La entrevista a Carlos Aráoz, «En la CNEA nunca tuvimos que aceptar patentes ni pagar licencia», nos lleva a profundizar en el tema. En AgendAR creemos -como otros- que estamos en un punto de inflexión: la historia de 70 años del Programa Nuclear de nuestro país pende de las decisiones que se tomarán, o no, en estos meses.
Por lo visto, esa es la opinión también de los principales referentes de ese programa. El Dr. Gabriel Norberto Barceló, ex Vicedirector de Ingeniería Nuclear del Instituto Balseiro y ex Gerente de Relaciones Institucionales de CNEA, el Dr. Andrés J. Kreiner, Subgerente de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores y Secretario General de la Asociación de Profesionales de CNEA y de la Actividad Nuclear, el Dr. Francisco Spano, ex Presidente Autoridad Regulatoria Nuclear, y el Sr. Fernando Lisse, asesor en energía y combustible del Presidente de la Comisión de energía del Congreso de la Nación (Diputado Darío Martínez), coordinador del equipo técnico de energía PJ Neuquén y congresal CTA Neuquén prepararon el siguiente cuadro de situación a la fecha. Contribuyó con información Pablo Schroeder, gerente general de CONUAR, la empresa mixta de combustibles nucleares argentinos.
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«El desarrollo nuclear argentino ha tenido una continuidad muy poco usual en la historia de nuestro país, configurando una auténtica política de estado compartida por gobiernos de muy distinto signo ideológico y, también de muy distintas credenciales democráticas. Tal desarrollo priorizó siempre la soberanía en las actividad, por lo que se encaró la línea de reactores de uranio natural y agua pesada, que garantiza la provisión de combustible aún sin poseer capacidad de enriquecimiento de uranio, o con capacidades limitadas en esta tecnología.
Sin embargo, en estos últimos años, el proceso de destrucción de ese desarrollo, alcanzado por los argentinos en 70 años de grandes esfuerzos, tanto humanos como materiales, viene progresando desde 2016 y se ha acelerado notablemente después de la firma del acuerdo con el FMI. Especialmente alarmante es el empecinamiento en destruir la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP). Si Cambiemos gana las próximas elecciones le llevará, quizá, de seis meses a un año completarlo, si pierde, puede que lo intente en los escasos días que le queden entre la derrota y la entrega del poder.
Pero veamos el marco en que se desarrolla esta política:
En su informe “Energías Renovables en Argentina (a diciembre 2016)”, el gobierno de Cambiemos predecía la necesidad de incorporar 10 GW de potencia en energías renovables entre 2017 y 2025. En Mayo de 2019 la publicación BAE Negocios informaba la existencia de obras por unos 1100 MW completados, es decir, algo más que un 10% de lo programado (con el agravante que toda esta tecnología es fundamentalmente importada). A este ritmo, de los 10 GW propuestos, difícilmente, de continuar el gobierno de Cambiemos, pueda instalar mucho más que unos 4 o 5 GW renovables en total. Esto da una idea del campo que queda para las otras formas de energía. Si esos 5 o 6 GW que faltan no son cubiertos con nuclear o hidroeléctrica, que en realidad, considerando su factor de utilización, cubrirían esa diferencia con la mitad de la potencia instalada, deberán hacerlo con nuevas usinas térmicas, posiblemente de gas, con la consiguiente contribución al efecto invernadero… y a las ganancias de las petroleras.
Como en la planificación oficial de 2016 estaba incluida una central nuclear de 1000 MW (¿será que ya estaban pensando en la Hwalong de 1000 en lugar de la CANDU de 700?), y suponiendo que la mitad de ese déficit sea cubierto con hidro, tenemos lugar para, al menos, tres CANDU’s de 700 MW de acá hasta 2025. La primer CANDU ya debería estar construyéndose, tal cual estaba planificado en 2015.
