Una decisión temprana y fundamental del gobierno Macri, y un costo político que aceptó pagar sin vacilaciones, fue el aumento de las tarifas de luz, gas y transporte. La filosofía era que los usuarios debían pagar los «costos reales» de esos bienes. En esa forma, los precios iban a cumplir su función de encauzar las inversiones y moderar los consumos.
Se rechazaba entonces la filosofía que se aplicó durante la gestión kirchnerista: la que llevó a considerar que la energía barata era un insumo necesario para las empresas y la generación de empleo, y que el transporte barato era parte del «salario real» de los trabajadores. Se sostuvo, se sigue sosteniendo, que así se creaba un sistema de precios ficticio, que sólo se podía sostener con una intervención del Estado cada vez mayor. Así, disminuir los subsidios no era solamente ahorrar dinero, era «sincerar la economía».
Estos argumentos son sólidos, y seguramente serían aceptados por una mayoría de los economistas ortodoxos. El único problema es que parece que no están funcionando bien en la realidad.
Y no es por «gradualismo». En realidad, hasta abril de este año el objetivo se estaba cumpliendo: Tras subas del 1000% en la distribución eléctrica (luz), casi 500% en gas y más del doble en los boletos de colectivos, se había logrado que los usuarios solventaran la mayor parte de los costos.
En luz se había alcanzado que los usuarios (hogares, comercios) pagaran un 70% del costo de generación eléctrica, que es la parte más fuerte de las boletas de luz. En gas, era algo menos (cerca del 60%). En transporte, el ministro Dietrich nunca fue específico, pero se estimaba que los usuarios estaban pagando un 30% a 35% de los costos del sistema.
Pero la devaluación borró una parte del ahorro estatal logrado con los aumentos. Aunque los servicios cobraron mayor peso en el gasto de los consumidores, los costos se dispararon porque la energía tiene sus precios dolarizados. En octubre, el Estado volvió a ser el principal aportante en los servicios públicos: afronta el 60% de los costos en la luz, por ejemplo.
La estatal Cammesa requirió $ 75.319 millones del Estado durante el año pasado. En este, el Tesoro le girará más de $ 110.000 millones. Esto es porque los incrementos de tarifas interanuales (casi el 100%) no llegan a cubrir subas del 127% en los costos por la devaluación.
En gas, el Estado subsidiaba un 81% del costo hasta septiembre de 2016, cuando Aranguren pudo avanzar en los primeros aumentos de tarifas. Para 2017, el ex funcionario estimaba que el Estado subvencionaba entre 38% y 44% de las boletas.
Recién en abril de 2018, su proyección era que el erario público sostuviera un 30% de los costos. El encargado de los subsidios es su sucesor, Javier Iguacel.
La devaluación, más el alza del precio del gas importado (por la suba del petróleo), provocaron que la factura estatal por gas se quintuplicara: de $ 12.000 millones a $ 60.000 millones, solo para Enarsa. En la Secretaría de Energía todavía no está dimensionado el peso de ese dinero sobre el costo estatal del sistema eléctrico.
Hay otra partida -llamada «Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos-, que está focalizada en recursos para las petroleras. Este año supera los $ 28.000 millones. Se estima que el grueso de ese dinero está destinado a compensaciones para el gas. La Argentina consume gas por US$ 12.000 millones anuales. De ese total, cerca de US$ 4.000 millones es importado.
Creemos que la única forma de encarar este problema con seriedad y con visión de futuro requiere conocer los costos reales de la producción de energía y del transporte -sin limitarse a las planillas que presenten las empresas- y considerar el sistema de precios como un todo. Una política de parches -hechos con objetivos políticos distintos, según los gobiernos- no funciona, como vemos.