Argentina tiene hoy 13 data centers operativos de más de 1 MW, que suman cerca de 32 megavatios de capacidad instalada. El proyecto Stargate, solo, plantea 500. Eso no es una ampliación de infraestructura: es un acto fundacional. Un país que pasa de 32 a 532 megavatios define su infraestructura digital para una generación entera en un solo contrato, y ese contrato depende de un régimen que el Senado va a tratar en las próximas semanas. La discusión que circula es si conviene o no atraer megacentros de datos. Esa pregunta ya está respondida: conviene. La pregunta argentina que nadie está haciendo es otra.
La respuesta corta: con qué contrapartida. Y esa pregunta se vuelve más urgente, no menos, cuanto más grande es el salto. Nadie negocia igual desde 32 megavatios que desde 500.
El tamaño real
La inteligencia artificial dejó de medirse en modelos y empezó a medirse en megavatios. Gartner proyecta que los centros de datos van a consumir 565 TWh de electricidad este año, contra 447 TWh en 2025. Los servidores optimizados para IA explican el 31% de ese total, con un crecimiento interanual del 84%. La Agencia Internacional de Energía —que usa otra metodología y estima 460 TWh para 2025, más o menos lo que consume Francia en un año— calcula que el consumo global de estas instalaciones podría llegar a 945 TWh hacia 2030.
Esa demanda tiene que aterrizar en algún lado, y el mapa se está redibujando. Según el informe Global Data Center Trends 2026 de CBRE, Latinoamérica creció 41,3% interanual en el primer trimestre. Ninguna otra región del planeta alcanzó ese ritmo; Norteamérica quedó segunda con 33%. Los cuatro mercados grandes de la región suman 1.045 MW: São Paulo 536,7, Querétaro 298,2, Santiago 165,8 y Bogotá 44,3. Querétaro creció 450,2% en doce meses.
Y ahí es donde la conversación se vuelve concreta para Argentina. Los 32 megavatios del país no solo son pocos en términos absolutos: están concentrados. El 71% de esa capacidad —23 MW— está en la Ciudad de Buenos Aires y el 29% restante en la provincia. Como ya señalamos en este portal, el país ocupa el cuarto lugar en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, detrás de Chile, Brasil y Uruguay, clasificado como adoptante y no como pionero. Ariel Graizer, presidente de Cabase, lo dijo sin anestesia al presentar el relevamiento: el contraste con Santiago o San Pablo sigue siendo un abismo.
Argentina aparece en el mapa por razones que no son ideológicas ni diplomáticas. Son físicas. La Patagonia tiene energía disponible, clima frío que abarata la refrigeración, baja densidad poblacional, agua y fibra óptica entre los dos océanos. Neuquén suma Vaca Muerta al lado: gas barato y en escala.
Qué se firmó
El 10 de octubre de 2025, en Casa Rosada, se presentó Stargate Argentina: hasta 25.000 millones de dólares, hasta 500 MW en la Patagonia, el proyecto de infraestructura más grande de la historia argentina.
Conviene precisar la estructura del negocio, porque cambia todo. Lo que se firmó fue una carta de intención entre OpenAI y Sur Energy. No un contrato. Y OpenAI no es el inversor: como analizamos en detalle en este portal, entra como offtaker, es decir, como comprador de capacidad de cómputo una vez que la instalación esté operativa. El capital y el riesgo los asume un consorcio liderado por Sur Energy junto a un proveedor global de nube. La primera fase, según las propias empresas, requeriría entre 7.000 y 10.000 millones de dólares.
Nueve meses después, el rastro es fino. Perfil intentó contactar a los responsables de prensa de ambas compañías y no obtuvo respuestas. Darío Clemente, investigador del Conicet y miembro del Observatorio del RIGI de la FARN, precisó que Stargate no figura entre los proyectos aprobados ni entre los que están en evaluación. Al 24 de junio, el RIGI llevaba 16 proyectos aprobados por US$ 29.892 millones y otros 25 en análisis por US$ 111.000 millones. Ninguno es Stargate. El proyecto no murió: está esperando el régimen.
Lo que se ofrece
El Súper RIGI obtuvo media sanción en Diputados el 24 de junio, con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones. Ahora espera turno en el Senado.
El paquete es agresivo, y eso no es una acusación: es la descripción. Alícuota de Ganancias del 15%. Amortización acelerada. Exención de derechos de exportación desde el inicio. Arancel cero a las importaciones necesarias. Estabilidad normativa, fiscal, cambiaria y jurisdiccional por 30 años. Inversión mínima de 1.000 millones de dólares. Habilita a recurrir a tribunales internacionales como el CIADI ante controversias. Y compromete a provincias y municipios a mantener Ingresos Brutos por debajo del 0,5%.
Hay un argumento honesto a favor y hay que decirlo: sin un régimen de este tipo, la inversión no viene. Argentina no compite contra sí misma, compite contra Brasil, Chile y México por capital que se mueve rápido. El problema no es el incentivo. Es qué se pide a cambio.
Un dato para dimensionar la promesa de empleo, que rara vez aparece en los anuncios: la mayoría de los puestos que genera un data center son temporales y ligados a la construcción. Los centros ya operativos emplean entre 25 y 150 personas de forma permanente.
Los borradores vecinos
Acá hay algo que se cuenta mal. Brasil tampoco cerró. Su régimen —el REDATA, hoy Proyecto de Ley 278/2026— tiene aprobación de Diputados y está trabado en el Senado brasileño desde febrero. Chile no tiene ley: tiene un Plan Nacional de Data Centers 2024-2030 que promueve acuerdos, con la meta de firmar al menos uno entre 2025 y 2027 para reservar cómputo a instituciones chilenas.
O sea: nadie firmó todavía. La diferencia no está en la velocidad. Está en qué dejó escrito cada uno mientras espera. El texto brasileño exige reservar el 10% de la capacidad instalada al mercado interno —o cederla sin costo a instituciones de ciencia y tecnología—, usar 100% de energía limpia o renovable, cumplir un índice de eficiencia hídrica de 0,05 litros por kilovatio-hora medido anualmente, e invertir el 2% en investigación y desarrollo local.
El texto argentino no incorporó requisitos equivalentes en ninguno de esos frentes. Sobre el agua no establece condiciones de uso, aunque sí garantiza operación continuada sin interrupciones. Durante el debate, representantes del Ejecutivo afirmaron que ningún proyecto se instalará sin generar su propia energía. Esa exigencia no figura en el texto de la ley.
Lo que se viene
El Senado no va a votar una inversión. Va a votar el marco dentro del cual se firmarán todas las inversiones de este tipo durante los próximos treinta años, en un país que hoy tiene 32 megavatios y podría tener 532.
El cómputo es un insumo, como la energía o el acero. Un país puede vender energía barata, convertirla en capacidad de procesamiento y después comprar en dólares la inteligencia producida con esa misma capacidad. No es un escenario hipotético: es el esquema por defecto si nadie lo negocia. Brasil escribió qué iba a pedir antes de saber si su régimen sale. Chile también. Argentina escribió los beneficios y dejó las contrapartidas para después.
Los megavatios están. La pregunta es de quién va a ser lo que se produzca con ellos.
Columna de IA por Esteban Terranova