La cartera laboral bonaerense dictó la conciliación obligatoria por 15 días hábiles y fijó una nueva audiencia entre la avícola y el Sindicato de la Industria de la Alimentación. El gremio ya había puesto sobre la mesa turnos rotativos y reducción transitoria de actividad como alternativa a los despidos. La empresa, que desvinculó a 1730 trabajadores entre dos provincias, todavía no entregó la nómina completa que el sindicato le reclama.
El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria por quince días hábiles en el conflicto abierto en las plantas bonaerenses de Granja Tres Arroyos. La medida alcanza a 1200 trabajadores de Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría, y suspende los efectos de las desvinculaciones mientras dure el plazo. La cartera fijó además una nueva audiencia para el jueves entre las empresas del grupo —Granja Tres Arroyos y Wade— y el Sindicato de la Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires (STIA), con el objetivo declarado de preservar los puestos.
La decisión se tomó horas después de que trascendiera el número global del ajuste: alrededor de 1730 desvinculaciones entre Buenos Aires y Entre Ríos, más de un cuarto de la dotación total de un grupo que emplea a 6500 personas en tres provincias.
El mapa del ajuste
En la planta La China, de Concepción del Uruguay, los despidos rondan los 480 sobre una plantilla que el gremio estima en unos 930 trabajadores. Es la planta que el grupo paralizó a fines de mayo y sobre la que avanzó con las primeras desvinculaciones.
En territorio bonaerense la cifra es mayor: unas 1250 bajas, con alrededor de 750 en Capitán Sarmiento, 450 en Wade 2 —Esteban Echeverría— y medio centenar en Pilar. A fines de agosto la compañía había confirmado la paralización que definió como transitoria de esas tres plantas.
El encuadre legal es uno de los puntos centrales de la disputa. La empresa apeló al artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita a pagar la mitad de la indemnización cuando existe fuerza mayor o una disminución de tareas no imputable al empleador, debidamente acreditada. Entre sus argumentos mencionó la caída de las exportaciones, el impacto de la gripe aviar y una supuesta sobreoferta de pollo en el mercado interno.
El secretario general del STIA, Julio Chamorro, rechazó los tres. Sostuvo que la baja en las ventas externas es riesgo empresario y no fuerza mayor, recordó que el resto del sector atravesó las mismas consecuencias sanitarias y negó la sobreoferta: el consumo de pollo, señaló, sigue creciendo, favorecido incluso por la retracción del consumo de carne vacuna. Para el dirigente, el recurso al 247 tiene un objetivo más simple que jurídico: reducir a la mitad el costo de las indemnizaciones.
Lo que el gremio puso sobre la mesa
El dato menos difundido del conflicto es que el sindicato no llegó a la audiencia solo con un rechazo. Antes de los despidos, el STIA había propuesto un esquema de turnos rotativos y una reducción transitoria de la actividad, con menos jornadas o turnos alternados durante algunos meses, hasta que las plantas pudieran recuperar volumen. La lógica es conocida en la industria: repartir la caída antes que expulsar trabajadores, y sostener la calificación de la planta para el día en que la actividad vuelva.
El gremio también dejó abierta la puerta a discutir alternativas si apareciera un inversor o un esquema viable de reapertura. Y para el caso de que ciertas bajas resultaran inevitables, reclamó lo mínimo: indemnizaciones completas y respeto por los criterios legales de antigüedad y cargas de familia a la hora de definir el orden.
Del otro lado, la empresa no respondió el pedido formal del sindicato para que entregue la nómina completa de las personas desvinculadas. El número de 1730 que circula surge, en los hechos, de un relevamiento gremial hecho a falta de información oficial.
Una crisis que no empezó esta semana
El telón de fondo es una situación financiera deteriorada. El pasivo total cuantificado del grupo asciende a US$350,9 millones y la compañía enfrenta ejecuciones y embargos por más de $2600 millones. Los trabajadores acumulan haberes impagos que, según el sindicato, incluyen parte de abril y los salarios de mayo, junio, julio y agosto, además del aguinaldo. Chamorro describió una situación en la que el despedido y el que formalmente conserva el empleo están, en la práctica, en la misma condición: sin salario, sin indemnización y con la planta cerrada.
No es el primer capítulo. El grupo ya había iniciado un procedimiento preventivo de crisis el año pasado, que derivó en reducciones de ingresos, pérdida de componentes salariales y un plan de retiros voluntarios. Según el gremio, ni siquiera aquellos acuerdos se cumplieron íntegramente: hubo cheques que rebotaron.
Para el sindicato, la secuencia sugiere una hipótesis: que las desvinculaciones bajo el artículo 247 busquen aligerar el pasivo laboral de cara a una reestructuración más profunda. Hasta ahora no hay información oficial de la empresa sobre una eventual presentación en concurso.
Lo que sostiene una mesa
La conciliación obligatoria no resuelve nada por sí sola. Son quince días hábiles: congela los despidos, obliga a las partes a sentarse y devuelve la discusión a un ámbito donde el trabajador no negocia solo frente a una empresa que dejó de pagarle. Vencido el plazo, si no hay acuerdo, el conflicto vuelve a quedar abierto.
Pero el instrumento tiene un requisito previo que suele darse por descontado: una autoridad laboral provincial con capacidad efectiva de convocar y hacerse escuchar, y una organización sindical con representación real en las plantas y una propuesta técnica que ofrecer. Sin lo primero, la audiencia no existe. Sin lo segundo, la audiencia existe pero no tiene contenido.
En un escenario donde la respuesta más frecuente ante una crisis empresaria es la liquidación ordenada de puestos de trabajo, lo que se está probando en Capitán Sarmiento, Pilar y Esteban Echeverría es otra cosa: si dos actores con anclaje territorial —una administración provincial y un gremio de la alimentación— pueden todavía sostener una mesa donde la pregunta no sea cuánto cuesta despedir, sino qué hace falta para que la planta vuelva a producir. La respuesta se conocerá el jueves, y probablemente después.
Equipo «27» de AgendAR