En medio de los incendios en las islas del Delta del Paraná se retomó el debate legislativo para una ley de humedales, con una primera sesión informativa en la Comisión de Recursos Naturales de Diputados.
Sin embargo, la preocupación por los humedales, que cubren 600.000 kilómetros cuadrados en todo el país (23% del territorio nacional) siempre estuvo vigente. Por eso, por ejemplo, a principios de este año, investigadores, técnicos, gestores y representantes de organizaciones sociales y ambientales participaron de una jornada convocada por las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, en la que reiteraron la necesidad de contar con una legislación que establezca una regulación de protección del ambiente.
Así, cuando volver a debatir algún proyecto de ley parecía una mera expresión de deseo, los incendios que ya han consumido más de 5000 kilómetros cuadrados, desde la Capital santafesina hasta Villa Constitución y Victoria, de los 19.300 kilómetros cuadrados que abarcan los humedales paranaenses (según datos de la ONG CeProNat, de Santa Fe) motivaron a que durante julio se presentaran seis proyectos de ley.
En estos días se convocó a una primera sesión informativa en Diputados, en la que una treintena de organizaciones gubernamentales, ambientales, sociales y académicas compartieron preocupaciones y analizaron los aspectos principales a tener en cuenta para llegar a la tan esperada ley de humedales. “ La idea es hacer reuniones semanales con productores, desarrolladores inmobiliarios y organizaciones de la sociedad civil”, dijo Grosso y afirmó que harán los encuentros necesarios para que todos los actores interesados puedan participar.
“Las quemas del Delta son disparadoras, pero el tema humedales es más amplio porque hay otros humedales que también están siendo drásticamente afectados en la actualidad, como los salares de altura por la extracción y exploración de litio, y los humedales costeros marítimos de Tierra del Fuego, por el avance de las urbanizaciones”, dice Rubén Quintana, director del IIIA, y agrega que, si bien el fuego “tiene un efecto visual muy fuerte”, en el Delta hay otras prácticas como los endicamientos que también son perjudiciales y pueden pasar inadvertidos para las poblaciones urbanas.
Durante la sesión informativa, el especialista en ambiente Julián Monkes coincidió con esta idea: “Si bien el Delta es el disparador, es solo la punta del iceberg”, dijo y recordó que los humedales son sistemas heterogéneos que en la Argentina pueden encontrarse desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Por eso, una de las cuestiones principales es la definición de humedal que se debería considerar en la ley, lo que determinará qué territorios quedarán incluidos en un inventario nacional. Otros temas que generan preocupación son el ordenamiento territorial y el presupuesto a destinar para la protección de estas regiones ecosistémicas.
“Es sensato adoptar la definición consensuada para realizar el inventario nacional, en la que participaron expertos de todo el país. La definición de Ramsar es una mera enumeración de tipos de humedales y por eso no es suficiente para conceptualizar estos ecosistemas a los efectos de que la ley sea operativa”, dijo Elba Stansich, asesora en agua y ordenamiento territorial del Círculo de Políticas Ambientales, durante la sesión informativa, y consideró que el ordenamiento territorial debería ser participativo, con sectores académicos, productivos, comunidades locales y la sociedad civil, y que debería ser aprobado por ley, lo que obliga al debate en las legislaturas. “La ley también debería explicitar criterios de sostenibilidad ambiental, conservación y uso, ya que, si el ordenamiento territorial se deja librado a cada jurisdicción, corremos el riesgo de que sea desordenado e incoherente”, agregó.
Según la definición consensuada a la que hace referencia –que fue acordada por la comunidad científica nacional y luego adoptada por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en el año 2016–, se entiende por humedal a un “ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo”. Los sitios Ramsar, en cambio, conforman un listado de tipos de humedales adheridos a esa convención internacional.
El abogado Javier García Espilm, que fue director nacional de Biodiversidad y Recursos Hídricos, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación durante la gestión de Sergio Bergman, coincidió en adoptar la definición de humedal consensuada para la realización del inventario, pero advirtió que hasta que el ordenamiento territorial y el inventario no estén concluidos será necesario “ser muy precavidos con las actividades que se habiliten”. Además, se refirió a la necesidad de que el presupuesto no sea solo una cuestión de “porcentajes, sino que se trata de asignar los recursos apropiadamente para aplicar la ley para fortalecer las capacidades locales y, sobre todo, para incentivar usos responsables del territorio que sean rentables y se apoyen en prácticas productivas alternativas”, como la agroecología, la apicultura y otras prácticas que hoy son fuente de ingresos de pequeños productores locales.