Pese a estas perspectivas, el gobierno de Cambiemos ha avanzado contra los tres pilares en que se basa nuestra autonomía nuclear. La línea de reactores de uranio natural, la planta de agua pesada y la planta de enriquecimiento de uranio. Además ha ralentizado o suspendido la inversión en los demás proyectos prioritarios: el desarrollo y la construcción del prototipo de la central nucleoeléctrica compacta CAREM, y la construcción del reactor RA 10, de investigación y fabricación de radioisótopos. Muy grave también es el parate de la obra de la planta de fabricación de dióxido de uranio en Formosa, que debe reemplazar a la planta existente en la ciudad de Córdoba.
La continuidad de la línea de uranio natural, que nos garantiza la operación, al garantizar la provisión de combustibles fabricados aquí, quedó suspendida sine die cuando el Gobierno Nacional tomó la decisión de cancelar el proyecto de un reactor CANDU (después de la firma del acuerdo con el FMI, como se dijo). Esa central de potencia sería fabricada casi totalmente en el País y programada para ser la cuarta central nuclear nacional. Se la canceló en favor de un reactor chino de uranio enriquecido comprado «llave en mano», es decir, con una mínima contribución de la industria nacional. Si bien no se conocen los detalles de lo firmado, y puede tratarse hasta ahora, de una carta de intención, la dirección política que implica esta decisión es clara y atenta contra el desarrollo autónomo y, también, contra el recupero de la inversión que empresas estatales, mixtas y privadas han hecho con el objetivo de continuar con la línea de uranio natural.
El impacto sobre la economía argentina se puede estimar a partir de los datos contenidos en un documento de expertos elaborado a pedido de la subsecretaria de energía nuclear en 2016. Como concepto general está demostrado que una determinada inversión en obra pública retorna a la economía en aproximadamente un 75% (siempre hay un componente importado cuando hay tecnología de por medio). La inversión para la CANDU era de MUSD (millones de dólares estadounidenses) 5.672, mientras que para la Hwalong el valor estipulado era MUSD 8.042. Considerando una participación nacional de 70% (MUSD 3.970) y un retorno de 75% hacen un impacto positivo sobre la economía local de MUSD 2.978. En el caso de la Hwalong tenemos un 15% de participación local (MUSD 1.206) y con un 75% el retorno es de MUSD 905. La diferencia a favor de la CANDU es de MUSD 2.073. O sea que desde un punto de vista estrictamente económico, ¡la diferencia a favor de la CANDU es de arriba de 2.000 MUSD!
No hay ninguna duda de que la opción CANDU, además de garantizar la provisión del combustible, por capacidad nacional para producirlo, maximiza el impacto tanto sobre el empleo argentino y la actividad económica local y minimiza la erogación de divisas que el país no tiene.
Si tenemos en cuenta que la propuesta china que se estaba discutiendo a fines de 2015, y que incluía una CANDU antes de la Hwalong, incorporaba cláusulas de cumplimiento de plazos de construcción con penalidades que involucraban la caída de los créditos otorgados por los proveedores, es razonable pensar que el contrato que está negociando el gobierno actual, además de no incorporar más de un 15% de participación nacional, según dicen ciertas versiones, incluya términos parecidos. Por ello, de mediar el menor conflicto gremial que pueda demorar la obra, los créditos chinos quedarían condicionados a la participación de obreros de esa nacionalidad, importados de su país de origen, hasta la finalización de la obra.
La planta de agua pesada, imprescindible para los reactores de uranio natural y la mayor del mundo en este momento ha interrumpido sus programas de producción desde 2017 y se está empujando al personal más especializado a tomar retiros voluntarios mediante un programa lanzado en junio de este año, después de haber sufrido maltrato laboral (como ser pagos irregulares de sus salarios, falta total de ajustes por inflación, etc.). Esto se inicia, también significativamente, desde el momento mismo de la firma del acuerdo con el FMI.
