A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), acompañado de un mega anexo de casi 400 páginas, el Gobierno elevó la autorización de gastos para este año en más de $ 412.752 millones y reasignó partidas del Presupuesto Nacional 2018 para generar contribuciones al Tesoro Nacional por $ 40.600 millones. (Así es, del presupuesto para este año 2018, del que restan 45 días).
Por el Decreto 1053/2018 publicado ayer en el Boletín Oficial se habilita ampliar el gasto en los servicio de la deuda pública ($ 201.068 millones), subsidios ($ 65.540 millones), transferencias a Cajas Previsionales Provinciales ($ 51.190 millones), entre otras partidas millonarias que incluyen, por ejemplo, fondos para obras en energía y transporte.
Se aclara que esta modificación al presupuesto aprobado el año pasado no aumentaría necesariamente el gasto, porque la autorización de gastos no implica que esas partidas se ejecuten (?).
En ese mismo DNU se oficializa el pago a las empresas prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes de las diferencias generadas entre el 1 de abril último y el 31 de marzo de 2019, como consecuencia de las variaciones del tipo de cambio durante ese periodo.
Dice: «el Estado Nacional asume, con carácter excepcional, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período».
Esto parece confirmar lo que dijo en su momento AgendAR: la reciente discusión, en el Congreso y a través de movilizaciones, por el Presupuesto 2019 tenía un sentido político y simbólico. Pero para reducir, aumentar o modificar la distribución del gasto público, lo que se necesita es ganar elecciones y gobernar.