La Mesa de Enlace anunció ayer un paro de cuatro días, que comenzará el próximo lunes 9 y se extenderá hasta el jueves 12. Hasta ahora, la Mesa no dio detalles de la medida, y se espera un comunicado en las próximas horas.
Algunos sectores afines al gobierno se anticipan a considerarla un lockout patronal, mientras que entre los ruralistas están desde los moderados que plantean simplemente un cese de comercialización de granos y hacienda para faena (como el que ya está vigente en Tucumán, por ejemplo) a los exaltados que reclaman un tractorazo (algo así hubo ayer en Córdoba).
Esto es el reflejo de un debate interno entre las entidades que conforman la Mesa: Confederaciones Rurales Argentinas -que empujó desde el comienzo por una medida de fuerza y dijo que estaba dispuesta a avanzar en una protesta sola-, Coninagro, la Sociedad Rural y la Federación Agraria -la entidad más renuente, y cuyo presidente había dicho que no habría medidas de fuerza. Al final, y luego de un debate interno, las entidades privilegiaron mantener la unidad.
Aparentemente, el Gobierno ya ha decidido evitar las confrontaciones verbales. Comentan, informalmente, que el aumento se decidió a partir de la autorización brindada expresamente al Presidente por el Congreso, y que ya no queda nada por discutir. El ministro de Agricultura ofreció la segmentación y las compensaciones que eran posibles y aconsejables de acuerdo a la realidad del agro y la situación fiscal.
En AgendAR analizamos ayer este enfrentamiento y sus límites, y no vemos hechos que puedan modificar el cuadro, hasta ahora. Es cierto, sin embargo, que también influirá un factor imprevisible: el clima social en cientos de localidades en la zona núcleo y aquellas donde avanzó en estas dos décadas la frontera agropecuaria.