(En la redacción de AgendAR somos varios los que vemos las campañas de Greenpeace con cierto escepticismo: sesgadas por las preocupaciones en Europa y EE.UU., de donde provienen la mayor parte, por lejos, de sus aportes.
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Pero generalizar es un error. Esta declaración de Leonel Mingo, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace Argentina, es válida y oportuna).
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«Hace pocos días, el gobierno nacional derogó el decreto 591/2019 que flexibilizaba los requisitos para la importación de residuos. Sin dudas, la derogación es una medida acertada y una batalla ganada en la lucha de las organizaciones ambientalistas que pregonan por un correcto tratamiento de los residuos sin caer en medidas cortoplacistas y contaminantes.
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Este decreto no sólo era inconstitucional, ya que implicaba una clara violación al principio de no regresividad ambiental contemplado en el artículo 41 de la Constitución, sino que también era ilegal bajo el derecho internacional y suponía un riesgo para el ambiente, la salud y las fuentes de trabajo asociadas al reciclaje.
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El decreto iba a facilitar el ingreso de materiales como aluminio, papel, cartón, vidrio y plásticos, provenientes de Estados Unidos y Europa, que lamentablemente ya abundan en los desechos que generamos en nuestro país. Los principales mercados solían ser China y algunas países del Sudeste Asiático que actualmente están rechazando la entrada, por lo cual Argentina iba a convertirse en el nuevo destinatario de la basura del resto del mundo.
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Esta medida pone sobre la mesa el grave problema de los residuos en Argentina. Nuestro país no podía convertirse en el basurero del mundo. Tenemos, en la actualidad, políticas deficientes para el correcto tratamiento de nuestros residuos, los rellenos sanitarios están saturados y abundan los basurales a cielo abierto.
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La ciudad de Buenos Aires es la única del país que cuenta con una normativa, la Ley de Basura Cero, pero fue modificada en 2018 para introducir la incineración de residuos, luego de años de incumplimiento sistemático. Cabe destacar que la ley de Basura Cero de la ciudad, sancionada en 2005 y reglamentada en 2007, establecía un 75% de reducción de residuos para 2017. A la fecha, no se alcanzó ni el 30%.
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Ante este panorama totalmente negativo, el decreto carecía de sentido e iba a profundizar aún más el problema de los residuos. Argentina no puede gestionar sus propios residuos y planeaba recibir más de otros países y con el agravante de que no íbamos a saber a ciencia cierta si los residuos eran tóxicos o no, ya que había sido descartado el certificado de inocuidad. Así de irrisorio era este decreto. Si no podemos controlar la basura de nuestra propia casa, no le compramos más al vecino.
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La solución radica en aplicar un serio tratamiento de residuos en el país, que esté sostenido por programas a largo plazo y enfocados en la reducción progresiva de envío de residuos a rellenos sanitarios y que incluyan la separación, recuperación, reciclaje y compostaje, y, a su vez, descarten técnicas nocivas para el ambiente y la salud, como la incineración de residuos.
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Con o sin decreto, la incineración no es una medida viable que se sustente en la correcta gestión de residuos, sólo traerá más tóxicos y consecuencias nocivas para la salud de los vecinos. Los argentinos tenemos el derecho a vivir en un ambiente sano. Resolver el problema de la basura contribuirá a que sea posible.»
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