Pasa algo curioso con el «sentido común» de la economía, tal como se procura imponer no sólo en los ciudadanos comunes; también en empresarios y políticos. La herramienta de los subsidios es criticada con dureza en los medios masivos; se señala el peligro de favoritismo por parte de los que los distribuyen -lo que es cierto- y que desnaturaliza la función de los precios en cualquier economía: fijar costos y asignar recursos.
Pero esta demonización se dirige exclusivamente hacia los subsidios al consumidor, o al usuario de los servicios públicos. Los que benefician a grandes empresas… de eso no se habla. Parece que no forman parte de la economía…
Sucede que sí forman parte de la economía. Y, en un nivel muy importante, de los gastos del Estado. Por eso, en estos tiempos de sequía financiera y baja de la recaudación, se producen novedades como la de esta semana.
La Secretaría de Energía encabezada por Gustavo Lopetegui comunicó a las empresas la limitación a los subsidios a la producción de gas en Vaca Muerta. El Estado seguirá pagando un diferencial entre el precio de gas del mercado y el obtenido por las empresas que se acogieron a la resolución oficial de marzo de 2017. Pero, sólo para los «planes originales» presentados por las compañías cuando se adhirieron. Significa que las empresas que producen más de lo estimado recibirán menos dinero que en la actualidad. Además, no incorporarán proyectos adicionales a los ya aprobados.
Esta medida no significa que el gobierno abandona su apuesta a Vaca Muerta: sigue siendo su única esperanza de mostrar un resultado positivo de su gestión. Especialmente ahora que los productores agrarios se están quejando cada vez más fuerte. Pero no está en condiciones de mantener el nivel de subsidios al que se había comprometido.
Y las consecuencias se hicieron sentir de inmediato, de la misma forma que cuando se cancelan los subsidios al consumo popular. Pero con abogados más caros.
La compañía Tecpetrol, que pertenece al grupo Techint, envió un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en la que reclama una deuda al gobierno de $ 5.655 millones por el 2018 y amenaza con revisar su plan de inversiones.
En ese comunicado, la empresa señala que «no encuentra sustento jurídico al criterio que actualmente adopta la Secretaría de Gobierno de Energía, por lo cual hace expresa reserva de sus derechos, y se encuentra analizando los cursos de acción a seguir».
Ahí alertó que revisará «los términos del Plan de Desarrollo del área Fortín de Piedra oportunamente aprobados, a fin de readecuar el flujo de fondos al nuevo escenario y mejorar sus indicadores financieros», anticipando que revisará sus inversiones en el yacimiento neuquino.
El comunicado describe como la secretaría de Energía modificó el cálculo de los pagos «de las compensaciones económicas previstas en la Resolución 46/2017, para el desarrollo de Vaca Muerta, imponiendo un límite a los mismos en función de volúmenes de producción estimados inicialmente por esta empresa en su presentación de agosto de 2017 y no acorde al total de la producción del área, tal como había sido pautado originalmente».
Tecpetrol alega que el cambio de la política oficial «implica hasta septiembre 2018 un menor pago de $1.994 millones y, si se mantuviera para todo el 2018, el impacto total del año ascendería a $5.655 millones».
La compañía petrolera señaló que invirtió u$s2.300 millones, de los cuales ya lleva ejecutados u$s1.800 millones en 18 meses, en su área gasífera Fortín de Piedra, en el yacimiento de Vaca Muerta.