos opulentos, cuentan con menos abogados que hagan magia a su favor, y tienen en contra a la autoridad regulatoria actual del estado.
Con la cancha inclinada en contra, sin ese paraguas de un ente regulador que defienda a los argentinos, las pocas novedades farmacológicas nacionales mueren en la cuna. Y las ajenas te matan con precios que jamás bajan.
Es un asunto de «tradición de la casa». La ANMAT fue diseñada durante el primer gobierno de Menem para el licenciamiento automático de toda autorización de medicamentos librada por la Food and Drug Administration. Fue dibujada en estatutos y autoridades a pedido de las multinacionales de CAEME.
Eso rompió la tradición anterior del Instituto Nacional de Bromatología, con larga fama de imparcial y exigente hasta entrados los ’80. La Argentina tiene a veces estos cisnes negros, y generalmente los mata.
En oposición, la ANMAT le hace la vida imposible a todo laboratorio argentino que venga con una novedad, aunque ésta mitigue una catástrofe sanitaria.
El caso más reciente son los dos años de atraso que le impuso Salud Pública al inicio de los estudios de fase de la vacuna anticovid de la UNSAM, la Universidad Nacional de San Martín.
Sólo se autorizaron los estudios de fase 2 y 3 a fines de 2023, bien pasada la pandemia. Fue como cerrarle puertas al enemigo después de que te incendió la ciudad.
A esa altura de las cosas, se habían muerto de Covid 130.000 argentinos, al menos la mitad al cuete porque el personal sanitario no estaba vacunado. Mientras aquí se aplicaban las vacunas de Sputnik V, Astra-Zeneca, Sinofarm y las de Pfizer,, que además de costar hasta 9 veces más, no llegaban nunca.
A espera de una luz verde regulatoria para entrar en fabricación masiva, el laboratorio Cassará perdió 11 millones invertidos en una planta nueva para fabricar masivamente la vacuna de la UNSAM. ¿Qué fabricante nacional se atrevería a repetir esa patriada, según terminó?
Dicho esto sin ninguna voluntad de defender a CILFA. Hasta hoy lleva más de 30 años en que no fue políticamente capaz ni una sola vez de dar batalla de frente contra la mafia de la ANMAT y las multis.
No lo hizo siquiera entre desde 2003 y 2015, cuando era difícil pero menos cuesta arriba, y tampoco en el incendio desde 2019 a 2022, era moralmente inevitable no poner el pecho.
Si nos tienen que defender personajes como Hugo Sigman o Mario Lugones, es que ya estamos en el horno.
Daniel E. Arias