Es un conflicto en Pilar, un municipio con zonas prósperas en el Gran Buenos Aires. Y eso asegura la repercusión de la protesta de los vecinos. Pero sirve como un antecedente para mostrar la necesidad cada vez mayor de tomar en cuenta a la reacción de las comunidades en cualquier emprendimiento.
En un capítulo más de la pelea que vecinos de la localidad de Pilar están llevando contra la instalación de dos centrales termoeléctricas en zona residencial, por el daño ambiental y sonoro que provocan, el miércoles pasado fracasó el intento de medición de decibeles por parte del funcionarios de ese municipio bonaerense y del Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS).
Esto se debió a que las dos empresas involucradas (Araucaria Energy y APR) no dispusieron el encendido de la totalidad de las turbinas, según aseguraron los vecinos, lo que no permitió evaluar el impacto real de la contaminación sonora.
De todas maneras, este estudió buscaba confirmar lo ya constatado por OPDS que motivó que este organismo dispusiera, a partir de enero, la clausura preventiva total de las dos centrales. En esa disposición, se consideró pertinente la adopción de la medida debido a que las mediciones efectuadas fueron tipificadas como “ruidos molestos por exceder los parámetros establecidos en la norma”.
APR ya había acatado la decisión de OPDS. Sin embargo, pese a lo dispuesto por el organismo provincial y la municipalidad, los vecinos denunciaron que la central continuó operando desde esa misma noche, lo que motivó que se presentara una delegación policial en la planta pero que no logró ingresar por la negativa del personal de seguridad de la empresa.
Desde entonces, los vecinos vienen denunciando que esta central sigue funcionando todos los días, desde la mañana hasta pasada la medianoche, causando serios problemas para quienes viven en los alrededores. Este incumplimiento por parte de Araucaria se debería -según trascendidos- a una decisión de la secretaría de Energía, que comanda Gustavo Lopetegui. El propósito sería contar con toda la capacidad de generación eléctrica, en esta época de altas temperaturas, sin tener en cuenta que hay una clausura vigente lo que atenta contra la seguridad jurídica de la población del lugar.