Las campañas de desinformación son centro de debate en todo el mundo -y también en Argentina, por supuesto- en tiempos electorales. El escándalo de Cambridge Analytica, las sospechas por la supuesta intromisión de Rusia en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca y las denuncias contra Bolsonaro por montar una campaña en contra del PT en las elecciones de Brasil son los ejemplos que ocupan la agenda de especialistas en derecho constitucional, periodistas y por supuesto, los medios.
En AgendAR consideramos que las «fake news» -bah, las mentiras- han sido desde siempre un arma política de los inescrupulosos. Las herramientas modernas de comunicación -en particular las redes sociales- consiguen que su difusión sea más fácil y más rápida. Y desde la larga experiencia de algunos de nosotros en comunicación, estamos seguros que los inescrupulosos seguirán aprovechándolas. La respuesta más eficaz para una institución o una fuerza política es entrenar a sus colaboradores en el manejo de esas herramientas.
Pero eso no significa que se puede ignorar la situación legar. Y adaptar las leyes a este nuevo desafío. Reproducimos este reportaje que el periodista Xavier Ibarreche de Ámbito hace a Phillipe Derosier, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Lille y consultor en materia electoral, especializado en la lucha contra la desinformación.
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«Periodista: ¿Qué se considera una fake news?
Jean-Philippe Derosier: Es difícil definir qué es una noticia falsa. Se debe hacer la distinción entre una opinión que podría ser parcial, no totalmente verdadera o que se revela como falsa, y una noticia que es engañosa y que tiene como objetivo influenciar un voto. Para que una noticia sea declarada efectivamente como falsa se necesitan investigaciones o análisis profundos para determinar si no es completa. La frontera entre las dos distinciones no siempre es fácil de determinar. Las fake news entendida desde el punto de vista de la legislación es una noticia que tiene el objetivo de influenciar negativamente sobre una votación. Pero no es suficiente para definirla por lo que necesitamos otro criterio que es el de ser una noticia que se puede propagar fácil y efectivamente.
P.: ¿Por qué las fake news están en el centro del debate en los procesos electorales de todo el mundo?
J.P.D.: El problema al que nos enfrentamos es la facilidad con la que se puede propagar noticias. Hoy es muy fácil difundir noticias ya sean verdaderas o falsas. En otros tiempos ese era el trabajo de los periodistas, hoy cualquier persona lo puede hacer. Esa facilidad permite la difusión de noticias falsas. A eso hay que sumarle el hecho de que hay gente de otros países que quieren tener una influencia de las elecciones de un país para controlarlo: ya sea para decir que puede influenciar en el voto o ya sea para controlar quién será la persona que gobierna.
P.: ¿En Argentina se están tomando cartas en el asunto?
J.P.D.: Todos los medios para garantizar una información pluralista y objetiva son buenos. Es necesario encontrar el equilibrio entre una regulación necesaria para garantizar esta pluralidad y objetiva y la menor regulación posible para no controlar la información. Lo que he podido observar en Argentina me parece bien porque es necesario introducir un control. Destaco las medidas de la Cámara Nacional Electoral, sobre todo en lo que tiene que ver con el apoyo y el sostén en lo referido a la educación cívica. Es necesario brindarle herramientas a los electores para que puedan distinguir lo que es verdadero de lo que se presenta con dudas. Además, un compromiso de buenas prácticas introduce transparencia porque se identifican los problemas.
P.: ¿Cuáles son los puntos centrales de la ley para combatir la desinformación que se promulgó hace unas semanas en Francia?
J.P.D.: Una de las reglamentaciones determina que la ley se aplicará a las plataformas que tienen más de cuatro millones de conexiones únicas por mes en un período de un año, que serían Facebook o Twitter. En particular hay un artículo que da la definición de la noticia falsa como engañosa, incompleta que tiene como objetivo influenciar un escrutinio. Desde los tres meses previos a las elecciones, las plataformas que publican contenido esponsoreado deben definir quién hace la publicidad y cuánto pago por ella. Durante ese periodo cualquier elector puede introducir un recurso de emergencia a un juez, que será el único que atienda a estos temas, para denunciar una noticia falsa.
P.: ¿Un solo juez deberá atender a todas las denuncias que podrían presentarse en el país?
J.P.D.: Exactamente. Un juez civil puede tomar decisiones consideradas de emergencias como cancelar la noticia falsa ordenando a un medio darla de baja o bien ordenar dar de baja una cuenta en redes sociales. El juez tiene 48 horas para determinar si la noticia es falsa o verdadera y tomar la decisión. La ley precisa que una noticia falsa no es una noticia satírica, una noticia que es difundida como falsa pero sabiendo que es falsa y es una noticia que se puede de manera objetiva determinar como falsa.
P.: ¿Detecta peligros en esta nueva norma para combatir la desinformación?
J.P.D.: Soy muy crítico de la ley porque ya tenemos disposiciones legislativas que permiten controlar las noticias falsas. Se trata de una ley de 1881 que prohíbe a los periodistas difundir noticias falsas sabiendo que son falsas, obligándolos a hacer las verificaciones que son parte de su trabajo. En el código electoral hay una ley que refiere al período electoral que no concierne ya sólo a los periodistas, sino a todas las personas, y que no pueden difundir noticias falsas con el objetivo de influenciar el voto. Eso ya lo tenemos y son legislaciones penales por lo que pueden ser condenados por el juez penal. Lo peligroso es la conducción a establecer una verdad de Estado porque es el juez que determina lo que es verdadero y lo que no es. Claro, en modo objetivo. Pero siempre es el Estado con todas las consecuencias en 48 horas.
P.: ¿La posibilidad de que un juez determine bajar un contenido produce un cercenamiento a la libertad de expresión?
J.P.D.: La libertad de expresión es fundamental en la democracia al igual que la libertad de voto. Si a causa de la libertad de expresión hay influencia sobre la libertad de voto es malo. Por eso el Consejo Constitucional permitió la ley en la limitación objetiva.
P.: Eso nos lleva al debate sobre los criterios de las propias plataformas a la hora de bajar contenidos o suspender cuentas. ¿Considera que deberían transparentar los criterios por los cuáles las empresas toman esas decisiones?
J.P.D.: La ley establece criterios sobre lo que se debe publicar y cuáles son las razones por las cuales se deben bajar contenidos. Luego, no se puede hacer sin el apoyo de las redes sociales porque si no tenemos el problema reverso: no sólo tendremos una verdad de Estado, sino una policía del pensamiento. Las plataformas han publicado el procedimiento de cómo van a controlar. Es decir, contamos con esa transparencia. Gracias a esa transparencia me parece que encontramos un equilibrio entre la libertad de expresión, la libertad de las empresas y el conocimiento de los usuarios que sabe lo que puede decir y lo que no puede decir de acuerdo a las reglas de las plataformas».