Río Negro comprometió coparticipación de impuestos nacionales y regalías hidrocarburíferas propias como contragarantía para acceder al crédito. La operación llega tres meses después de que INVAP firmara en Argel el acuerdo técnico para actualizar el reactor NUR, la primera central nuclear que la Argentina exportó en su historia.
Axel Kicillof avaló una garantía de 6.000.000 de dólares para que Río Negro consiga financiamiento internacional a nombre de INVAP. El destino es ampliar la potencia del reactor NUR, en Argelia, de 1 a 3,5 megavatios. El aval lo emite el Banco Provincia, que sostiene este tipo de operaciones desde hace más de dos décadas.
El decreto de Alberto Weretilneck que formaliza el mecanismo se publicó en el Boletín Oficial de Río Negro. Establece un aval a favor de BAPRO, vigente hasta el 31 de mayo de 2030, vinculado a la adenda del contrato de actualización tecnológica del reactor NUR. Como contragarantía, la provincia patagónica afectó recursos propios en favor de Buenos Aires: coparticipación de impuestos nacionales y regalías hidrocarburíferas.
Una garantía con historia
Fuentes del propio BAPRO explicaron que el banco viene otorgando avales internacionales para las obras de construcción y mantenimiento del reactor argentino en Argelia desde hace más de 20 años. No es la primera vez que Buenos Aires pone su firma detrás de este proyecto: es una práctica sostenida a través de gestiones provinciales distintas, tanto en Río Negro como en la propia Buenos Aires, independientemente de qué signo político gobernara cada una.
Según las mismas fuentes, hay además una propuesta en danza para ampliar el margen de emisión de avales hasta 25 millones de dólares, con un plazo de seis años y garantía del Tesoro Nacional. Si prospera, la Nación pasaría a integrar formalmente un esquema que hasta ahora sostuvieron casi en soledad dos administraciones provinciales.
El mecanismo tiene una lógica simple, aunque poco visible desde afuera. INVAP necesita financiamiento internacional para cumplir el contrato con Argelia, pero al ser una empresa provincial no cuenta, por sí sola, con el respaldo crediticio para acceder a ese financiamiento en condiciones razonables. Ahí entra BAPRO, que pone la garantía bancaria frente al acreedor externo. Y para que Buenos Aires no asuma sola el riesgo de esa operación, Río Negro compromete como contragarantía ingresos propios y ciertos —coparticipación y regalías— que la provincia bonaerense puede ejecutar si el compromiso no se cumple.
Es un instrumento habitual en el financiamiento de comercio exterior, pero exige algo que no siempre está disponible: una banca pública con calificación suficiente para que el acreedor internacional la acepte, y una relación de confianza sostenida entre las partes que la ponen en juego. Ninguna de esas dos condiciones se construye de un día para el otro.
Es, en los hechos, dos administraciones provinciales prestándose capacidad institucional para sostener un contrato de exportación de tecnología de punta que ninguna de las dos podría garantizar sola, al menos no en estos términos ni a este costo financiero.
El reactor que abrió el camino
El NUR —luz, en árabe— fue la primera exportación nuclear de la historia argentina. El contrato se firmó en 1985, la planta se inauguró en 1989 y su diseño está basado en el reactor argentino RA-6, de Bariloche, con mejoras en la interfaz de operación.
No fue una venta llave en mano. El acuerdo incluyó una transferencia de tecnología real: la Argentina capacitó a unos 50 ingenieros y operadores argelinos en el propio RA-6. El NUR funciona además como reactor escuela para físicos e ingenieros nucleares argelinos, y habilitó investigaciones propias del país africano: con radioisótopos trazadores se estudió la dinámica de dos acuíferos críticos para una región desértica, el Sfax, compartido con Túnez, y el Intercalar Continental, uno de los sistemas de agua subterránea más extensos del Sahara.
Ese historial es el que ahora entra en una nueva etapa: pasar de 1 a 3,5 megavatios de potencia, casi cuatro veces la capacidad original, cuatro décadas después de la firma inicial.