Según nuestros datos el stock existente de reposición de agua pesada para nuestras centrales alcanza solo para 2 a 3 años, luego de lo cual habrá que salir a pagar el agua pesada en USD a valores tan altos como se les ocurran a los poquísimos proveedores, y en divisas. Se está pensando en acoplarle una planta de fertilizantes, posibilidad discutida desde el inicio de sus operaciones. En las actuales circunstancias, tal agregado significaría, muy posiblemente, una justificación para pasar luego a desactivar y desguazar las partes específicas de fabricación de agua pesada. Aun cuando no se siga, por ahora, con la línea CANDU en la Argentina, la información internacional indica que India está construyendo cuatro reactores de esa tecnología, que tienen previsto entrar en operación en 2022, y tiene programados 6 más.
La empresa CONUAR, con participación de CNEA, ha provisto partes para una de las 4 CANDU a terminar en 2022, y ha está participando en una licitación internacional para proveer partes para 3 de las 6 adicionales.
India posiblemente esté sufriendo las mismas presiones que sufrimos por acá contra los 6 CANDU adicionales, y la salud y tiempos de esos proyectos podría, también estar condicionada a la supervivencia de la PIAP. Efectivamente, la planta argentina sería una fuente alternativa de agua pesada para esos proyectos, considerando que las plantas indias para fabricar el líquido no lo podrían suministrar en tiempo y forma. La asociación con la India debe explorarse con toda seriedad.
La planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu está inactiva desde junio de 2016 y, pese a algunos anuncios en contrario, si contemplamos el resto del panorama, vemos que no hay muchos motivos para pensar que puede volver a funcionar en el futuro cercano. Si bien su producción hasta ahora no pasó de 1000 Kg con muy bajos enriquecimientos, su sola existencia coloca a la Argentina en el grupo de países con la capacidad de enriquecer uranio, lo que, además de impedir las presiones que se aplican actualmente contra los países que se inician en esta capacidad, ha permitido asegurar la importación de uranio enriquecido para los reactores que exportó INVAP y permite dar ciertas garantías para la viabilidad del CAREM, tanto para el uso interno como para la exportación de esta revolucionaria planta argentina de potencia. Si se prolonga la parálisis de la capacidad de enriquecimiento o, peor, si se declara oficialmente ante OIEA que el país ya no enriquece uranio, Argentina puede perder su reconocimiento como país enriquecedor, categoría a la que será extremadamente difícil volver por las presiones de los países centrales, que son los que monopolizan la actividad.
El paso siguiente en cada una de estas dos últimas actividades será el desguace de las capacidades nucleares de ambas plantas. El daño a la línea de reactores de uranio natural se producirá, simplemente, por la inactividad de los grupos de ingeniería y de las empresas relacionadas con la capacidad nacional alcanzada para fabricar las CANDU durante los años que lleve el “proyecto tapón” de la central china que absorberá todo el presupuesto que se pueda asignar a la nueva generación nuclear. Además de las pérdidas de miles de puestos de trabajo, incluidos muchos altamente especializados, se perderían las perspectivas de incrementar la producción de cobalto 60, radioisótopo de uso medicinal del cual la Argentina es el 3er. productor mundial. El Co 60 se fabrica en las centrales CANDU.
Una vez conseguido esto, y en contra de lo alcanzado con las centrales de uranio natural, cuyo combustible se fabrica en la Argentina, nuestro país deberá comprar todos los años o cada año y medio, combustible nuclear de uranio enriquecido o, al menos, el servicio de enriquecimiento de uranio a los países centrales, que poseen la capacidad. Y que ponen condicionamientos no solo económicos para vender uranio enriquecido. Estaremos condicionados políticamente a su voluntad si vamos reemplazando con centrales de uranio enriquecido el uso de los combustibles fósiles. Y eso es algo bastante cercano en el tiempo, porque posiblemente se comenzará a abandonar la emisión de carbono fósil para mitigar el cambio climático y sus efectos cada vez más graves y globales.
