Tras reunirse durante dos semanas con 150 funcionarios, académicos y ONG’s, Joseph Cannataci, relator en temas de privacidad del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentó sus conclusiones preliminares sobre los problemas más urgentes de seguridad digital que deben resolver las autoridades argentinas. Y aunque su evaluación no está todavía finalizada, el especialista ya propuso adoptar varias medidas “que si se implementan en el corto plazo –podrían mejorar, en forma significativa, la privacidad digital de los argentinos”.
Para este experto uno de los grandes problemas a solucionar lo antes posible “se relaciona con la base de datos online que le permite a las fuerzas de seguridad de todo el país acceder a la lista completa de personas con orden de detención. Esa base suma 46 mil individuos, pero no está bien protegida. Por ejemplo, es posible copiarla en forma íntegra. Además, en ella se mezclan personas buscadas por delitos graves con otras requeridas por temas de escasa importancia”.
Y no es lo único en lo que estas bases exhibieron problemas. “Comprobamos que la base de ‘buscados’ hoy incluye unos sesenta menores de edad, algo difícil de justificar”, dijo el experto. Y agregó otros errores. “Encontramos dos personas requeridas por asalto y robo, pese a que -supuestamente– tienen menos de tres años de edad. Es un listado que debería garantizar escrupulosamente la exactitud de sus datos”.
Otro punto en el que se detuvieron los expertos de la ONU fue el creciente uso de cámaras de videovigilancia con softwares de reconocimiento facial. Según los datos recopilados por el equipo de Naciones Unidas, en Buenos Aires hay 7.000 cámaras de seguridad instaladas, de las cuales unas 300, incluyen ese software. “Pero antes de poner en funcionamiento este sistema los funcionarios deberían haber completado una evaluación de su impacto en la privacidad, algo que no parecen haber realizado”.
Para Cannataci –profesional colegiado en tecnología de la información del Reino Unido y miembro de la British Computer Society–, otra vez el problema central se relaciona con la base de datos de “buscados” que debería ser revisada para disminuir los errores de información que contiene. “No veo la proporcionalidad de instalar tecnología con graves implicaciones para la privacidad y darle acceso a una base con menores y delitos leves”.
Por otra parte, el experto de la ONU también analizó las intercepciones telefónicas que se usan en la investigación de diversos delitos. Según lo recopilado por Cannataci, cada mes se realizan escuchas sobre 6,000 líneas de teléfono. Y los audios de todas sus conversaciones se graban automáticamente en CDs que luego se envían a los juzgados.
Pero ese sistema es peligroso. “Usar CDs es una opción anticuada y sobre la que no se puede tener una auditoria correcta. Son soportes que pueden ser copiados o pueden perderse. Incluso pueden ser escuchados por personas no autorizadas sin que quede un registro en la imprescindible cadena de custodia. Todo ese procedimiento debería hacerse de una forma más transparente y auditable”. Finalmente el experto repasó el área de salud y recordó que “desde la Dirección de Sistemas de Información Sanitaria de Nación se está promoviendo la digitalización de las históricas clínicas de las personas. Sin embargo, en ese equipo no figura ningún experto en la temática de privacidad”.