La Secretaría de Energía resolvió que a partir de enero los usuarios del servicio de gas natural deberán cancelar en 24 cuotas, con interés, el ingreso adicional que recibirán las petroleras por la devaluación registrada entre abril y septiembre, pues los contratos están dolarizados.
La resolución 20/18 establece que el importe acumulado por las diferencias registradas, a partir de la suba del dólar, entre lo que pagó cada distribuidora y lo establecido en el acuerdo de suministro firmado con las productoras serán actualizadas al 31 de diciembre de 2018 a la tasa activa del Banco Nación y trasladadas a los clientes proporcionalmente, tomando en cuenta los volúmenes que consumieron entre abril y septiembre. El monto a ser prorrateado suma unos 10.000 millones de pesos.
Esa diferencia surge porque, según señala el periodista Fernando Krakowiak, el acuerdo firmado el 29 de noviembre del año pasado entre las productoras de gas natural y las distribuidoras, publicado por el Enargas en la actuación 574/18, establece en el inciso f del punto 2 que los precios del gas están dolarizados. “El plazo de pago de las facturas correspondientes a los volúmenes despachados en el marco de estas Bases y Condiciones será de 75 días contados desde el último día del mes de inyección correspondiente. Las facturas serán emitidas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del cierre del día anterior a la fecha de pago”, dice el texto.
Como las distribuidoras pagan el gas a las petroleras a los 75 días, para el gas de abril se usará el tipo de cambio de mediados de junio, la fecha efectiva de pago, y en forma igual todos los meses, hasta llega a septiembre que se empezará a pagar a mediados de diciembre al dólar que esté vigente en esa fecha.
Los usuarios ya habían sufrido, hace 5 días, un aumento de aproximadamente un 35%. Pero que el gobierno que decidió la dolarización de las tarifas le haga pagar al consumidor el cargo de la devaluación… es como demasiado. A pesar de los antecedentes del gobierno en ese sentido, cabe preguntarse si soportará el costo político de esta decisión.