A pesar de la nueva ley que fue sancionada por la Legislatura porteña, y que impone penas más duras para los chóferes de Uber, los conductores que trabajan a través de la aplicación salieron a la calle. Al mismo tiempo, la empresa continúa con su campaña publicitaria.
«No sé si como todos los días. Me da la sensación de que hay menos coches trabajando. Parece que muchos se asustaron y no salieron. Es lógico, si ahora el gobierno dice que nos va a cobrar una multa de 178.000 pesos y nos quita la licencia por un mes», dice enojado Ricardo, que tiene 57 años y trabaja nueve horas por día.
Cuando su empleo como diseñador de muebles y placares comenzó a caer, hace dos años y medio, decidió probar suerte con Uber en el momento que la aplicación recién desembarcaba en la Ciudad. Sigue, al igual que el día que fue descubierto en infracción y le labraron una multa de 22.000 pesos por «servicio de transporte no autorizado».
Ricardo llamó a la empresa para saber cómo se iban a manejar en este nuevo escenario. «Nos dicen que van a seguir, y que tienen un compromiso con nosotros que no van a abandonar. Pero yo me siento como un rehén. Y lo que más me indigna es que ahora vienen contra nosotros, que somos laburantes».
No es la primera vez que la empresa, con sede en Holanda, encuentra obstáculos desde su llegada al país. Sin embargo, ninguno de los fallos judiciales en su contra logró que diera un paso al costado. En parte, esa resistencia se hace fuerte en el éxito logrado entre los usuarios, sobre todo entre los porteños.