Héctor Torres es uno de los argentinos que conoce de adentro la arquitectura de los organismos financieros multilaterales. Fue el representante permanente de la Argentina ante el FMI durante la presidencia de Néstor Kirchner y volvió a ocupar ese cargo de la mano de Alfonso Prat-Gay, durante los primeros dos años de la gestión de Mauricio Macri. Todavía vinculado con Roberto Lavagna, trabaja ahora para un centro de estudios en Ginebra.
Por eso reproducimos este reportaje que brindó al diario de negocios BAE:
—¿Está de acuerdo con que el Tesoro vaya a vender casi 10.000 millones del FMI hasta octubre?
—El gobierno dice que el Tesoro va a vender U$S 9.600 millones (a razón de 60 millones diarios) para solventar gastos presupuestarios. Y el Fondo concuerda. Sin embargo, la meta acordada con el Fondo es tener un balance primario equilibrado y el gobierno está refinanciando (rolling-over) todos los vencimientos e intereses de la deuda en pesos. Actualmente se está refinanciando en un 100%, superando la meta de este año. Así que no hay ninguna necesidad de liquidar los U$S 9.600 millones para hacer frente a gastos en pesos. Eso es falso. Lo que van a hacer es usar el dinero del FMI para intentar mantener la tasa de cambio estable hasta que lleguen las elecciones.
—¿Y eso está mal?
—Esto es muy grave por varios motivos. La mentira en primer lugar. En segundo lugar, porque que ese dinero le hará mucha falta al próximo gobierno, cualquiera sea, tanto para enfrentar vencimientos como para tener una posición un poquito más cómoda para renegociar el acuerdo con el FMI. Por último, porque a mayor endeudamiento con un acreedor privilegiado (el FMI), más complicado se va a poner convencer a los «no privilegiados» (los privados) que refinancian sus créditos y vuelvan a prestarnos.
—¿Puede fallar el plan para contener el dólar incluso a pesar de ese despliegue de fondos?
—9.600 millones de dólares es mucho dinero y nos va a costar mucho pagarlo, pero como el Gobierno no puede vender más de 60 millones diarios, no hay ninguna garantía de que sirvan para contener presiones sobre el tipo de cambio.
—¿No se expone demasiado Lagarde al permitir ese uso indebido de los fondos?
—Es discutible eso de que el uso de esos fondos sea legalmente «indebido». Lo que me parece es que es un uso inapropiado del endeudamiento que tomamos con el Fondo. En todo caso el programa es la más alta exposición que tiene actualmente el Fondo con un país, por lo que ya está muy expuesto a nuestra capacidad de repago. El adelanto del financiamiento que solicitó el gobierno se traduce en una fuerte concentración de vencimientos. En el 2022 y 2023 vamos a tener que dedicar aproximadamente el 25% de nuestras exportaciones a pagarle al Fondo.
—¿Puede haber una intención deliberada de condicionar a la próxima administración?
—El Fondo es un animal político que normalmente usa argumentos económicos para justificar sus decisiones. Demonizarlos es fácil, pero totalmente inconducente. El dinero lo solicitó el Gobierno; la responsabilidad es del Gobierno. Me parece que lo que hace falta es evaluar la conveniencia de endeudarse con el Fondo para volcar el dinero al mercado cambiario; y también la efectividad de volcarlo en cuentagotas para contener la demanda de dólares.
—¿Deberíamos dar por hecho, como hace el Gobierno implícitamente, que el Fondo reprogramará los vencimientos de los próximos años convirtiendo el crédito standby en un crédito de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés)?
—El Extended Fund Facility es un programa cargado de condicionalidad estructural. Yo no doy nada por hecho.