Hace pocos días aterrizó en Buenos Aires una delegación de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), encabezada por su número dos, Jeff Goettman.
En gran medida, vino a monitorear el cumplimiento de la Argentina de lo pautado en el acuerdo comercial sellado en el primer semestre del año. Del Congreso se llevó una buena nueva: la media sanción del proyecto que adhiere a la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Era una cocarda que el Gobierno sabía de antemano que iba a poder mostrar.
Más ríspidas fueron las conversaciones por temas de telecomunicaciones. Allí, Estados Unidos insiste en que quiere a Huawei fuera de la provisión de infraestructura estratégica. El caso de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF), que selló un acuerdo con la compañía china para el tendido de fibra óptica e internet, y que fue cuestionado públicamente por la Embajada de los EE.UU. es un ejemplo. Pero la realidad es que hoy todas las grandes empresas de telecomunicaciones dependen de equipos chinos.
Muchos siguen con atención la demanda que la semana pasada el abogado santacruceño Sergio Luis Macagno presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para que se investigue si los convenios entre la CALF y Huawei representan un riesgo para “la seguridad nacional, la soberanía tecnológica y los activos estratégicos vinculados a Vaca Muerta”. La denuncia cayó en el juzgado de Ariel Lijo. A veces, la diplomacia abre puertas por las que uno no termina de saber quién entra.
Florencia Donovan