Aníbal Faccendini, director de la Cátedra Agua de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y del Centro Interdisciplinario de Investigaciones Aplicadas al Agua, enfatizó la idea de que los humedales son bienes comunes y que “hablar de humedales es hablar de agua”, y por eso no deberían ser considerados como mercancías. Además, dijo que para poder avanzar en una ley “efectiva y práctica” se necesitan tres instrumentos: personería jurídica, ley de presupuestos mínimos y jurisdicción conjunta sobre los humedales. “Tenemos que tener un Estado, a nivel federal y provincial, con perspectiva ambiental”, destacó.
Ganadería de isla
Como su nombre lo indica, un humedal es un lugar en el que hay humedad; esto quiere decir que por momentos puede estar inundado, pero a veces también seco, o ser una especie de barro. Los hay de agua dulce o de río (vinculados a las cuencas), y también de agua salada o de mar; se pueden encontrar en la llanura, en la montaña y hasta en la puna (como las denominadas zonas periglaciares, que también son un tipo de humedal).
Los del Delta del Paraná tiene una complejidad propia dada por la heterogeneidad de sus geoformas y los pulsos del río, que alternan períodos de inundación y de sequía. “Es una región con un origen interesante, porque hace 4500 años fue un gran golfo marino. Cuando el mar se fue retirando, fue dejando geoformas que son típicas marinas, como la presencia de dunas, y cuando el mar se fue avanzó el rio, que también trabajó sobre toda la región”, explica Quintana.
En estos humedales, la producción ganadera es una actividad sumamente extendida y tradicional que data de los principios de la colonización. A fines del siglo XVI, Hernandarias introdujo los primeros 300 ejemplares de bovinos, y hay registros de traslado de ganado entre las islas y la zona continental que datan del siglo XVIII. “La ganadería tradicional del Delta, que se llamaba de isla y todavía se practica en algunas zonas, consiste en introducir las vacas en una época de aguas bajas para dejarlas dejas pastorear y, cuando llega la época de inundación, se retiran”, recuerda Quintana y advierte que eso cambio “drásticamente” en los años noventa, con el auge de la soja en la región pampeana, que provocó desplazamiento de la ganadería a zonas marginales para agricultura. “Una de las zonas que se llenó de vacas fue el Delta, que pasó de tener 160.000 cabezas en 1997 a casi dos millones en el año 2007. Ahora son menos, pero muchas más que en esa época”, apunta el especialista, que también es presidente de la Fundación Humedales Argentina.
“Los humedales son buenos lugares para hacer ganadería pero el problema es que se trató de importar un sistema de otro lugar al Delta y a los humedales en general, cuando cada zona debería tener una explotación productiva de acuerdo con sus características”, explica Quintana, y advierte que los sistemas intensivos y de mayor envergadura en infraestructura son más costosos y no puede implementarlo cualquier tipo de productor. “En general, los productores ganaderos del Delta dicen que si tuvieran dinero harían diques, porque tienen esta idea, pero hay que demostrarles que podrían tener un sistema mucho más amigable con el ambiente y que también les permitiría obtener mayores ingresos con una producción que no sea de subsistencia”, afirma.
Pero la ganadería no es la única actividad productiva del Delta. Allí también se desarrollan otras actividades igualmente importantes como la forestal, la apicultura y la pesca comercial y artesanal, a las que se suman el turismo y las actividades recreativas y deportivas, sin dejar de lado muchas actividades de subsistencia. “Hay comunidades y pobladores locales que están dentro del Delta, que hoy deben estar sufriendo por los incendios. Hoy escuché que se estaban quemando colmenas, que son de pequeños productores, y que a un productor apícola se le quemen las colmenas es como dejarlo en la calle”, se lamenta Quintana.
Todas estas dinámicas e intereses se entrecruzan en buena parte de los humedales del país e impactan en el debate y la implementación de una ley que regule las actividades y la preservación de estos ecosistemas. “La política de la conservación no entra en contradicción con la productiva, solo con aquellas que no se hacen en el marco de la sustentabilidad”, consideró Monkes durante el debate, y cuestionó: “La ley debería buscar conservar algunas áreas sensibles, pero sobre todo planificar la producción en base a las funciones ecosistémicas, así como a las prácticas culturales y productivas de cada zona. ¿De qué nos sirve tener una ley perfecta, si no vamos a contar con el apoyo de los actores del territorio para que se cumpla?”.