Una pieza de un mapa más grande
INVAP es 100% propiedad accionaria de Río Negro, pero la provincia cedió a la Comisión Nacional de Energía Atómica el 51% de los derechos de voto, lo que le da a la CNEA —y por lo tanto a la Nación— participación en el directorio y un rol estratégico en la conducción de la empresa. Es una estructura híbrida, provincial y federal a la vez, poco frecuente entre las empresas públicas argentinas.
El NUR no es un caso aislado en el catálogo de INVAP. La compañía diseñó y construyó los reactores RP-0 y RP-10 de Perú, el Inshas de Egipto, el OPAL de Australia —considerado por la industria como uno de los mejores del mundo en su categoría— y un reactor de docencia en Arabia Saudita. Tiene en obra el reemplazo del Pallas, el segundo reactor de investigación más potente del planeta, en Holanda, y arrancó en 2025 un proyecto nuclear en Uganda, el tercero de la firma en el continente africano. Salvo Perú, donde la operación la encabezó la CNEA, el resto de las ventas corrió por cuenta de INVAP.
INVAP no se dedica únicamente a reactores. La misma empresa diseña y construye los satélites geoestacionarios de ARSAT, radariza rutas aéreas comerciales argentinas y equipó al sistema de alerta meteorológica del país con radares propios. Es la misma ingeniería de origen nuclear la que sostiene, puertas adentro, buena parte de la infraestructura tecnológica estatal argentina.
Transferencia real, no solo venta
Este portal viene señalando, a propósito del debate por el Súper RIGI, que la discusión de fondo no es si la Argentina puede atraer inversión extranjera, sino en qué condiciones. Un régimen que no exige investigación y desarrollo radicados en el país, ni transferencia tecnológica, ni formación de proveedores locales, deja una instalación pero no necesariamente una capacidad propia. El caso del NUR es, en ese sentido, el reverso: cuatro décadas después de la venta original, la Argentina sigue capacitando ingenieros extranjeros, sosteniendo la operación con financiamiento público y ampliando la potencia de una planta que exportó cuando todavía era, en gran medida, una promesa.
La diplomacia llegó en mayo, el financiamiento en agosto
El acuerdo técnico para actualizar el NUR se firmó el 8 de mayo de este año en Argel, en un encuentro respaldado por la Embajada argentina en Argelia. La delegación de INVAP, encabezada por el ingeniero Gabriel Absi, se reunió con el secretario general de Energía argelino, Nabil Kafi, con la presencia del embajador Atilio Berardi.
Entre ese acuerdo diplomático y esta garantía financiera pasaron poco más de tres meses. Es un desfasaje habitual: la firma de un acuerdo estratégico ocurre en un nivel —cancillerías, embajadas, delegaciones técnicas— y la ingeniería financiera que lo vuelve ejecutable ocurre en otro, bastante menos visible y mucho menos fotografiado. En este caso, ese segundo nivel corrió por cuenta de dos gobernadores que, en el tablero nacional, están en veredas políticas distintas: Weretilneck es un aliado de Javier Milei; Kicillof, no. La cooperación entre ambos en este expediente puntual no es nueva —ya se habían reunido este año en Viedma tras otras diferencias vinculadas a una planta de GNL— y acá vuelve a mostrarse en un terreno mucho más técnico y menos ruidoso que aquel.
Lo que sostiene, en los hechos, la continuidad de una exportación nuclear de cuatro décadas no es un anuncio de gabinete ni una firma en una cancillería: es la capacidad de un banco público provincial para poner su firma, garantía tras garantía, detrás de un contrato internacional, más allá de qué gobierno esté en la Nación o en Río Negro. Kicillof no inventó ese mecanismo —lo hereda de veinte años de avales sucesivos, otorgados por administraciones bonaerenses de distinto signo—, pero decidió sostenerlo también con un gobernador que responde políticamente a la Casa Rosada. En un país donde la capacidad exportadora de tecnología de punta suele medirse en anuncios y conferencias de prensa, esta operación deja una pregunta menos vistosa y más de fondo: cuánto de esa capacidad depende, en definitiva, de que alguna provincia —cualquiera sea su signo— tenga el balance sano y la voluntad institucional para bancarla.
Equipo «27» de AgendAR