Por decisión de la Secretaría de Energía, Cammesa, la compañía semi estatal que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (ventas, precios y subsidios), contratará a una consultora internacional que deberá elaborar una propuesta regulatoria para recontractualizar el mercado eléctrico. El trabajo deberá estar listo el 1º de noviembre. (?!)
Desde la salida de la Convertibilidad a inicios de 2002, hace más de 17 años, el negocio de generación estuvo intervenido por decenas de resoluciones y actos administrativos del Estado que, con el paso del tiempo, edificaron un andamiaje normativo ad hoc, una jungla para los abogados administrativistas.
La intención del secretario Lopetegui es recontractualizar el mercado eléctrico. ¿Qué significa eso? Que las empresas generadoras —Pampa Energía, Central Puerto, AES y Enel, entre otras— puedan firmar contratos de venta de energía con distribuidoras eléctricas de todo el país, así como también con grandes usuarios industriales. Pero el perfil comercial, financiero y hasta accionario de las distribuidoras varía de forma significativa.
Existen empresas provinciales, cooperativas y otras privadas con conductas diferentes. Y hay grandes distribuidoras provinciales que no pagan en tiempo y forma la energía que toman del mercado mayorista.
Además, por la devaluación que empezó en abril del año pasado, las tarifas que pagan -y que son como resulta evidente demasiado altas para los usuarios residenciales y las industrias- aún no cubren los costos que declaran las empresas de producción de energía.
Como si los problemas fueran pocos, la naturaleza agrega uno más: la falta de oferta de gas para el segmento de generación durante los meses de invierno encarece la operación del parque termoeléctrico en ese período. Como el gas producido localmente no alcanza, es necesario importar LNG o combustibles líquidos para cubrir esa faltante. Habrá que ver si es factible crear un fondo de estabilización. Si la economía argentina sigue con altos niveles de inflación y fluctuaciones del tipo de cambio, esa opción parece imposible.
Nuestra opinión en AgendAR: dogmas ideológicos, y algunos intereses empresarios, han hecho imposible que este gobierno acepte que aquí debe manejarse con un concepto muy antiguo de la teoría económica: los «monopolios naturales». Los precios de algunos servicios básicos no pueden ser fijados por el «mercado», por la simple razón que el usuario no puede cambiar de proveedor. La red eléctrica instalada determina cuál será. Por supuesto, también limita la competencia el nivel de inversión necesaria para producir electricidad.
Es inevitable entonces que el Estado intervenga en alguna etapa de la fijación de precios. Que estarán influidos por las prioridades que se fije ese gobierno. Llamar a una consultora a 3 años y medio de una gestión, para que informe de sus conclusiones el 1° de noviembre, 4 días después de las elecciones, muestra demasiada demora y exceso de voluntarismo.
Reproducimos el tweet que nos alertó sobre esta insólita decisión: