Buenos Aires y Misiones firmaron tres convenios de cooperación en industria, agro y seguridad. El más concreto incorpora a pequeñas marcas y cooperativas yerbateras al programa Mercados Bonaerenses, en un sector donde cinco empresas concentran el 62% de las ventas y donde el precio de la hoja verde quedó liberado desde el DNU 70/2023.
Axel Kicillof y Hugo Passalacqua firmaron el miércoles en Posadas tres convenios de cooperación entre la provincia de Buenos Aires y Misiones. Cubren desarrollo industrial y tecnológico, producción agropecuaria y alimentos, y seguridad pública y gestión de emergencias. La agenda incluyó recorridas por la Escuela Secundaria de Innovación y por Biofábrica Misiones, la empresa provincial de biotecnología vegetal.
El primero de los acuerdos lo suscribieron el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense y el Ministerio de Industria misionero. Apunta al desarrollo productivo territorial y a las capacidades científico-tecnológicas, con foco en la cadena foresto-industrial: asistencia técnica, intercambio de información, capacitaciones, rondas de negocios y articulación entre empresas y organismos científicos de ambas jurisdicciones.
El segundo es el que tiene efecto comercial inmediato.
La yerba, la góndola y el precio que ya no se fija
El convenio entre el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones y el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense incorpora pequeñas marcas, PyMEs y cooperativas yerbateras misioneras al programa Mercados Bonaerenses. En los hechos, habilita a que productores de Apóstoles, Oberá o Andresito pongan su producto a la venta en puntos de la provincia de Buenos Aires sin pasar por la cadena de comercialización que hoy define el negocio.
El dato que ordena la escena es de información oficial: cinco empresas concentran el 62% de las ventas del mercado nacional de yerba mate. Para un pequeño elaborador, ese número no describe una estructura de mercado sino un cuello de botella. Producir es la parte resuelta; llegar a la góndola, no.
El contexto sectorial agrega peso. Desde diciembre de 2023, el DNU 70/2023 le quitó al INYM la facultad de fijar precios mínimos para la hoja verde y la canchada. Desde entonces los valores los define la demanda, es decir, los molinos. Los productores misioneros vienen reclamando judicialmente la restitución de esas facultades y sostienen que el precio pagado por kilo de hoja verde quedó muy por debajo del costo técnico de producción. El ingreso de hoja verde a secaderos entre enero y abril de 2026 fue aproximadamente la mitad del registrado en el mismo período de 2024.
Sobre ese fondo, el acuerdo firmado en Posadas no corrige el precio ni restituye nada. Hace otra cosa: le ofrece a una porción del sector un canal de venta que no depende del precio que fije el molino. Es una intervención chica en términos de volumen y grande en términos de qué tipo de herramienta queda disponible cuando la herramienta de precios fue desactivada por decreto nacional.
Passalacqua lo planteó en términos de mercado: que lo que se cosecha en Misiones llegue «directamente a las góndolas de millones de bonaerenses». Como parte de la agenda, Kicillof tenía previsto visitar por la tarde la Cooperativa Las Tunas, en la zona de Apóstoles y Tres Capones, para ver de cerca el alcance del entendimiento.
Biofábrica: dos hijas en territorio bonaerense
La parte tecnológica del vínculo no empezó esta semana. Viene de 2021, cuando Buenos Aires incorporó un laboratorio de cultivo de tejidos vegetales desarrollado por Biofábrica en la Estación Experimental Mercedes. Esa infraestructura permite producir de manera masiva material vegetal libre de enfermedades, entre otros plantines de batata y alcaucil.
En 2025 se sumó un laboratorio móvil destinado a multiplicar plantas de kiwi en la Estación Experimental de Miramar, con el objetivo declarado de agregar valor local y reducir la dependencia de material vegetal importado.
Kicillof recorrió en Posadas los laboratorios, los invernaderos, la sala de siembra y la planta de bioinsumos agrícolas. «En Buenos Aires tenemos dos hijas de esta Biofábrica», dijo, y atribuyó el desarrollo al sistema científico público: investigaciones del CONICET y de universidades nacionales.
Passalacqua fue más preciso sobre la naturaleza de la operación. Aclaró que no se trata de vender tecnología sino de compartir conocimiento y capacitar técnicos con métodos desarrollados en Misiones. La distinción no es retórica. Una provincia que vende equipamiento coloca un producto; una que transfiere método instala una capacidad que después se reproduce sola. Buenos Aires tiene hoy dos laboratorios funcionando con know-how misionero, y Misiones tiene un cliente que además es socio.
Incendios, inundaciones y el tercer convenio
El acuerdo restante cubre seguridad pública, prevención e investigación del delito, protección civil y gestión de riesgos. Contempla intercambio de información, capacitaciones, asistencia técnica y acciones conjuntas frente a incendios forestales, inundaciones y otros desastres.
Es el convenio menos fotogénico de los tres y probablemente el más costoso de construir. Dos provincias sin frontera común, con perfiles de riesgo distintos —fuego en el monte misionero, agua en la cuenca bonaerense—, acordando prestarse cuadros y protocolos. No hay anuncio que lo vuelva visible hasta el día en que hace falta.
Passalacqua puso ahí una frase que define el marco: «Las provincias somos preexistentes a la Nación», y sostuvo que en el contexto actual el trabajo articulado entre jurisdicciones gana importancia. Kicillof lo dijo en su registro: que a las provincias se les indique arreglarse por su cuenta «no es federalismo, es abandono».
Dos provincias que no juegan en el mismo equipo
Conviene marcar algo que la foto no muestra. Passalacqua no es peronista. Conduce Misiones por el Frente Renovador de la Concordia, un partido provincial que gobierna esa provincia desde 2003 y que no integra el peronismo nacional. En el tablero político nacional, Buenos Aires y Misiones no están alineadas.
Es el mismo patrón que este portal señaló hace dos semanas a propósito del aval del Banco Provincia para el reactor argentino en Argelia, donde la contraparte era Río Negro y Alberto Weretilneck. Dos expedientes distintos, la misma mecánica: acuerdos técnicos entre administraciones provinciales de signo político diferente, sostenidos en un nivel bastante menos ruidoso que el de la disputa nacional.
Lo que queda de una jornada así no es la firma. Es una pregunta menos vistosa. Argentina tiene, desperdigada en sus provincias, una cantidad considerable de capacidad instalada: un banco público con calificación internacional, una biofábrica que exporta método a otra provincia, un programa de comercialización que puede absorber la producción de cooperativas a mil kilómetros de distancia, una escuela pública que forma en robótica y desarrollo biosustentable desde 2019. Todo eso existe y funciona. Lo que no existe es el mecanismo que lo articule por arriba.
Mientras no exista, se arma como se armó esta semana: dos gobernadores, tres convenios y una agenda de trabajo que reemplaza, con esfuerzo y de a pedazos, lo que antes era función de la Nación. Funciona. La pregunta es cuánto puede estirarse un sistema que depende de que los gobernadores se lleven bien.
Equipo «27» de AgendAR
