Las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias son una parte fundamental de los ingresos del Estado argentino desde 2002, cuando Duhalde las reimplanta. Y su fuente genuina de divisas desde entonces. (Hay exportaciones industriales, por cierto. En particular, es significativa la automotriz. Pero… importa más en insumos que lo que exporta: el saldo del conjunto todavía es negativo).
Y a partir del conflicto por la Resolución 125, en 2008, sus consecuencias se transformaron en un gran tema que subyace en los enfrentamientos políticos en nuestro país. Basta ver un mapa que refleje los resultados electorales el año pasado, por departamento, no por provincia, para tener la evidencia.
El asunto tiene raíces profundas, desde la misma formación del país. La «Representación de los Hacendados», que presenta en 1809 Mariano Moreno (la redacción central se atribuye a Manuel Belgrano) al Virrey Cisneros, es un ejemplo, no el más antiguo.
Pero para resumir la situación actual no hay necesidad de repasar la historia. Los empresarios rurales -como todos los empresarios, en todos los países- quieren pagar menos impuestos, y algunos de ellos, además, están en mala situación; siempre pasa, en una actividad tan dependiente del clima, del transporte y de insumos importados (sí, ellos también; deben pagar a valor dólar a Bayer-Monsanto y muchos otros proveedores).
El Estado necesita recaudar. Es así de simple. Reducir el gasto público siempre es una consigna atractiva para muchos, y sin duda hay cosas para economizar en los gastos de la política, de los jueces, de los subsidios a empresarios prebendarios… Pero los egresos grandes del Presupuesto nacional son las jubilaciones, el sistema de salud, las fuerzas de seguridad… Los que hablan de recortar prefieren no entran en detalles.
Un argumento que jugó un papel importante en otras oportunidades -la necesidad de imponer retenciones para que el consumidor local no tenga que pagar por los alimentos el precio internacional- hoy casi no se escucha. Los alimentos se han encarecido mucho -a nivel europeo, en algunos casos- y además, los argentinos casi no consumimos soja, el grano y el aceite que forman la exportación más importante. El problema de las exportaciones de carne estará sobre la mesa muy pronto, pero hoy no es la discusión central.
Ahora, hay un actor nuevo en el enfrentamiento que no jugaba en 2008: los acreedores externos. Tanto el F.M.I. como los bonistas saben que cualquier posibilidad de cobrar depende de que el Estado recaude esos impuestos a las exportaciones agropecuarias (¿Vaca Muerta? Más allá del debate si es rentable a largo plazo o no, el hecho es que con los precios actuales del petróleo no habrá ingreso de divisas por ese lado). Sólo hay que acordarse que fue Mauricio Macri quien tuvo que reimponer las retenciones.
El actual gobierno ha hecho un esfuerzo deliberado -y en mi opinión necesario- para no antagonizar sin necesidad a todos los productores rurales. A través del ministro de Agricultura, Luis Basterra, presentó un esquema de compensaciones a la soja para amortiguar el reclamo contra la suba de las retenciones del 30 al 33% .
Destina unos US$ 186 millones sobre US$ 354 millones que, se estima, recaudaría por esta suba. Según el gobierno, estos son los números de la segmentación:
42.460 productores, el 74% del total y cosechan el 23% de la soja, serán los alcanzados por la compensación.
14.886 productores, el otro 26%, que cosechan el 77% de la soja, se quedarán afuera del beneficio.
Del lado de enfrente, el titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, dijo “Nosotros no acordamos nada. La propuesta que está escrita del campo, de la Comisión de Enlace, es muy clara al respecto a derechos de exportación. Nosotros solicitamos la eliminación y su reemplazo por el impuesto a las ganancias, un impuesto federal, coparticipable, que genera además, la capacidad de contribución de muchos sectores asociados al campo”.
El presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Matías de Velazco, afirmó que «Si la Mesa de Enlace o CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) no hacen un paro, Carbap lo hará sola».
Por su parte, los llamados «productores autoconvocados» hicieron duras críticas a la Mesa de Enlace, a la que ven demasiado blanda con el gobierno.
En cambio, el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, aseguró que la última reunión que la Mesa de Enlace mantuvo con el ministro de Agricultura, Luis Basterra, «fue en buenos términos, pero no estamos conformes con la manera que se está segmentando» el esquema de retenciones. No obstante, subrayó que «no se evalúa que haya medidas de fuerza».
La estrategia del gobierno es contener, negociar y seguir avanzando: el manejo del Estado y las mayorías en el Congreso le permiten mantener la iniciativa. La apuesta de los sectores más duros entre los empresarios rurales y sus representantes es política, antes que gremial empresaria: su expectativa es que el malestar de los sectores de la sociedad descontentos fortalezca su protesta, como sucedió en 2008.
Mi evaluación, necesariamente tentativa, es que esos sectores existen y no son mínimos, pero su descontento se expresa con mucha más fuerza en las redes sociales y en mensajes en grupos de whatsapp que en cualquier otro lado. No hay un elemento aglutinador, y cualquier nostalgia del gobierno de Macri pertenece a segmentos muy menores de la población.
En todo caso, como señalé antes, la discusión por las retenciones la resolverá la realidad, con esos modales bruscos que tiene. El Estado, y el país, no tiene otra fuente importante de ingresos a la que recurrir en el futuro inmediato, y el endeudamiento al que recurrió, irresponsablemente, el gobierno anterior hoy está cerrado. Los actores inteligentes de ambos lados lo saben.
A. B. F.