El CAREM, el reactor de diseño argentino que a menudo es mencionado como el proyecto “insignia” del programa nuclear nacional, no tiene demasiado valor si no tenemos capacidad de enriquecimiento para poner el combustible de las unidades que podamos instalar en la Argentina, o de las que podamos exportar. Como dijimos, si no contamos con capacidad autóctona de enriquecimiento de mayor escala que la que tenemos hoy, los países proveedores de ese servicio pondrán condicionamientos para vendernos el combustible del CAREM. Nada hace pensar que van a proveérnoslo, ya que estamos compitiendo con ellos con una central nuclear mejor, más segura, más avanzada y posiblemente más barata que las que ellos ofrecen.
Además se ha reducido el presupuesto de la Gerencia CAREM y las obras del primer prototipo, que se están realizando en Atucha están en vías de parálisis. En 2019 no se previó presupuesto para el CAREM, los contratos de ingeniería de detalle fueron cancelados por falta de presupuesto. De los 12 integrantes de la oficina técnica de ingeniería ,por ejemplo, al menos 6 renunciaron o vieron cancelados sus contratos. El más capacitado emigró a Finlandia. En la obra fue noticia el despido de unos 80 trabajadores de una empresa subsidiaria por falta de actualizaciones en los pagos por personal.
El RA 10, que tuvo una cierta «primavera» -presumiblemente porque uno de los contratistas principales era una empresa ligada al presidente Macri-, también está siendo detenido.
En cuanto a la planta de dióxido de uranio (U02) de Formosa, estaba en obra para reemplazar a la de Córdoba, que va a cierre en marzo del año próximo por presiones del gobierno municipal cordobés. La puesta en marcha del sustituto formoseño es esencial para la provisión del combustible a las centrales nacionales. Si Argentina pierde esa capacidad, deberá importar el dióxido de uranio natural y no hay en el mundo más que 3 proveedores que pueden suministrarlo. Esto significaría, además, un nuevo golpe a la autonomía en el manejo del Ciclo de Combustible: estaríamos importando no sólo el tetróxido de diuranio (la forma química en que sale de la mina, U3O8) debido a las presiones antinucleares en las provincias que pueden proveerlo a partir de la minería. Estaríamos perdiendo el paso siguiente de la cadena de valor, su conversión a U02, la base para hacer las pastillas o «pellets» de cerámica que se envainan en los elementos combustibles.
En el interín, el próximo paso por el que presionan los países dominantes, a través del que nos tocó como gendarme regional, es la firma del Protocolo Adicional del Acuerdo de Salvaguardias asociado a la firma del Tratado de No Proliferación. Y sabemos cuán sensible es el gobierno actual a las presiones que vienen de ese lado.
Tal firma les dará, de hecho, poder de veto a los países dominantes para interferir y, cuando lo deseen – y hace décadas que lo desean – detener nuestro desarrollo nuclear. Además les dará derecho a inspeccionar lo que quieran en territorio nacional (imaginemos a inspectores británicos inspeccionando instalaciones de defensa de la Patagonia) con el argumento basado en una denuncia cualquiera, de que estamos haciendo allí actividades que nos comprometimos a no llevar a cabo. También podrán cuestionar e interferir en desarrollos industriales no relacionados con lo nuclear: meterse en fábricas de fibras de carbono o de sistemas electrónicos e informáticos complejos. Es decir, podrán detener el desarrollo nuclear pero también obstaculizar y/o copiar impunemente nuestros pocos desarrollos industriales, incluyendo nuestros sistemas de defensa convencional.
Se nos dirá que no ha de ser para tanto, ya que la gran mayoría de los países del mundo ya han firmado el Protocolo Adicional. Y es cierto.
Pero sucede que no hay muchos países que reúnan las condiciones que tiene la Argentina. El más cercano lo es también geográficamente: Brasil. Por ello estamos en sociedad también en esto, nuestro socio más cercano.
La inmensa mayoría de los países se divide en tres grupos: los que ya tienen todo lo que necesitan para un desarrollo nuclear autónomo, como los cinco miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, armados en su mayoría con bombas nucleares y termonucleares. También un segundo grupo países estratégicamente asociados a estos 5. Y por último, están los que no tienen ninguna posibilidad de alcanzar un desarrollo nuclear propio, la mayor parte de los estados-nación del mundo.
