Este 14 de julio, la Provincia de Buenos Aires publicó el Decreto 742/2026. Establece un marco obligatorio para desarrollar, contratar y usar sistemas de inteligencia artificial en toda la administración pública provincial, crea un registro específico y designa a la Subsecretaría de Gobierno Digital como autoridad de aplicación. Ningún organismo puede avanzar con un proyecto de IA sin que esa subsecretaría lo evalúe, analice los riesgos y homologue la herramienta. Lleva las firmas de Axel Kicillof y Carlos Bianco. No fue una decisión del Estado Nacional: fue una provincia la que se movió primero. Y detrás de esa noticia administrativa, aparentemente gris, está la pregunta argentina que nadie está haciendo: ¿de qué sirve regular cómo usamos la inteligencia artificial si la máquina que la produce sigue estando en otro lado?
La respuesta corta: sirve, pero no alcanza. Poner reglas sobre el uso es un paso necesario y hasta ahora inédito en el país. Le pone supervisión humana, protección de datos y trazabilidad a algo que se venía adoptando sin preguntarse demasiado de dónde venía. Pero regular el uso de una tecnología no es lo mismo que controlar la tecnología. Y esa diferencia, que parece técnica, es exactamente la que Argentina pagó cara una vez.
La máquina suiza
En 1982, buena parte de las comunicaciones cifradas del Ejército y la Armada argentina pasaban por equipos de Crypto AG, una prestigiosa empresa suiza que vendía sistemas de comunicación segura a más de cien países. El mensaje entraba, salía convertido en ruido y viajaba por radio. Del otro lado, sin la clave, tenía que ser indescifrable.
Esa era la promesa.
Casi cuarenta años después, una investigación basada en documentos de inteligencia confirmó que Crypto AG había sido comprada y controlada en secreto, desde 1970, por la CIA estadounidense y el BND alemán. Los servicios no interceptaban cada máquina: controlaban el diseño. Decidían qué países recibían cifrado robusto y cuáles compraban versiones deliberadamente debilitadas. Durante la guerra, Estados Unidos obtuvo comunicaciones argentinas por esa vía y compartió información con Gran Bretaña. En pocas horas, un mensaje que salía del continente podía terminar sobre un escritorio británico.
Conviene ser preciso, porque el dato exacto pesa más que la versión épica: no toda la fuerza estaba comprometida por igual. La Fuerza Aérea usaba otros equipos y quedó bastante menos expuesta. La vulnerabilidad no era un accidente ni una falla de mantenimiento. Era el producto. Argentina había comprado seguridad, pero estaba alquilando confianza.
El idioma que no compramos
Alrededor de ese episodio circula otra historia, más luminosa. Se cuenta que soldados correntinos, misioneros y formoseños usaron el guaraní en las comunicaciones por radio, para que los mensajes en castellano no sirvieran de nada si eran interceptados. La imagen es potente: mientras la máquina europea fallaba, una lengua originaria protegía lo que la tecnología importada no podía.
Hay que tomarla con pinzas. Que algún soldado guaraní-hablante lo usara de manera espontánea es perfectamente razonable por origen geográfico y por las condiciones del conflicto. Lo que no está documentado es un sistema militar formal, organizado alrededor de esa lengua. Y un idioma no es un sistema criptográfico: se puede grabar, mandar a un especialista y traducir después. Puede demorar una escucha, no cancelarla.
Pero en una operación militar, la demora a veces alcanza. Y ahí queda la lección, sin necesidad de inflarla: una capacidad propia, que la estructura formal consideraba periférica, pudo proteger mejor que una tecnología carísima y supuestamente segura. Lo importado venía intervenido. Lo propio, no.
Usar no es controlar
Cuatro décadas después, la inteligencia artificial vuelve a plantear el mismo problema con otra ropa. No porque ChatGPT, Claude o Gemini sean una nueva Crypto AG: no hay evidencia de eso y la comparación literal sería conspirativa. El paralelismo está en otro lado.
Argentina incorpora IA en empresas, universidades, estudios y organismos públicos. Con esas herramientas redacta, analiza, programa y, cada vez más, decide. Pero casi todos esos modelos se desarrollaron afuera, corren sobre infraestructura que no controlamos, bajo leyes que no votamos y con condiciones de acceso que sus dueños pueden cambiar de un día para el otro. Conocemos la interfaz. No conocemos el sistema completo.
Tener una cuenta no es controlar la infraestructura. Poder usar un modelo no es poder auditarlo. Integrarlo a un proceso no garantiza que siga disponible mañana. En 1982, Argentina tenía las máquinas. Lo que no tenía era control sobre su diseño. Esa es toda la diferencia.
Lo que firma la Provincia
Y ahí es donde la conversación se vuelve concreta para Argentina. El Decreto 742/2026 no construye un modelo argentino capaz de competir con OpenAI o Anthropic, ni resuelve la dependencia de chips y software extranjero. Sería deshonesto venderlo así. Lo que hace es algo más modesto y menos frecuente: obligar a la administración provincial a preguntarse qué herramienta usa, quién la homologa, dónde quedan los datos y quién responde si algo sale mal.
Eso se apoya en una decisión anterior. Dentro de la Agenda Digital 2024-2027, la Provincia había planteado un Nodo Tecnológico de IA en su propio Centro de Procesamiento de Datos, para ampliar capacidad de cómputo bajo control provincial. Primero la infraestructura, después las reglas de uso. El orden no es casual.
Se puede discutir la escala, el presupuesto y cuánto de todo esto va a funcionar de verdad. Lo difícil de discutir es el enfoque. Una administración que solo contrata IA es un cliente. Una que construye infraestructura, forma gente, fija reglas y conserva sus datos empieza a ser un actor. La diferencia parece semántica. Es política.
Lo que se viene
La discusión sobre soberanía cae rápido en dos extremos igual de cómodos. De un lado, la fantasía de un ChatGPT nacional con escarapela, imposible de sostener con la escala de inversión y cómputo que exige hoy la frontera. Del otro, el derrotismo de que no vale la pena hacer nada porque siempre va a ser más barato alquilarle todo a los que ya dominan el mercado.
En el medio hay un territorio enorme, y es el único realista. Argentina puede correr modelos abiertos en infraestructura propia, construir sistemas especializados para administración, salud, agro o legislación, armar repositorios de datos bajo reglas nacionales, formar equipos capaces de auditar modelos ajenos y, sobre todo, definir qué información no debería salir nunca de su jurisdicción. Nada de eso es quedarse afuera. Quedarse afuera de la IA no es autonomía: es atraso. Se trata de usar las mejores herramientas sin entregarles toda la operación.
Porque la tecnología global sigue teniendo domicilio. La nube ocupa edificios concretos, los modelos corren en data centers concretos, los chips salen de fábricas concretas y los contratos se dirimen en tribunales concretos. Detrás de cada servicio aparentemente universal hay una empresa y un Estado con capacidad de decidir quién accede, en qué condiciones y hasta cuándo. Un decreto provincial no cambia esa geografía. Pero es lo primero que se le parece a una decisión.
En Malvinas, Argentina descubrió demasiado tarde que no controlaba la máquina que guardaba sus secretos. Hoy tiene, por primera vez y por decisión de una provincia, alguien que al menos empieza a escribir las reglas del juego. La pregunta es si vamos a esperar otra vez a que aparezca el conflicto para entender que la soberanía tecnológica se juega mucho antes —¿o esta vez la decisión se toma con la máquina todavía apagada?
Columna de IA por Esteban Terranova