Las pymes industriales aseguran que están recibiendo facturas de luz como si no hubieran paralizado sus fábricas y denuncian que las distribuidoras eléctricas están «inflando» las estimaciones de consumo.
Como las compañías no están controlando los medidores físicamente a raíz de las restricciones de la pandemia, deben calcular las tarifas de acuerdo a una proyección. Según dirigentes de las entidades que agrupan a las pymes, la están elevando intencionalmente.
«Están utilizando las facturas y los valores en los sectores productivos, industriales y también domiciliarios de los meses en los que había actividad sin tomar en cuenta que desde marzo 70% de comercios y fábricas no han tenido actividad ni consumo», afirma el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro.
«Deberían cobrar sólo el consumo real. Es inverosímil tener que pagar 100.000 pesos de básico de consumo con las luces totalmente apagadas. Hace ya casi 50 días que estamos en cuarentena con las empresas paradas y los mínimos que te cobran de la luz son terribles», subraya el presidente de la Cámara Argentina de la Industria Óptica (CADIOA) y dirigente de CGERA, Norberto Fermani.
Las cámaras empresarias industriales cuestionan que se están aplicando criterios «netamente recaudatorios e inexactos» que generan un gran perjuicio económico y financiero, justamente en sectores completamente afectados por la parálisis económica.
Por su parte, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) adoptó una serie de medidas para garantizar los derechos de los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica, atento a la actual situación de emergencia. El ENRE debe controlar a las empresas prestatarias del servicio de distribución de energía eléctrica Edenor y Edesur.
En un comunicado informa que «se instruyó a las empresas concesionarias a que refuercen los canales de atención y comunicación para que los usuarios puedan impugnar sus facturas en los casos donde se detecte un desvío entre el consumo real y el estimado por la distribuidora, declarando el valor consumido».
Y dispone que las diferencias que surjan entre las lecturas reales y lo que se haya facturado a los usuarios, serán evaluadas oportunamente y se establecerán los procedimientos para su tratamiento, ponderando los derechos y posibilidades de los consumidores.