El segundo grupo es el de los países como India, Paquistán, o Israel, que poseen condiciones geopolíticas muy particulares y desarrollaron arsenales nucleares «tolerados» por el Consejo de Seguridad. En ese grupo tratan de meterse Irán y Corea del Norte que, en algún momento han violado alguno de los compromisos internacionales que habían asumido y están clasificados como “rogue states” (estados bandidos) y condenados al ostracismo y, quizá a una invasión militar en algún futuro no demasiado lejano.
Brasil y Argentina, por su parte, han hecho sus desarrollos siempre en el marco de los compromisos por ellos asumidos, y mantienen relaciones jurídicamente más que amigables con la “comunidad internacional”, a través del llamado “perro guardían de las Naciones Unidas», el Organismo Internacional de Energía Atómica, que tiene acceso a las plantas sensibles cada vez que lo desea. Es decir, sin objeciones posibles, estamos bien de papeles.
El órgano binacional que canaliza los controles mutuos y los del OIEA, la Agencia Brasileño Argentina de Contabilidad y Control, o ABACC, es mencionado con frecuencia en los foros internacionales como ejemplo a aplicar en otras zonas del mundo. Sus capacidades han permitido que se exima a nuestros dos países (por ahora) de la firma del Protocolo Adicional.
Esto de ninguna manera quiere decir, por supuesto, que los países poderosos no estarían más cómodos si dejáramos de tener estas capacidades y que, por lo tanto, no estén empleando todas las vías que pueden, legales y de las otras, para que las abandonemos.
Los argumentos explicitados para ello tienen que ver con la no proliferación de las armas nucleares, pero en el trasfondo de esa preocupación hay intenciones geopolíticas estratégicas y también sencillamente comerciales. Les hacemos competencia.
La alternativa es, entonces: o resistimos las presiones que recibimos, dando, al mismo tiempo, todas las garantías razonables que pida la “comunidad Internacional” sin llegar a los extremos del Protocolo Adicional, tal como lo están tratando de imponer desde los poderosos (se puede negociar el texto a firmar y, esto sí, puede estudiarse). O bien cedemos a las presiones y comprometemos para siempre la autonomía nacional en el desarrollo energético y, por lo tanto, industrial, de la Argentina.
Desde sus inicios, el Plan Nuclear Argentino fue mucho más que un programa de construcción de centrales nucleares. Siempre procuró ser completo, integral y ajustado al marco de nuestras necesidades económicas. Siempre sumó desarrollos en Ciencia y Tecnología en temas concurrentes y necesarios para el sector. Aportó las aplicaciones de las radiaciones ionizantes a la vida cotidiana, a la salud, a la industria. En una decisión esencial y fundacional, sumó el desarrollo y control del ciclo de combustibles. En un salto trascendente y de extraordinario valor estratégico, sumó también la capacidad de enriquecer uranio para asegurar el combustible de nuestros reactores de investigación, del CAREM y de los posibles reactores de esa tecnología que podamos incorporar al parque de generación nuclear en un futuro.
Nuestro Plan Nuclear se desarrolló con excelencia, tanto en la promoción como en la regulación de la seguridad. Creció atendiendo a las exigencias del desarrollo necesario de nuestro pueblo, con una historia coherente y con una proyección internacional prudente.
La continuidad de la construcción de las centrales CANDU, de uranio natural, permitirá consolidar las capacidades y el ejercicio de esas capacidades en nuestro plantel humano especializado, la estructura soporte, tanto de ciencia y tecnología como industrial del plan nuclear y, especialmente, la matriz industrial del sector. Y esto se debe hacer manteniendo la capacidad de enriquecer uranio para nuestros reactores de investigación actuales y para futuros reactores de potencia.
En definitiva, se consolidará, así, la existencia coherente y soberana del plan nuclear de 70 años, que es patrimonio de todos los argentinos«.