De acuerdo a un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a información publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma y de la Provincia de Buenos Aires, las quiebras solicitadas llegaron a 666 en 2016, 716 en 2017 y 795 en 2018.
En cuanto a los concursos, el alza es significativamente mayor: en 2016 fueron 210, en 2017 llegaron a 227 y en 2018 saltaron a 368, un 75% más en tres años.
En total, entonces, hubo 2.982 casos de empresas que acudieron a la justicia en la Capital y en Buenos Aires para solicitar la quiebra o para iniciar una convocatoria de acreedores. Cabe señalar que las dos jurisdicciones concentran el 52% de las compañías registradas en el país.
También se observó un avance sostenido de los procedimientos preventivos de crisis que otorga el Ministerio de Trabajo y habilitan, por ejemplo, una reducción en las indemnizaciones. A lo largo del último año incluso fue solicitado por grandes empresas como Carrefour o el reciente caso de Femsa, la embotelladora de Coca Cola, a la que al final no se lo otorgaron tras llegar a un acuerdo con el sindicato.
Desde el CEPA advierten que los PPC funcionan como una suerte de flexibilización «de hecho» de las relaciones laborales y de ahí el impulso que tuvieron desde 2016, cuando llegaron a 55, para luego escalar a 83 en 2017 y 108 en 2018.
Al mismo tiempo, el Gobierno desarticuló el programa de Recuperación Productiva (REPRO), que financiaba parte de los salarios por un monto equivalente al mínimo vital y móvil, por un plazo de hasta 12 meses: el número de beneficiarios cayó un 20%, así como el monto destinado en términos reales, y disminuyeron los plazos aprobados.