El gobierno nacional rechazó este martes la visita que una de las máximas representantes de la Corona Británica realiza en las Islas Malvinas. La presencia de la Princesa Ana coincide con el final de las audiencias en el reclamo presentado por la Argentina contra el Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para intentar frenar provisoriamente el proyecto petrolero offshore Sea Lion en aguas circundantes a las islas. El fallo sería publicado el 28 de este mes.
La Cancillería argentina comunicó a través de un posteo en su cuenta oficial de X el rechazo a la visita de la Princesa Ana. «El Gobierno argentino rechaza el despliegue de actividades oficiales de la Princesa Ana, de la Casa real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur, en razón de que las mismas se llevan a cabo en ejercicio de la ocupación ilegal británica en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», publicó la Cancillería argentina en su cuenta oficial de X.
La publicación resulta llamativa dado que la princesa Ana llegó a las islas el 9 de noviembre, para una estadía que finalizará el día 20. Ana, la segunda hija de la difunta reina Isabel II y hermana del actual monarca, es una working royal, es decir, un miembro de la familia real cuyo trabajo es representar al monarca.
La princesa Ana ya había estado en las Islas Malvinas en 2022. Según el Palacio de Buckingham, viajó en su condición de patrona del South Georgia Heritage Trust, una organización dedicada a la preservación del patrimonio histórico y ambiental de las Georgias del Sur, islas que también reclama la Argentina junto a las Malvinas y las Sandwich del Sur.
«Dicha visita oficial constituye una provocación en circunstancias en que el Reino Unido está avanzando en la explotación ilegal unilateral de hidrocarburos a través del otorgamiento de licencias ilegítimas lo que ha llevado a Argentina a iniciar un arbitraje ante CONVEMAR y pedir medidas provisionales de urgencia al TIDM», indicaron desde el ministerio que conduce Pablo Quirno.
Reclamo argentino ante el Tribunal del Mar por Sea Lion
La visita de la representante de la Corona Británica no resulta azarosa. El gobierno argentino este mes solicitó medidas cautelares ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar las actividades petroleras en torno al archipiélago, vinculadas al proyecto offshore Sea Lion. Las audiencias con las partes argentina y británica concluyeron la semana pasada en Hamburgo y se espera un fallo del tribunal el 28 de noviembre.
El gobierno nacional expuso durante dos días ante TIDM sus argumentos para sostener su solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la plataforma continental de la Cuenca Malvinas Norte. El pedido se relaciona con el proyecto Sea Lion que llevan adelante la inglesa Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.
El TIDM es un órgano judicial independiente creado por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) en 1982. Esta Convención, entre otros puntos, regula el procedimiento de arbitraje obligatorio para la solución de controversias entre los Estados. En su artículo 290 establece que cualquier corte o tribunal competente en el marco de la Convención puede ordenar las medidas provisionales que considere apropiadas para preservar los derechos respectivos de las partes en la controversia o para impedir que se causen daños graves al medio marino en espera de la decisión definitiva.
La representación argentina estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy. Argentina sostiene que el TIDM tiene competencia para intervenir ya que la controversia concierne obligaciones específicas de la Convemar y que no tiene por objeto una definición sobre la soberanía sobre los territorios.
El cierre de la defensa argentina el 11 de noviembre estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería. El diplomático sintetizó el pedido argentino en cuatro medidas dirigidas al Reino Unido:
- que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura de producción en la cuenca norte de las Malvinas vinculada al proyecto Sea Lion;
- que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos;
- que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones medioambientales bajo los artículos 192 y 194 de la CONVEMAR; y
- que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.
El gobierno argentino considera tres posibles fallos. El primero es que el TIDM acepte el planteo en su totalidad y ordene al Reino Unido cesar la actividad, lo que paralizaría Sea Lion hasta que el tribunal arbitral adopte su decisión. El segundo es que el tribunal acoge parcialmente los argumentos de la Argentina, con un alcance que dependerá de cada punto sometido a consideración. El tercero y último es que el TIDM rechace el planteo por considerar que el futuro tribunal arbitral no tendría jurisdicción prima facie.



