En el Frente de Todos se plantea la desdolarización de las tarifas de gas y electricidad

Un «Debate Presidencial» como el de anoche concentra la atención de los sectores politizados de la sociedad. Y algunos creen que puede sumar o restar al candidato un pequeño porcentaje de los votos. Pero lo que seguramente no permite es exponer en pocos minutos las políticas que se aplicarán desde el gobierno.

En el caso probable de una victoria del Frente de Todos, serán más útiles -sin ser definitivos, tampoco- los trabajos técnicos que se han hecho desde el Partido Justicialista, coordinados por Ginés González García. Reproducimos un resumen de lo que se plantea en el área de Energía, decisiva si las hay.

Es necesario tener en cuenta que es el proyecto de un espacio político. Quien gobierne deberá balancerlo con los reclamos e intereses de otros sectores. En especial, con los que se espera que hagan inversiones. Pero tampco hay que olvidar que este proyecto expresa las necesidades de los sectores productivos que necesitan energía accesible, y de la población que no soporta las actuales tarifas.

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Los equipos técnicos que han trabajado en estos meses en el Partido Justicialista (PJ) proponen que el próximo Gobierno encare una revisión integral de las tarifas energéticas para vincularlas con el costo de producción y «las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo».

En el documento «Aportes de los equipos técnicos de la unidad», que detalla políticas para una gestión que encabezará Alberto Fernández -si se repiten el domingo 27 de octubre los resultados de las PASO-, se observa que la Argentina es productora de energía y, por tanto, «no hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos».

Así, insiste en la desdolarización de tarifas de la energía (gas y electricidad) y combustibles, para aliviar a los consumidores.

Para ellos, el Estado debe asegurar que la energía se obtenga a un «costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable». De concretarse estas propuestas, Alberto Fernández designará un equipo que analizaría en un plazo no mayor a 100 días los costos, niveles de ganancia, las inversiones e indicadores de calidad de las empresas al mismo tiempo que congelarían preventivamente las tarifas.

También reformarán los entes reguladores para que representen los intereses de los consumidores, ya que ven que tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) tienen por técnicos designados por el gobierno de Mauricio Macri -durante la gestión del entonces ministro de Energía, Juan José Aranguren- que, según ellos, representan los intereses de las empresas en las que antes trabajaron.

En cuanto a Vaca Muerta, que tendría un plan estratégico de desarrollo puntual, piensan que «YPF debe ser el principal actor» de la región, en la que «los recursos y las capacidades nacionales multipliquen la creación de empleo y el agregado de valor» con «maximización de proveedores locales».

El trabajo de conjunto fue encabezado por el ex ministro de Salud, Ginés González García, y en su apartado de energía tuvo como líderes a Arturo Trinelli y Marcos Fontela. Advirtieron que el documento no refleja la posición institucional del partido sino que recogió elementos de los debates al interior de 18 comisiones. Ni siquiera se trata de un documento elaborado por el Grupo Callao (que asesora a Alberto Fernández), ni del Instituto Patria, que reúne a los más cercanos a Cristina Fernández.

De acuerdo a unos 700 técnicos, «la salud energética de una Nación no pasa por una balanza comercial superavitaria, ni por el estado de la capacidad exportadora del país»,sino porla posibilidad «del pueblo y de su aparato productivo» de acceder a los servicios con tarifas «justas, razonables y asequibles», como marca el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió el aumento del gas en 2016.

La parte energética estuvo en gran parte inspirada en textos de Federico Bernal, director del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, Soberanía y Seguridad Jurídica Popular Ingeniero Enrique Martín Hermitte (OETEC). Bernal es asesor de Cristina Kirchner en los temas vinculados a la energía.

También hay aportes de Sergio Lanziani, el ministro de Energía de Misiones, egresado del Instituto Balseiro, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y hombre de confianza del ex gobernador Carlos Rovira (1999- 2007), que trabaja en la campaña del Frente de Todos en la provincia mesopotámica.

Lanziani y Bernalson son mencionados para cargos de responsabilidad en el área de Energía, al igual que el ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, y mantienen desde hace meses contactos con las empresas del sector.

En el área nuclear, la propuesta de este documento es importante por lo que dice y por lo que no dice: pasa por la construcción de dos tipos de central atómica distintos: una de uranio natural y agua pesada tipo CANDU, como Embalse, pero con tecnología argentina, y otra compacta de uranio enriquecido cuyo prototipo de baja potencia está en construcción desde 2011 (en este momento detenida): el CAREM. Para el primer proyecto se debe retomar la producción de la Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, Neuquén, y para el segundo, modernizar la de enriquecimiento de uranio en el Centro Tecnológico Pilcaniyeu, Río Negro. El proyecto de compra llave en mano de una gran central china de uranio enriquecido Hwalong-1, de la China National Nuclear Corporation no se menciona en absoluto.

VIACronista