El cordobés Pablo Carro encabeza un grupo de diputados del Frente de Todos que promueven un proyecto de ley para declarar un derecho humano el acceso a internet. Y así regular sus tarifas, aunque tratando de mantener la competencia entre las empresas.
Lo firman 29 diputados oficialistas, y fue presentado este viernes 19 en una teleconferencia con legisladores y expertos de América Latina, en un debate sobre cómo garantizar a la mayoría de la población el servicio de internet, que con la pandemia pasó a ser esencial para la vida cotidiana.
Se afirma que seguirá siéndolo: la irrupción del 5G, la tecnología que facilita el «internet de las cosas», convertirá a la calidad de la red en la llave para el desarrollo de un país.
El proyecto considera como «un derecho humano» el «acceso a servicios de conectividad a internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital» y excluye de la regulación a las tarifas de telefonía celulares.
Define a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como un «servicio público en competencia», que pueden fijar sus precios «justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación».
Pero contempla que podrán ser reguladas «las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC y las prestadas «en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público».
Ni bien comenzó la pandemia, un proyecto de ley de Fernanda Vallejos pidió congelar tarifas de internet y presionó para que la Enacom acordara con las compañías frenar las subas hasta septiembre. Antes se los había declarado servicios esenciales para que no puedan suspenderlos. El gobierno congeló las tarifas celular e internet hasta septiembre.
Los legisladores de Cambiemos no ocultan sus dudas por la nueva regulación y advierten que será difícil garantizar inversiones del sector privado si no se permiten márgenes de rentabilidad que las justifiquen.
«Tiene que haber un sistema colaborativo entre los que toman decisiones y los que tienen capacidad de invertir. Y trabajar en conjunto para garantizar un acceso universal», propuso la radical Karina Banfi. «Hay que ver de dónde venimos: en 2015 había 63 localidades conectadas a internet y en 2019 más de 1000».
En Argentina los principales actores son la reciente fusión Telecom-Cablevisión, Telefónica y América Móvil (Claro). «El Gobierno tiene que entender que el congelamiento que las tarifas de telefonía fija impidió modernizar rápido la fibra óptica. No puede repetir el mismo error», señalaron desde una de las compañías que resistió a denominar la telefonía móvil como servicio público. Fue escuchado.
En los fundamentos del proyecto del oficialismo reconocen que, según fuentes privadas, el 95% de la población y más del 70% de las ciudades y localidades del país tiene conectividad, pero advierten que en zonas periurbanas es nula o deficiente.
Y señala que «los servicios de Internet fijos y móviles en Argentina son caros y ofrecen velocidades que no condicen con las expectativas de un ciudadano contemporáneo, para la población ubicada por debajo de la media de ingresos».
«Respecto de los costos mensuales para los bolsillos de los argentinos, no estamos bien. La asequibilidad de estos servicios, medida en dólares y devaluaciones mediante, se lleva más del 10 o el 15% de los ingresos de una familia ubicada en el cuarto o quinto quintil por nivel socioeconómico».
Este proceso, advierten, va a contramano de la mayoría de los países del mundo, que según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) vienen teniendo una «drástica reducción de los precios en relación con los ingresos».
