El tema no es novedoso, en absoluto. Esta política del presidente Macri, a través del ministro Dietrich, tiene más de dos años de vigencia. Y la ha mantenido ante las críticas de la oposición, los gremios aeronáuticos y los vecinos de El Palomar, que han visto alterada su tranquilidad y -según temen- su seguridad, al convertirse esa antigua base en un aeropuerto de gran movimiento.
Pero dos medidas tomadas ayer subrayan la decisión del gobierno, en una forma que sin duda los que la cuestionan calificarán de alevosa:
- El gobierno autoriza a Flybondi, una aerolínea «low cost» que opera en Argentina desde enero 2018 a tener un sindicato único en la empresa, la «Asociación Sindical de Trabajadores de Flybondi Líneas Aéreas». Un sindicato por empresa y no por actividad, no es desconocido pero poco usual entre nosotros. Su secretario general sería Fernando Granelli, piloto de la firma.
- Se le concedió a la aerolínea » ultra low cost » Jet Smart 261 rutas que conectan el interior del país y algunos puntos del exterior, por un plazo de 15 años.
Es evidente que el gobierno quiere, entre otras cosas, presionar a los gremios aeronáuticos, a los que atribuye el rojo de Aerolíneas Argentinas. Tal vez además recuerda que la primera gran batalla con los sindicatos del presidente Reagan fue con el de los controladores aéreos. Pero Macri no es Reagan ni está en su situación al comienzo del mandato del estadounidense.
Como sea, la postura de AgendAR en este tema ha estado enfocada en el problema de la seguridad. Las aerolíneas «low cost» dominan el mercado europeo, donde el altísimo número de usuarios y las cortas distancias determinan el mercado.
En un país con población relativamente baja, y que es el 8° del mundo en superficie, el temor es que las aerolíneas logren bajar los costos a costa de flexibilizar las normas. Esto ha sucedido entre nosotros.