La fiscalía de Keelung acusó a nueve personas por desviar a China 74 servidores con chips Nvidia B300 usando documentos de usuario final falsificados. Entre los procesados hay un gerente de Nvidia Taiwán y dos ex empleados de Supermicro. El detalle que casi nadie destacó: los fiscales tuvieron que imputarlos por defraudación y falsificación, porque incumplir los controles de exportación estadounidenses no constituye delito bajo la ley taiwanesa.
La fiscalía de la ciudad portuaria de Keelung, en el norte de Taiwán, informó el lunes que procesó a nueve personas por su presunta participación en la exportación ilegal de servidores de inteligencia artificial a China. Entre ellas hay un empleado de la filial taiwanesa de Nvidia y dos de la filial taiwanesa de Super Micro Computer. Es la primera causa penal en Taiwán que alcanza a un empleado de Nvidia por este tipo de maniobras.
Ocho de los imputados fueron acusados de defraudación por administración infiel y falsificación de documentos. Tres enfrentan además cargos por malversación. La fiscalía pide hasta cinco años de prisión para siete de ellos y penas más leves para los dos que confesaron y colaboraron con la investigación.
El esquema
En los papeles, la operación era impecable. Una empresa compró a Supermicro 130 servidores equipados con chips Nvidia B300, la línea de aceleradores de última generación cuya exportación a China requiere licencia del gobierno de Estados Unidos. La documentación declaraba que los equipos quedarían instalados y en uso en un centro de datos alquilado en territorio taiwanés. Los certificados de usuario final que respaldaban esa declaración eran falsos.
En los hechos, 74 de esos servidores terminaron en manos de clientes chinos. Cincuenta viajaron con escala en Indonesia, ocho pasaron por Japón y el resto fue directo a China. Los 56 restantes también estaban destinados a China, pero quedaron retenidos en la frontera taiwanesa cuando la aduana detectó irregularidades en la documentación.
Según la acusación, los imputados colaboraron en distintos niveles de la cadena, desde la validación interna de la operación hasta la logística de reembarque. Los fiscales fueron duros en el lenguaje: sostuvieron que actuaron movidos por la búsqueda de ganancias desmedidas y que la maniobra no solo elevó los costos de cumplimiento de las empresas, sino que dañó gravemente la imagen internacional del país.
Ni Nvidia ni Supermicro están acusadas. Nvidia respondió que sus empleados tienen todos los incentivos para trabajar con los clientes asegurando el cumplimiento de las leyes aplicables y que va a colaborar con las autoridades taiwanesas. Supermicro afirmó que fue su propia cooperación con la fiscalía la que derivó en las detenciones, incluidas las de dos ex empleados de su subsidiaria en Taiwán, y remarcó que la compañía no es objeto de la investigación.
El agujero legal
Acá está el punto que convierte esta causa en algo más que una historia de contrabando.
Taiwán fabrica los chips más avanzados del mundo. Estados Unidos, desde 2022, exige licencia para exportar a China los semiconductores de frontera diseñados por Nvidia. Pero incumplir esos controles no es un delito bajo la legislación taiwanesa. Por eso los fiscales de Keelung no imputaron contrabando ni violación de un régimen de exportación: tuvieron que echar mano de figuras del derecho penal común, defraudación y falsificación de instrumentos, para poder llevar el caso a juicio.
Es decir: el territorio que produce físicamente la tecnología no tiene herramientas propias para penalizar su desvío. La norma que se violó es estadounidense; el juzgado es taiwanés; la mercadería es taiwanesa; el destinatario es chino. Legisladores y especialistas de la isla vienen reclamando que esa situación cambie, y Taiwán endureció sus controles de exportación en los últimos años, pero el vacío penal sigue ahí.
El antecedente
El caso no es aislado ni es el más grande. En marzo, la justicia estadounidense detuvo a Yih-Shyan Liaw, cofundador y miembro del directorio de Supermicro, acusado de haber canalizado hacia China unos 2.500 millones de dólares en servidores restringidos desde 2024. El 20 de agosto, una investigación independiente encargada por el directorio de la compañía concluyó que no hay evidencia de que los actuales integrantes de la conducción superior conocieran esa maniobra.
Entre una causa y otra hay un patrón: documentación falsificada, inventarios armados para pasar auditorías, empresas interpuestas que ocultan al cliente real. El control de exportaciones más ambicioso de la historia reciente de la política tecnológica estadounidense se está probando, en la práctica, contra la creatividad administrativa de la propia cadena de distribución.
Por qué importa acá
La semana pasada este portal planteó, a propósito del Súper RIGI, que mil millones de dólares en mega data centers no equivalen a soberanía tecnológica. El caso de Keelung le pone evidencia empírica a ese argumento, y desde un ángulo que no suele aparecer en la discusión local.
Un centro de datos de inteligencia artificial instalado en Argentina con aceleradores Nvidia no es solamente una inversión, una demanda de energía y un consumo de agua. Es también un activo sujeto a la jurisdicción regulatoria de un tercer país. Los controles de exportación estadounidenses acompañan al equipo: alcanzan a quién lo compra, dónde queda instalado, quién lo opera y hacia dónde puede o no reexportarse. Ese cómputo tiene una nacionalidad que no es la del suelo donde está el rack.
La discusión pública argentina sobre el régimen se concentró en el costo fiscal y en el impacto ambiental, con razón. Pero hay una capa más: qué obligaciones asume el país que recibe la infraestructura, y qué margen le queda cuando el marco legal que gobierna esa infraestructura se escribe en Washington y se litiga en Taipéi.
Taiwán tiene las fábricas, tiene el conocimiento y tiene tres décadas de política industrial detrás. Aun así, cuando le desviaron 74 servidores por su propio puerto, descubrió que no tenía la ley con la cual castigarlo. Argentina está discutiendo treinta años de estabilidad fiscal a cambio de agua, energía y territorio, sin una sola cláusula que reserve capacidad de cómputo para el sistema científico ni que exija investigación y desarrollo radicado en el país. Si el que fabrica los chips quedó corto de soberanía, conviene calcular con cuánta se queda el que solo pone el enchufe.
Redacción de AgendAR